Han pasado dos semanas desde el triunfo histórico del Apruebo. No quisiera esperar más tiempo para realizar un breve análisis de ciertos aspectos que se esconden detrás de la opción "rechazo", principalmente en algunas comunas del barrio alto de Santiago donde vive la gente más acomodada del país.

Debo aclarar, eso sí, que soy santiaguino y que pasé una parte importante de mi vida precisamente en una de esas comunas, específicamente Vitacura. También es cierto que mi familia está enraizada con las tradiciones más antiguas y conservadoras de Chile, y que gran parte de mis amigos pertenecen a la élite social y económica nacional. Pero el hecho de haber residido por más de 20 años en el extranjero, me abrió los ojos respecto de la realidad socioeconómica en la que vive la mayoría de los chilenos y chilenas, y los cambios profundos que debemos realizar para comenzar a mejorar esa realidad. Empezando justamente por hacer un esfuerzo como país, por ir modificando las estructuras mentales, los temores y distorsiones, de quiénes están atrincheras de Plaza Italia hacia arriba, por así decirlo. Es necesario convencerlos que se requerirá de un esfuerzo grande para evolucionar, si queremos realmente dar un salto cuántico hacia la siguiente etapa del desarrollo donde la sostenibilidad será crítica, sobre todo en el ámbito de la gobernanza social y ambiental.

Todavía existen grupos de personas que no tienen una cercanía con la realidad de Chile, pues no necesitan de un mayor contacto con el Estado, que no sea para el acceso a la seguridad pública. Gran parte de sus necesidades las resuelven a través del sector privado. Esto, más un profundo aislamiento territorial, deriva en la falta de comprensión respecto de cuál es el rol del Estado en la vida de la mayoría de nuestros compatriotas, sobre todo los más frágiles; es aquí donde radica gran parte de este problema, heredado de la teoría del Estado Subsidiario de Milton Friedman, pasado de moda hoy en día.

Existe, además, en esos sectores privilegiados la sensación de haber contribuido a la creación de un modelo excepcional en América Latina, que ahora estaría a punto de ser destruido. No entienden que éste puede, y debe, ser modificado para incluir al 60% o 70% de la población que fue quedando rezagada. Manifiestan estar conscientes de que existe pobreza y que hay que atender las desigualdades, pero no la ven como un problema estructural. Creen conocer esa realidad, aunque casi siempre es a través de experiencias de ayuda social acotadas y mirando las cosas desde lejos, sin pensar en romper el "statu quo". Esto último será lo que debemos realizar de manera democrática, utilizando el poder de la negociación y la persuasión.

El año 2016 publiqué en este medio un artículo titulado Innovando la Visión, el cual recojo en mi reciente libro "Huellas de un Andar", identificando los principales actores de nuestra sociedad, a saber: a) los dueños del capital y/o empresas, b) los trabajadores y ciudadanos, y finalmente c) los poderes y órganos del Estado, sobre cuyas relaciones habría que innovar.

La Constitución es la que regula las relaciones esenciales entre estos tres grandes grupos de actores, quienes bajo una concepción moderna, forman el Estado de Chile. Ese es el tema central que hoy nos preocupa, es decir, determinar cuáles debieran ser las relaciones esenciales entre los tres actores en términos de derechos y deberes en pos del objetivo último o superior del Bien Común. Un nuevo pacto social está en construcción.

En este proceso de diálogo que recién comienza, me parece percibir que se ha privilegiado el análisis del deber ser de las relaciones entre los poderes y órganos del Estado y de estos, por una parte, con los ciudadanos y por otra, con los dueños del capital y empresas, pudiéndose sintetizar desde los extremos en la discusión entre un Estado subsidiario y neoliberal versus un Estado del bienestar y productor.

Sin embargo y con el fin enriquecer el diálogo y sus opciones, me permito plantear unas preguntas a partir del hecho que la empresa es el lugar donde se producen los bienes y servicios, y a su vez donde se generan los poderes de compra vía remuneraciones y utilidades, es decir, producción y distribución primaria del ingreso: ¿será necesario cambiar las relaciones, esto es deberes y derechos entre trabajadores y los dueños de las empresas o capital? ¿Existe ahí una relación entre las partes que este afectando negativamente la productividad y crecimiento del país como así la distribución primaria de ingresos que determina las desigualdades sociales hoy tan cuestionadas? ¿O se requiere que haya más impuestos a las utilidades para corregir la mala distribución del ingreso, potenciando la redistribución secundaria vía Estado?

En realidad, nunca es 100% una ni otra, pero en términos relativos podemos, como sociedad, poner más énfasis en una u otra.

Hay que ver las ventajas y desventajas de cada uno de estos caminos y con ello revisar el concepto de empresa y participación.