Las algas marinas son las responsables de producir el 50 % del oxígeno que respiramos. De hecho, según el Centro de Investigación Dinámica de Ecosistemas Marinos de Altas Latitudes (IDEAL), las algas producen mucho más oxígeno que los bosques en la tierra. Además, absorben grandes cantidades de dióxido de carbono por lo que su conservación es importante para mitigar el cambio climático. Pero no solo eso, sino que funcionan como barreras naturales contra marejadas y tsunamis, y son imprescindibles para resguardar la biodiversidad de los océanos, considerando que, al igual que los arrecifes de coral, son el hogar de cientos de especies marinas.

Algunas de estas algas, principalmente el huiro negro (Lessonia berteorana) y el huiro palo (Lessonia trabeculata), son especies de gran importancia comercial para Chile. De ellas se extrae un carbohidrato llamado alginato que es utilizado en una gran cantidad de productos de la industria alimentaria como: postres, helados, lácteos, salsas y condimentos. Pero también es aprovechado por la industria textil, farmacéutica y la dental para la fabricación, por ejemplo, de cremas y pasta de dientes.

Hasta el año 2000, todas estas algas eran recogidas en la playa por pescadores recolectores cuando, tras una marejada, el mar las arrancaba del fondo y las dejaba varadas en la orilla. A partir de ese año, sin embargo, la expansión de la industria de alginato aumentó la demanda de algas, las que comenzaron a ser también extraídas de manera dirigida para luego ser exportadas principalmente al mercado asiático donde se encuentran las plantas productoras de alginato.

En ese negocio que mueve cientos de miles de toneladas de algas al año -en la última década los niveles de explotación se aproximaron a las 450 mil toneladas secas anuales generando casi US$ 25 millones- la extracción y comercialización ilegal de este recurso tiene preocupados a científicos y autoridades. Entre 2017 y 2019, según datos del Servicio Nacional de Pesca (Sernapesca), se decomisaron anualmente un promedio de 389 toneladas de algas. Pero en 2020 la cifra se disparó a casi 528 toneladas, de las cuales 500 son huiro negro y huiro palo.

Según Pablo Ortiz, subdirector de pesquerías de Sernapesca, el organismo en Chile encargado de fiscalizar las actividades pesqueras, cuando se habla de pesca ilegal en el caso de las algas, "nos referimos principalmente a tres conductas: la extracción o recolección por parte de sujetos no autorizados, la extracción mediante la técnica de barreteo (arrancar las algas con una barra o chuzo desde su base adherida a la roca) en lugares donde se encuentra prohibido y el incumplimiento de las vedas extractivas que se establecen para estas pesquerías".

Los actores que participan en el negocio de las algas son distintos. Están los pescadores y recolectores de orilla que extraen y recogen el recurso del mar y de la playa. Luego, intervienen los dueños de camiones que trasladan el alga hasta pequeñas plantas picadoras que hacen una primera molienda del alga para venderla -seca y picada - a las plantas más grandes que terminan de refinarla para luego exportarla. "A las plantas más grandes no le conviene comprar material recién sacado porque lo que terminan comprando es pura agua", explica el científico Julio Vásquez, experto en algas pardas, profesor del Departamento de Biología Marina de la Universidad Católica del Norte.

En esa cadena productiva, todos los actores deben declarar ante el Sernapesca dónde obtuvieron las algas. Así, por ejemplo, el pescador debe indicar de dónde extrajo el recurso, la cantidad y la especie. El comerciante, a su vez, debe declarar a quién le compró las algas y de igual manera deben hacerlo las plantas. De esa manera es posible saber cuál fue la ruta que recorrió el alga, desde el momento en que fue extraída hasta que es exportada. Es lo que se conoce como trazabilidad y permite asegurar que el recurso sea comercializado de manera legal.

El problema es que en todos los eslabones de esta cadena existen diversas irregularidades que permiten que cientos de toneladas de estas algas sean comercializadas de manera ilegal, poniendo en peligro estos importantes ecosistemas.

Ortiz asegura que, para combatir este delito, Sernapesca "integró la pesquería de algas pardas al Programa Especial de Combate de Pesca Ilegal, donde se priorizan recursos críticos por su importancia económica y su estado de explotación. Esto se traduce en mayor número de fiscalizaciones a lo largo de toda la cadena productiva (en playa, plantas de proceso, controles carreteros, etc.) y en una coordinación permanente con otros organismos fiscalizadores".

El biólogo marino Javier Rivera, experto en algas y uno de los primeros profesionales en dedicarse a la administración de esta pesquería, asegura que el aumento en los decomisos de algas "se debe a que el mismo Sernapesca ha perfeccionado su estrategia de fiscalización". Según Ortiz, dicha estrategia consiste en aplicar un modelo para detectar conductas de riesgo a lo largo de toda la cadena de valor, desde la extracción hasta la exportación. El resultado, asegura el funcionario, es que en algunas regiones o sectores el esfuerzo de fiscalización se ha concentrado en las plantas de proceso.

De hecho, según los datos entregados por Sernapesca, las

Distintos son los actores que participan en el negocio de las algas y en todos los eslabones de esa cadena productiva se cometen irregularidades que permiten la comercialización ilegal de algas.

Expertos señalan que fiscalizar las faenas de pesca es difícil y poco eficiente por lo que los esfuerzos deben concentrarse en las grandes empresas.

Según datos del Servicio Nacional de Pesca, las plantas elaboradoras concentraron el 69 % de los decomisos de algas en 2020 y la empresa donde se decomisó la mayor cantidad, 112 toneladas, fue la antofagastina Productora de Algas Marinas LTDA. (Prodalmar), premiada en 2009 en la categoría de empresa exportadora por Prochile.

Las empresas involucradas