Hace unos días se conoció un nuevo robo de equipos de la red de alerta temprana de tsunami instalada en la región. En esta ocasión desconocidos se llevaron equipos desde una de las estaciones de Antofagasta, afectando temporalmente las capacidades de este sistema.

No se trata de la primera vez que esto sucede, de hecho en los últimos tres años se han registrado al menos once robos similares en estaciones de Mejillones, Tocopilla, Taltal y Antofagasta.

Paneles solares y baterías son los principales blancos de los delincuentes, que parecen conocer muy bien las vulnerabilidades de las instalaciones.

Pero no es el único ejemplo del accionar de ladrones o vándalos contra infraestructura importante en la región. Los caminos y carreteras de la zona la sufren constante destrucción y el robo de distintos elementos, como letreros y demarcaciones, en magnitudes que poco se conocen.

El Ministerio de Obras Públicas (Mop) a través de la Dirección Regional de Vialidad, anualmente destina una inversión aproximada de $1.000 millones en reparar o reemplazar señalizaciones verticales y barreras en las rutas interurbanas no concesionadas de la región.

Estos recursos están distribuidos en diez contratos globales que tienen por objetivo mantener el estándar vial de las carreteras, precisamente frente a contingencias como robos, vandalismo y, por supuesto, también accidentes.

Cabe hacer presente que la destrucción, robo o vandalismo que sufren constantemente elementos como la red de alerta de tsunami, las demarcaciones viales o los semáforos -que como sabemos han sido afectados a extremos nunca vistos en las protestas- son un atentado doloso a la seguridad de todos.

Cuesta entender que personas seguramente avecindadas en la región, se empeñen en inutilizar este tipo de bienes, cuyo valor económico es apenas una fracción del valor que tienen para la comunidad.

La irracionalidad y la irresponsabilidad de estos actos debe ser condenada con firmeza, por los costos que involucra, pero fundamentalmente por la inseguridad que acarrea para todos nosotros.

Hace una década se promulgó la Ley 20.500 sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública. Se trata de una normativa que ha resultado decisiva en el fortalecimiento de la democracia en Chile y en el desarrollo de una institucionalidad que dé respuesta a la mayor demanda ciudadana por ser protagonista en los procesos de definición y toma de decisión de las políticas públicas que impactan en la calidad de vida y las expectativas de las personas y comunidades.

En el país existe un creciente interés de los chilenos y chilenas por tener mayor injerencia en los asuntos públicos y la promoción de liderazgos locales, que se vinculen de manera directa y transversal con el Estado, sus autoridades y con el resto de las organizaciones de la sociedad civil.

En este sentido, la Ley 20.500 apuntó precisamente a abordar esas demandas. Por un lado, impulsando la asociación entre las personas, estableciendo el marco legal, sus límites y el rol del Estado en el apoyo a la asociatividad, con el propósito de facilitar la asociatividad a los ciudadanos, robusteciendo así el tejido social.

Y por otro, la Participación Ciudadana en la Gestión Pública, donde el Estado reconoce a las personas el derecho a participar en sus políticas, planes, programas y acciones, para lo cual, los órganos de la Administración deben establecer los mecanismos de participación que tienen las personas y organizaciones sociales en el ámbito de su competencia.

Desde la División de Organizaciones Sociales estamos enfocados en liderar, robustecer y acompañar este proceso, desplegando una serie de programas, medidas y acciones destinadas a lograr una mayor y mejor participación de la sociedad civil. En pandemia, el rol de los dirigentes y organizaciones sociales ha sido fundamental para enfrentar este enorme desafío de combatir el Covid-19, de manera inclusiva, solidaria y colaborativa.

Los esfuerzos deben seguir en esa dirección, ya que la confianza entre los ciudadanos y las instituciones son un pilar fundamental para configurar espacios de participación que encaminen a Chile a la construcción de una sociedad más integrada, próspera y con un alto compromiso de todos los ciudadanos en el desarrollo del país que anhelamos.

Sin duda los niños y adolescentes que poseen necesidades educativas especiales o alguna discapacidad se han visto afectados por el confinamiento. Expertos aseguran que muchos de ellos podrían presentar exacerbación de sus síntomas tales como: mayor vulnerabilidad a los efectos psicológicos negativos de la pandemia y encierro, mayores problemas de conducta y pérdida de los aprendizajes previamente adquiridos.

Es importante conocer los síntomas que pueden presentar estas personas en el contexto que estamos viviendo. En el caso de niños y jóvenes en condición de Trastorno del Espectro Autista (TEA) se pueden exteriorizar episodios de ansiedad, y la situación de aislamiento les puede resultar difícil de asimilar, incrementando las estereotipias (movimientos extraños); igualmente sus padres podrían evidenciar mayor estrés y susceptibilidad que el de los de niños con otras condiciones.

Las personas con discapacidad intelectual (DI) tienen un riesgo significativo de infección de COVID19 debido a su mayor prevalencia de enfermedades previas, hábitos personales y exposición constante a otras personas por el grado de apoyo que requieren. Aunque el impacto del confinamiento podría resultar todavía incierto, es un hecho que en las familias se manifiesta un incremento en el malestar, conductas problemáticas y ansiedad.

Estos niños y adolescentes están entre los más vulnerables dada su necesidad de atención clínica y educativa de alto nivel en servicios especializados, algunos de ellos pueden requerir contención física o farmacológica en caso de que se presente agitación durante el confinamiento.

Por su parte, las personas con trastornos de ansiedad pueden sufrir grandes dificultades para adaptarse a los cambios actuales. La preocupación puede continuar aún después de terminar la cuarentena y algunos niños podrían mostrar ansiedad por separación puesto que podrían sentirse más apegados a sus cuidadores durante la pandemia y muy posiblemente presentarán dificultad para volver al colegio.

En este escenario, es importante que todos como sociedad aumentemos nuestra tolerancia, respeto y comprensión hacia las personas en situación de discapacidad y sus familias, acrecentando los apoyos técnicos y educativos, principalmente, al momento de retornar a clases presenciales, siendo necesario incorporar a los contenidos curriculares instancias de escucha y contención que permitan comunicarse al ritmo de las necesidades que cada uno requiera, pues sin lugar a dudas existirá mucha necesidad de amor y acompañamiento.