Correo
Diputada
La Presidenta de RD, diputada Catalina Pérez, expresó que, dados los hechos de Panguipulli (es de suponer criticando al carabinero por no huir), es imposible no quemarlo todo , pero no precisó donde tenía sus bienes para dar la partida. Por otra parte, los contribuyentes estamos "quemando" unos 20 millones de pesos al mes pagando a esa diputada y a sus 9 asesores.
La Ministra de Desarrollo Social declaró , supuestamente a raíz del comentado caso Panguipulli : "Hay que refundar Carabineros" . La diputada Pérez no lo habría hecho mejor.
José Luis Hernández Vidal
Colegio médico
El presidente del Colegio Médico de Valparaíso ha criticado la decisión de permitir el desplazamiento de vacacionistas desde y hacia esa región - sostiene que ello genera un aumento de movilidad que tiene directa relación con el aumento de casos activos de contagio por coronavirus.
Quien critica puede equivocarse, pero los números no, por lo que es difícil dar otra interpretación a la relación movilidad/contagio, más aún si miramos la realidad propia. La cantidad de personas que por razones laborales, rutinariamente entra y sale de nuestra región en aviones y autobuses, resulta sospechosamente coherente con el elevado número de contagiados por covid.
A lo anterior se agrega que acá, sólo el 2% de la población vive en los 125.000 Km² del territorio rural y el resto, unas 350.000 personas, nos apiñamos en ciudades, poblados y campamentos mineros. La conducta social irresponsable colabora, pero no sería la causa basal, cosa que a estas alturas sería insuperable si no contáramos con las vacunas.
Juan Enrique Pimentel Bunting
Estado de derecho
Impotencia debiera ser la palabra predominante en el sentir de una gran mayoría de nuestra nación. Comprobar con espanto cómo ha escalado la destrucción del orden institucional, el derecho sagrado de libertades como democracia, orden social y derechos inalienables de la ciudadanía, sin que existan asomos de actitudes firmes de parte del Estado, tribunales de justicia y de la misma sociedad, incluido los medios de comunicación, que con una complacencia imperdonable, bajo el pretexto de un estallido social, hasta encuentran natural que una diputada llame a incendiar el país entero.
Como simple ciudadano, llamo al gobierno a no seguir con su conducta timorata, primero reconocer que el Estado de Derecho ha sido sobrepasado y que mientras las fuerzas de imponer el orden no sea recuperado, el país marchara hacía el caos total,
Sergio Petricio Perlik
Prueba
Recién se han dado a conocer los resultados de la prueba de transición para el ingreso a las universidades. Yo aplicaría esta misma prueba a los actuales parlamentarios, ministros y otros cargos honorarios. Capaz tengan que repetir el preuniversitario varias veces. Es mi democrática opinión.
Julián Requena Sepúlveda
Incoherencias
Quisiera hacer latente mi preocupación por la incoherencia en el manejo de la crisis migratoria, yuxtapuesta a la sanitaria, de parte del Gobierno.
El miércoles 10 de febrero se dio a conocer la resolución del Ministerio de Salud, actuar reactivo ante el reportaje peruano que alentaba a realizar turismo-vacuna a nuestro país, limitando el alcance del proceso de vacunación.
Durante el mediodía del mismo miércoles, nuestro canciller señalaba tajantemente la exclusión de inmigrantes en situación irregular del proceso de vacunación.
En la mañana del jueves 11, el jefe del Departamento de Extranjería, Álvaro Bellolio, expresaba lo siguiente: "los migrantes que están de forma irregular en Chile son Fonasa A, por lo tanto ellos tienen acceso a la vacunación". Además, en una postura ecléctica, limitaba la vacuna sólo a los inmigrantes irregulares que ya están en territorio chileno. No para los venideros.
En el reporte diario del mismo día, el ministro Paris generaba aún más contradicción al no limitar de forma alguna la inoculación para inmigrantes irregulares.
Lo cierto es que la resolución en comento, Nº 1138 de 2020, efectivamente excluye a los migrantes en situación irregular del proceso de vacunación, al no estar comprendidos en el considerando número 12. Esto es lo más llamativo, toda vez que la misma resolución se fundamenta en la dignidad e igualdad que la Constitución reconoce y protege.
¿A quién le creemos?
Sin duda alguna la respuesta afectará enormemente a nuestra región.
Ignacio Arévalo González