Esta jornada serán realizados procesos de primarias en varias comunas y regiones del país, un buen ejemplo de participación democrática, tan necesaria por estos días de tanto revuelo social y político.

Como ha sido informado, lo que veremos esta jornada es lo siguiente:

Primarias para elegir el candidato a gobernador de Chile Vamos, entre Marco Antonio Díaz, Alejandra Oliden, Sacha Razmilic y Eslayne Portilla.

El mismo proceso para elegir el candidato a gobernador de la Unidad Constituyente, entre Arturo Molina, Ricardo Díaz y Valentín Volta.

La tercera primaria (exclusiva de la capital regional) es la elección del candidato a alcalde del bloque Chile Vamos, nombre que será dirimido entre Luis Aguilera, Juan Pablo Montenegro y Roberto Soto.

En nuestra región la participación ciudadana es objetivamente baja. Las personas parecen más desmovilizadas y apolíticas que en el resto de la nación, quizás producto de cierta individualidad e indiferencia con la acción política.

Y debemos asumir que esa desafección resultó en un error de proporciones, pues se deterioró el tejido social y se entregó un poder demasiado gigantesco a los administradores de la política, que olvidaron el mandato más elemental.

Por eso es fundamental la participación de las mayorías, porque esta es la forma en la que las democracias, no las sociedades violentas, solucionan sus problemas y enfrentan los desafíos. No se trata de un trámite burocrático, sino que es la expresión de la voluntad ciudadana por avanzar en paz hacia una vida mejor.

Notable desde todo punto de vista que se realicen este tipo de ejercicios y más lo es que la ciudadanía responda con un número de votos contundentes. Es positivo que sea la sociedad la que elija a sus representantes, para que ese proceso no sea el resultado -como ha sido habitual- de las designaciones exclusivas de las cúpulas de los partidos políticos, o las meras conveniencias electorales las que primen en este ámbito.

Pero esto, lo sabemos, no es suficiente. Estos procesos abren conversaciones, lo que es muy sano para saber qué piensan los candidatos, qué le proponen al país y cómo conseguirán esos objetivos.

Nuestra sociedad ha entrado en una vorágine de procesos que tienen por objeto redefinir las relaciones de poder, absolutamente asimétricas, al interior de nuestra sociedad. En este proceso que busca generar condiciones básicas del desarrollo de una plena democracia que garantice igualdad de derechos y oportunidades, las dificultades y precariedades no son pocas.

En este contexto, la palabra participación es invocada como una suerte de mantra salvífico que puede y debe ayudarnos en el camino de salvar incertidumbres y avanzar garantizando que, todos y cada uno, asumamos nuestra tarea de definir este nuevo tablero que regulara los medios y las formas de organizarnos y administrar los grandes acuerdos a los que aspiramos arribar para hacer viable una mejor sociedad.

Participación, como muchas palabras y conceptos, tiene muchas lecturas y allí surgen las primeras dificultades a partir de experiencias y perspectivas al abordarla. La tradicional y, más frecuente, la entiende como un proceso vertical donde la autoridad genera espacios de "consulta" que las más de las veces busca respaldo para las decisiones "de arriba". Así participar es "vestir" la propuesta con apoyo de los consultados.

Hoy, y lo digo a partir de mi experiencia de 12 años participando en negociaciones al interior de una universidad por distintas demandas y pliegos, la horizontalidad es la clave del proceso. Ya no existen, en estas dinámicas, líderes que toman decisiones, es la asamblea la que decide. Tanto es así que hoy no existe el líder, existe el vocero, que rota con una frecuencia extraordinaria, tornando así, el arribo a acuerdos en una cosa compleja de conseguir.

Esta experiencia me obliga a reflexionar respecto de cómo y qué vamos a entender como participación en los procesos que vienen. Los constituyentes como representantes de la ciudadanía ¿cómo deben entender su representación y cómo pueden garantizar la participación de tal manera que no se transformen en una nueva elite que toma decisiones por todos y a su solo arbitrio. ¿Serán líderes o voceros? ¿Cómo y a través de qué mecanismos garantizaremos la participación de la ciudadanía? ¿Cuál será el mecanismo a partir del cual dirimiremos las diferencias?. Estas cuestiones no son menores pues están en la base de la crisis del sistema vigente.

Sabemos que la decisión final será a través de un plebiscito con voto obligatorio -¿por qué el de entrada fue con voto voluntario?-, así fue acordado en el interesado y apresurado acuerdo de noviembre 2019 pero las etapas intermedias de participación están en un limbo que hay que definir y quizás lo que corresponde es que lo haga la propia asamblea constituyente para así evitar componendas previas y suspicacias que puedan restar legitimidad a este crítico y esperanzador proceso.

En la anterior columna me referí a la pérdida de confianza de la ciudadanía hacia Carabineros, por variados hechos punibles que han deteriorado su imagen, desde montajes, desfalcos, un infiltrado azuzando a la violencia, atropellos a los derechos humanos, etc.

Por otro lado, no somos pocos quienes hemos observado un accionar ralentizado de la policía uniformada ante los múltiples y atrevidos actos delictuales que se han venido apreciando en contra de bienes públicos, privados y, en particular, hacia sus mismos funcionarios en todo el territorio nacional, desde un año a la fecha. Lo anterior ha permitido que delincuentes desbordados, violentistas per se, anarquistas extraviados, barras bravas desubicadas y narcos oportunistas, apreciaran una policía blanda, dejando hacer y, en algunos casos, siendo testigos distantes de los desmanes.

Acorralados y resguardándose al interior de sus cuarteles, de la lluvia de piedras y balas de grueso calibre, que civiles les arrojaban ¿con que intención?, obviamente con la peor de todas. Pareciera que el gobierno lisa y llanamente le hubiese atado las manos a Carabineros, evitando que estos actuaran según lo que mandata la Constitución, esto es con la fuerza que le otorga la Ley en el resguardo de la seguridad pública y la paz social.

Por otro lado, la reciente muerte de un joven carabinero en las cercanías de Temuco, en una alevosa emboscada, refleja una serie de falencias o negligencias imperdonables para la zona en que se produjo el ataque. Es inadmisible que, un patrullaje por la ruta más atacada del país se realice en un vehículo sin el blindaje adecuado, ni sus ocupantes con los pertrechos y elementos de protección personal idóneo para afrontar una embestida como la recibida.

¿Por qué se expone a personal policial desprotegido en misiones de alto riesgo, en zonas donde existen grupos, que muestran un desprecio absoluto por bienes ajenos y vidas inocentes?

El reciente cambio en la Dirección General de Carabineros, la cuarta del actual gobierno refleja con indesmentible nitidez, que la institución ha venido navegando en aguas turbulentas y con evidentes fallas de timón. La reforma anunciada a la institución conlleva una tarea delicada y compleja. Se hace necesario ejecutar una revisión profunda, amplia e integral a las normas, procedimientos y protocolos de acción a seguir, según el tipo de evento a enfrentar. Uno de los aspectos que no deben dejarse de lado es la selección, formación, capacitación y evaluación técnica y sicológica periódica de todos sus integrantes. Una asesoría especializada extranjera no debería descartarse. Carabineros, debe recuperar el sitial ciudadano que siempre le caracterizó y por el cual sentíamos orgullo.