Los resultados de la última Prueba de Transición (PDT) mostraron nuevamente que la educación municipal no está logrando preparar a los jóvenes para superar el escollo de las pruebas estandarizadas de admisión a la educación superior.

Sea PAA, PSU o PDT, el problema parece el mismo.

La semana pasada, se conocieron los resultados de PDT en la comuna de Antofagasta, los cuales sirven como ejemplo para el análisis, pues no difieren mucho en el resto de la región, o el país.

Según los datos de la Cmds, de una muestra de 1.084 alumnos que autorizaron conocer sus resultados este año, sólo el 20,8%, es decir, uno de cada cinco postulantes, obtuvo puntajes sobre los 500 puntos, con un promedio de 435 puntos para el sistema.

El año 2019, los alumnos sobre ese puntaje fueron el 20,4%, o sea, casi la misma proporción.

En el detalle, en Antofagasta hubo un estudiante del sistema público con puntaje sobre 700 puntos y 19 sobre 600.

En Calama debe recalcarse que un estudiante que logró puntaje nacional en Matemáticas, del liceo Luis Cruz Martínez.

Parece evidente que las brechas de acceso de los estudiantes de la educación pública a la superior subyacen al tipo de prueba, y tienen que ver más bien con las diferencias de base que persisten, y que incluso pudieron verse acentuadas por la pandemia.

Alumnos que provienen de familias vulnerables, que habitan en entornos de riesgo o poco estimulantes y asisten a escuelas con mala infraestructura, destecnoligizadas, con un alto nivel de pérdida de clases y con docentes mal preparados, tendrá siempre menos chances que uno que proviene del mundo particular o particular subvencionado.

Es verdad que los programas propedéuticos, el PACE y otros mecanismos han avanzado en la igualar hasta cierto punto la cancha, pero son insuficientes.

Mientras el acceso a educación superior dependa de un prueba estandarizada, habrá que pensar en políticas que pongan foco verdaderamente en la calidad de la enseñanza pública, de lo contrario, las brechas seguirán existiendo y los cambios de prueba sólo serán calmantes para este dolor nacional.

En un contexto de optimismo mundial por el proceso de vacunación global, se ha iniciado un nuevo súper ciclo del cobre (SCC), provocado por el gran aumento de su demanda, debido al crecimiento económico de China y las políticas globales medio ambientales, que tienen como objetivo disminuir las emisiones de CO2, promoviendo el uso de energías limpias y el desarrollo de la industria de la electro movilidad y la aceleración de las tecnologías de la información.

En el periodo post SCC, después año 2012, las mineras congelan las inversiones y bajan sus costos cambiando los sistemas de turnos, posibilitando trabajar en la región y vivir fuera de ella, además incorporan la automatización, ocupando cada vez menos mano de obra, provocando la paradoja: "La región que concentra la mayor actividad minera del mundo y de más alta rentabilidad, lidera la cesantía del país". Se agrega la escasez de agua natural en la Región, que pone freno al desarrollo minero.

Lo positivo de este periodo, es la política del Estado de Chile, que entrega las mejores condiciones de inversión para el desarrollo de las energías renovables, especialmente la solar en el desierto de Atacama, donde existe la mayor radiación del mundo. Este nuevo factor, marcará la gran diferencia con el SCC anterior, incentivando a las mineras a reemplazar la energía de las termoeléctricas a carbón, por esta energía limpia, económica y eterna, que nos permite también producir agua a través de desaladoras y lograr las condiciones para dar "el salto quántico, de una economía extractiva a una industrial", con minería verde, producción de metales y satisfacer a través de la Plataforma Logística Multimodal B400, la gran demanda de maquinaria minera de Chile, Perú y el Noroeste Argentino, el desarrollo de la industria de aparatos de energía renovable y de la electro movilidad, convirtiéndose también en la "carga de retorno para los países vecinos", activará el Corredor Bioceánico y la factibilidad de una Plataforma Logística Multimodal (aérea, ferroviaria y viaria) en Calama, ciudad donde convergen los pasos fronterizos y equidistan los puertos de Mejillones, Antofagasta e Iquique y otras importantes condiciones, como la sequedad del clima, la energía barata y limpia, los tratados de libre comercio que tiene Chile y no tienen los países vecinos… Desarrollando productos chilenos con insumo de estos países

¿Y el agua? La Compañía Regional de Aguas Marítimas, está solicitando al MOP una concesión de servicios sanitarios para Antofagasta y Calama, que incluyen en sus territorios operacionales las dos futuras Plataformas Logísticas Multimodales de la Región, con una planta desaladora y una inversión de 5 mil millones de dólares. ¡Tendremos sustentabilidad!

La transformación digital que se ha evidenciado desde el estallido social y la pandemia ha tenido una derivada nada agradable. Según lo informado por la firma Karpesky, durante el 2020 los ciberataques aumentaron un 450% en Latam y, de acuerdo con lo informado por Fortinet, sólo en Chile se registraron más de 525 millones de intentos de ciberataque durante el primer semestre de 2020. Y este 2021 el escenario podría ser similar.

Los datos son poder y éstos pueden usarse para bien o para hacer daño. El año 2005 se creó la ISO 27001, norma internacional emitida por la Organización Internacional de Normalización (ISO) y que describe cómo gestionar la seguridad de la información en una empresa. La transformación digital reforzó la necesidad de encontrar los mecanismos adecuados para proteger los datos.

Para Fastco Group este es un aspecto fundamental y por lo mismo desde el 2015 contamos con dicha certificación, ya que tenemos la responsabilidad no sólo de proteger la información de nuestros clientes, sino también un fuerte compromiso con el resguardo de los datos de las personas en general. También entendemos que esta certificación debe ir acompañada con la capacitación y concientización de nuestros colaboradores, por lo que ambos esfuerzos lo hacemos de la mano.

Si bien la normativa nacional sugiere adherir a la certificación, lamentablemente ésta no es obligatoria. En temas de ciberseguridad a Chile le resta un camino muy largo por recorrer. En el Congreso descansan proyectos de ley sobre esta materia - Ley de Protección de Datos Personales, de Delitos Informáticos y de Ciberseguridad, y de Infraestructura Crítica - pero la falta de consenso y asignación de prioridades entre los involucrados, junto con la pandemia, han retrasado sus promulgaciones. Es urgente que la ley acompañe el esfuerzo que muchas empresas del ámbito privado ya hacen en materia de seguridad de la información.

Dada la contingencia del último año y su implicancia en el teletrabajo, sumado a la tendencia del aumento de los ciberataques, es que muchas empresas han tenido que invertir aún más en robustecer su infraestructura tecnológica en pro de asegurar la continuidad operacional del negocio, protegiendo así la seguridad de la información.

Actualmente el comercio electrónico sabe muchísimo del consumidor (nombre, hábitos, días de compra, medios de pago, nivel de deuda, etc.). Todo se maneja en línea y por eso urge contar con un marco regulatorio nacional robusto, para que esa seguridad que disfrutan los clientes del ámbito privado, se extienda a todos los chilenos por igual.

Entendiendo la difícil realidad por la que atraviesa el país, la seguridad de la información y protección de datos debe ser una prioridad para el legislador este año, para comenzar a cerrar la larga discusión de la ley respectiva a través de un trámite expedito, con asesoría de expertos y la inclusión de la industria. El impulso de la transformación digital en este ámbito es fundamental y ayudará a que la población cuente con más y mejores herramientas de resguardo, así como elevar los estándares de buenas prácticas de las empresas del sector.