Pareciera ser transversal que el proceso constituyente se ha tomado por completo la agenda de lo que queda del 2020 y, por supuesto, del 2021. Esto podría tener varias explicaciones, pensando que los análisis políticos siempre son 'multi-vectoriales', es decir, conllevan una serie de factores y miradas que justificarían los comportamientos en la toma de decisiones. El acuerdo político del año pasado buscó la consolidación de la paz social luego del estallido, y abrió la puerta al debate sobre las profundas transformaciones que requiere el país, vía cambiar la actual constitución. La amenaza de una segunda crisis social post-acuerdo y la pandemia del Covid 19 han puesto en el tapete, de manera más visible, las tremendas inequidades que existen en el país y cómo debieran ser recogidas por la máxima normativa nacional.

Hasta el momento, las conversaciones constituyentes han estado centradas en el cambio del modelo económico, el sistema de Estado y gobierno, la conformación de la convención con escaños reservados y presencia de independientes, y el sueño de país que queremos a partir de una nueva carga magna. Sin embargo, esta semana a raíz de que el Tribunal Constitucional (TC) acogiera el recurso presentado por el Presidente Sebastián Piñera para declarar inconstitucional el proyecto del segundo retiro de los fondos previsionales, se ha instalado la discusión sobre el rol de ciertas instituciones reguladas por la Constitución como el TC, la Corte Suprema, la Contraloría General de la República y el Banco Central, entre otras. En este sentido, el académico de la Universidad de Chile Luis Cordero precisa que los diálogos constituyentes debieran centrarse en qué tipo de justicia constitucional tendremos con la nueva constitución, qué atribuciones tendrá este órgano y cómo serán los mecanismo de nombramientos de sus integrantes (La Tercera, 23/12/2020).

Según los abogados constitucionalistas Francisco Zúñiga y Felipe Perotti en su texto Bases y Fundamentos de una Propuesta Constitucional Progresista (2020), se debiera concebir un TC 4.0, el cual fuera más un tribunal que un órgano político. De hecho, la propuesta de la concepción progresista es acabar con el 'activismo judicial' de parte tanto del Ejecutivo como del Legislativo. El 'carácter objetivo' y no ideológico-político del TC es algo que se viene trabajando comunicacionalmente hace rato. De acuerdo a los/as mismos/as integrantes del TC, se podría publicitar el actuar del tribunal a través de un 'certificado de buena conducta' (sentencia Rol 33 de 1985), cuando sentenció al general Pinochet de que no se podía llevar a cabo el Plebiscito del SI y el NO de 1988 a la usanza del referéndum de 1980 que validó la actual constitución. De acuerdo al TC de esa época, era necesario contar con un Tribunal Calificador de Elecciones con padrón electoral, íntegro y completamente regulado, es decir, aparentemente este organismo no fue siempre funcional a la dictadura..

Las amenazas constantes del Ejecutivo a las propuestas de leyes del Congreso, en especial de la oposición nos hacen pensar que vivimos en una monocracia, en la cual la titularidad de la soberanía del Estado recae en la figura presidencial y ésta no tiene problemas en ejercerla. Es así como el diputado DC Gabriel Silber y otros parlamentarios de oposición están presentando un proyecto de ley para quitarle atribuciones al TC, y ya es una idea que se ha ido estableciendo de a poco en la agenda pública. Tanto es así, que el mismo órgano teme que desaparecerá o al menos acabará su control preventivo en la próxima constitución. Se ha planteado internamente y en reiteradas oportunidades la necesidad de reunirse con los/as constituyentes para defender la sobrevivencia de éste, pues considerando la política comparada internacional, en el mundo existen tribunales constitucionales (100) u otros organismos de similares funciones que deben dirimir sobre conflictos de poder (50). Aunque si se piensa en cambiar el tipo de gobierno y también la estructura del Parlamento, también habría que cuestionarse sobre la "vida útil" del TC. Esta discusión debiera extenderse también a otras instituciones como Carabineros o Fuerzas Armadas que todavía piensan que viven en el paraíso de un gobierno militar, y considerando la escasa fiscalización civil, ejercen una monocracia por su propia cuenta. Las autonomías constitucionales con poca accountability tarde o temprano se convierten en repúblicas corruptas.