Ollas comunes y la organización social
Un estudio del Instituto de Políticas Públicas de la UCN muestra que la mayor parte del financiamiento de las ollas viene desde las propias comunidades. El número de ollas comunes sigue aumentando, lo que significa que cada vez hay más personas con problemas para acceder a alimentación.
La pandemia demuestra que el viejo dicho "Cuando llueve todos se mojan" en la práctica no es tan así. Los más vulnerables, en el caso de la pandemia los adultos mayores y los pobres, han sido quienes más están sufriendo los efectos económicos y sanitarios. En Antofagasta esto es más extremo debido a varios factores: una ciudad cara, desigual, con altos niveles de hacinamiento y con amplios sectores -campamentos- sin acceso a redes de agua potable.
No es lo mismo pasar la pandemia siendo un profesional que trabaja para el Estado o una empresa privada y que puede conectarse a su trabajo desde su hogar y seguir recibiendo su sueldo sin modificaciones, que pasar la pandemia habiendo perdido el empleo o sin la posibilidad de trabajar debido a las restricciones sanitarias.
Frente a esta catástrofe económica, se han levantado miles de ollas comunes en todo Chile, las que han sido una respuesta desde las mismas comunidades a la crisis económica. Es paradójico que posiblemente la iniciativa de mayor impacto haya surgido de manera espontánea -y sin una articulación- desde los mismos barrios. Ante la falta de una respuesta política, fueron los mismos vecinos quienes se organizaron rápidamente. Esto último tiene lógica, son los mismos habitantes quienes saben mejor que nadie sus necesidades. Lo que no tiene tanta lógica es que ya habiendo pasado ocho meses desde que llegó la pandemia a la región, el aporte del aparato público a las ollas comunes sea muy escaso.
Según un informe del Instituto de Políticas Públicas de la UCN, solo el 3% del financiamiento de las ollas comunes proviene desde una fuente fiscal: el municipio de Antofagasta. Todo lo restante es a través de recursos propios, donaciones de otras organizaciones comunitarias y en menor medida algunas empresas.
Por otro lado, el número de ollas comunes sigue aumentando, lo que significa que cada vez hay más personas con problemas para acceder a alimentación. Así, se pasó de 55 en julio a 88 en octubre. El Estado no puede seguir desentendiéndose del hambre en los barrios más vulnerables y dejando la solución del problema a los vecinos de buena voluntad.