Gastos improcedentes relacionados con la realización de eventos; falta de segregación de funciones en la confección de las conciliaciones bancarias; gastos no acreditados; cheques protestados y deudas eventualmente prescritas por $ 4.524.658.020 son algunas de las observaciones realizadas por Contraloría en una investigación desarrollada en la Municipalidad de Antofagasta.

Según detalla el Informe Final N° 14/202, del 24 de febrero, se trató de una auditoría al cumplimiento de la normativa contable, legal y reglamentaria que regula el proceso de ejecución y control presupuestario, además de un análisis financiero del municipio, entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2019, es decir, durante la administración de la exalcaldesa Karen Rojo.

Además se efectuó un examen de cuentas a gastos imputados en el subtítulo 22, "Bienes y Servicios de Consumo", ejecutados en el mismo periodo.

Los gastos improcedentes están relacionados con desembolsos efectuados para la realización de eventos por la suma de $ 66.829.714 y un aviso de defunción imputado en la cuenta contable por $452.379, los cuales "no se enmarcaron en una función municipal".

La investigación también detectó diferencias entre los saldos contables utilizados en la conciliación bancaria y lo consignado en el balance de comprobación y saldos, por lo que según indica el informe, el municipio deberá determinar la naturaleza de las diferencias expuestas y proponer los ajustes en los procedimientos conciliatorios que procedan para regularizarlos.

De igual forma, el órgano fiscalizador detectó cheques protestados del periodo 1997-2019 por la suma de $63.780.970 como partida de la conciliación bancaria de la cuenta corriente municipal, lo que también deberá ser regularizado.

Pero uno de los puntos que más llama la atención es que se observaron deudas eventualmente prescritas por $4.524.658.020, en las cuales la municipalidad no había efectuado las acciones de cobro correspondientes, "lo que podría generar un detrimento patrimonial para la entidad comunal", advierte el informe.

Respecto de éstas, el documento detalla que se trata de un total de 17 deudas superiores a 5 años, las cuales van desde el año 1998 al 2014.

Respecto a las situaciones mencionadas en los párrafos precedentes, Contraloría indica que la autoridad comunal "deberá ordenar la instrucción un procedimiento disciplinario destinado a investigar eventuales responsabilidades administrativas del personal involucrado en los hechos allí descritos, debiendo remitir en un plazo de 15 días hábiles, contados desde la recepción del presente informe final, copia del acto administrativo".

Reacciones

El concejal Luis Aguilera (RN) aseguró que en más de una ocasión le ha señalado a las nuevas autoridades edilicias la falta de protocolos y control de gestión que existe en el municipio, que es uno de los que tiene más recursos en el país.

"Para mí es gravísimo que no hayan generado acciones por el cobro de más de $4.500 millones. Esos recursos le pertenecen a toda nuestra comuna y como concejal exigiré al alcalde Wilson Díaz buscar las responsabilidades y sancionar a quien o quienes corresponda", indicó.

El concejal Camilo Kong (Indep.) comentó que el año pasado ya había trascendido que existían deudas hacia el municipio no cobradas, pero pese a haber solicitado información, no la recibió.

"Hay que intentar establecer las responsabilidades correspondientes. Por otro lado, si se pueden recuperar algunos dineros, hay que tratar de hacerlo, porque a la municipalidad cuando le toca ser deudora y debe responder con sus compromisos, lo hace. Entonces creo que lo mismo debiera ser desde el otro lado y también debiésemos exigir que esos recursos se paguen", indicó.

Desde la municipalidad, el director de Asesoría Jurídica, Christian Arenas, indicó que tras las observaciones, el alcalde Wilson Díaz ordenó a las direcciones pertinentes instruir sumarios administrativos, para determinar eventuales incumplimientos de las normas e iniciar procesos sancionatorios, si así corresponde.

Además, se instruyó que a la brevedad se subsanen todas las observaciones pertinentes. El municipio tiene un plazo de 30 a 60 días para dar respuesta al órgano contralor.

Observaciones

También se constataron gastos no acreditados por un total de $34.491.606, correspondientes a 11 decretos de pago, los cuales no adjuntaban la totalidad de la documentación de respaldo.

También se advirtió que en la elaboración del presupuesto de los años 2017, 2018 y 2019, como sus posteriores modificaciones, "no se ajustaron a los ingresos y gastos efectivamente devengados y ejecutados por el municipio".

Además se evidenciaron falencias en la información de los ingresos, pues la municipalidad no cuenta con antecedentes que permitan corroborar los saldos registrados en la cuenta presupuestaria 115-12-10.

Un llamado de atención efectuó la Contraloría Regional, al alcalde de Calama, Daniel Agusto, por considerar que en redes sociales como Facebook y Twitter, se utiliza el nombre del edil en forma reiterativa e injustificada, llamando a corregir esta situación en todo el sistema de comunicaciones del consistorio loíno.

"Es preciso indicar que de la revisión efectuada a las publicaciones realizadas por la entidad municipal a través de las redes sociales (...) se constató que en dichos espacios se alude de forma reiterada e injustificada al alcalde de la comuna, por cuanto en la generalidad de los anuncios o saludos se consigna que gracias a la gestión del Alcalde, don Daniel Agusto Pérez, se realizaron dichas actividades o hechos ocurridos en la comuna", dijo el ente de control.

Se agrega que las acciones llevadas a cabo por la municipalidad, "no requieren en caso alguno que sean atribuidas a la autoridad edilicia, ya que la misma finalidad de comunicación se habría conseguido, sin necesidad de realzar su imagen, ya que no es esa autoridad la que las ejecuta, sino que el organismo comunal".

Consultado sobe este en particular, el alcalde Daniel Agusto dijo que Contraloría en su sugerencia alude a un tema de énfasis.