Agencias

La senadora por la Región del Biobío y expresidenta de la UDI Jacqueline van Rysselberghe se refirió ayer a los últimos hechos de violencia ocurridos en la macrozona sur, junto a la negativa de la líder de la Cámara Alta, Adriana Muñoz (PPD), a declarar Estado de Sitio en el lugar, lo que se sumó a las posición del Presidente Sebastián Piñera de descartar la medida por ahora: "El Congreso no se puede mantener pasivo ni ajeno a esta gravísima situación, (...) debe entregar una potente señal política de respaldo para que el Estado disponga del legítimo uso de la fuerza".

"Se acabó el tiempo de las declaraciones condenando este tipo de hechos o de quienes guardan un estratégico silencio frente a lo que está ocurriendo en esta parte del país. Llegó el momento de que todos los que tenemos responsabilidades políticas actuemos en consecuencia y defendamos a los chilenos que a diario están siendo asesinados, amenazados y vulnerados en sus derechos fundamentales por estos grupos que sólo buscan provocar daño", señaló Van Rysselberghe.

"En una sociedad democrática no es admisible la violencia", agregó la legisladora oficialista, razón por la que, a su juicio, "cabe utilizar todas las herramientas y recursos de las que dispone el ordenamiento jurídico para enfrentar a quienes promueven y comenten acciones violentas, especialmente aquellas de carácter terrorista, como está ocurriendo en la macrozona sur del país", es decir, las regiones del Biobío, La Araucanía y Los Ríos.

"El Congreso no se puede mantener pasivo ni ajeno a esta gravísima situación que ya se arrastra por mucho tiempo, y que se debe entregar una potente señal política de respaldo para que el Estado disponga del legítimo uso de la fuerza, que permita terminar con los grupos terroristas en esa parte del territorio nacional", continuó Van Rysselberghe, "y a algunos sectores, como la extrema izquierda, parece no importarles, prefieren mirar para el lado".

"Aplicar el Estado de Sitio significaría dar una señal clara a esos grupos terroristas de que se utilizarán todos los recursos del Estado para desarticularlos, y terminar con el prolongado cautiverio bajo amenaza en el que mantienen a los chilenos de la macrozona sur", concluyó la senadora.

Diálogo

Frente a esto, el diputado RD por la Región Metropolitana, Miguel Crispi, dijo a radio Cooperativa que "la única salida es una salida política, un diálogo no performático. Este mismo Gobierno ya anunció un Plan Araucanía: era totalmente insuficiente, tenía un carácter más económico que político y que fracasó rápidamente".

"Una respuesta orientada al uso de la fuerza creo que no va a resolver el problema. En el fondo aquí hay una disputa por autonomía territorial. (...) En Canadá, Nueva Zelanda, los pueblos indígenas tienen ciertos espacios y autonomía territorial", sostuvo el legislador.

Carabineros, en tanto, reportó la quema de 4 maquinarias durante la madrugada de ayer, en Malleco, junto con la detención de 2 personas por porte de arma, municiones y dinero en efectivo.

Estos ataques ocurrieron 6 días después de que el Presidente Sebastián Piñera anunciara que buscará un "acuerdo nacional", que permitirá enfrentar los ataques en la Macrozona Sur. El Mandatario informó que pondrán "máxima urgencia" a una Ley Antiterrorista "más eficaz". Esto, luego de reunirse con los ministros del Interior, Defensa y jefes de las fuerzas Armadas y de Orden Público. A raíz de esta reunión y de la "ola" de ataques que se está registrando en La Araucanía, el jefe de la cartera del Interior, Rodrigo Delgado, visitó la Macrozona Sur con el fin de dar inicio al plan anunciado por el Presidente Piñera.

Su "mayor voluntad" de colaborar para el "retorno seguro" a las clases presenciales manifestaron el rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, y su homólogo de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez.

"Hasta ahora, lo que es motivo de consenso a nivel nacional y global -como lo expresan informes recientes de Unicef, Unesco y OCDE- es el impacto negativo de la suspensión de clases presenciales, que en ciertos grupos sociales llega a ser devastador", manifestaron en una carta publicada en El Mercurio, titulada "El necesario retorno a clases de los estudiantes".

Junto con reconocer el "esfuerzo" de los docentes, enfatizaron que "la pandemia actuó sobre una sociedad con profunda desigualdad, importantes brechas educativas e insuficientes soportes del Estado".

Tal situación, según el diagnóstico, afectó "el desarrollo cognitivo, social y emocional" de niños y adolescentes, y provocó "repercusiones difíciles de cuantificar" en el plano familiar, en particular en el trabajo femenino.

Vivaldi y Sánchez recordaron también que es "una prioridad para el país" restablecer el "funcionamiento pleno del sistema educativo".

Los rectores alabaron la adopción de herramientas tecnológicas que permitieron las clases remotas: "La superación de la pandemia nos permitirá implementar transformaciones e innovación con miras a una educación de futuro".

Para las autoridades universitarias, "el desafío es ahora poder analizar en conjunto todos los aspectos involucrados en esta tarea, incorporando a los diferentes actores para que puedan expresar sus temores, inquietudes y requerimientos en el proceso de retorno".

Al respecto, afirmaron la importancia de escuchar la opinión de los apoderados, los trabajadores de la educación y los estudiantes.

Según los rectores, "a través de un trabajo en equipo, permanente y de largo plazo, podremos avanzar para lograr el ansiado retorno educacional. La pandemia nos ha demostrado la importancia de la ciencia, el conocimiento y el trabajo conjunto e integrado de la academia al servicio del país".

La presencialidad, finalizaron, es una condición que irá "en beneficio del desarrollo del país y de sus habitantes".