3.449 imputados en la región por delitos de mayor connotación desde el estallido
ESTADÍSTICA. Informe de la Fiscalía Regional establece que el 48% de estos casos aun está vigente. Hay tres agentes estatales formalizados por apremios ilegítimos.
Casi 3.500 imputados en el contexto del estallido social, y tres agentes estatales formalizados por apremios ilegítimos, son algunas de las cifras que dio a conocer ayer la Fiscalía Regional de Antofagasta, a casi un año del inicio del estallido social.
Los datos analizan lo ocurrido entre el 18 de octubre del 2019 y septiembre del año en curso, y comprenden todos los delitos vinculados al estallido, los de mayor connotación social y los casos ingresados por delitos vinculados a violaciones a los derechos humanos (ver recuadro).
Dentro de los ingresos que más aumentaron tras el estallido social y hasta septiembre de este año, se cuentan aquellos relacionados con desórdenes públicos, con 833 casos y un aumento del 768%, seguido de aquellos relacionados con torturas y malos tratos por parte de agentes estatales (carabineros, militares, etc.) con 754 casos y un aumento de 1.653% en comparación a un año normal.
De los casos vinculados a delitos de alta connotación social, han sido finalizados un 31% mediante sentencias definitivas condenatorias y monitoreos. En el resto de los casos, explicó el vocero y abogado del organismo, José Troncoso, "la Fiscalía ya ha solicitado audiencias de formalización o juicios, previa acusación ante los tribunales de la ciudad".
También comentó que la razón fundamental de la lentitud con la que se han ido resolviendo estos procesos, se debe a la gran carga laboral producto del aumento de casos.
Derechos humanos
En cuanto a las investigaciones por apremios ilegítimos, 277 causas ya están terminadas y 432 vigentes, aunque solo hay tres casos con funcionarios formalizados, ya que en el 98% de las causas no se logró identificar al agente al que se denunciaba por apremios.
En tanto, el ingreso de delitos por torturas por funcionarios públicos, éstos llegaron a un total de 75 casos. 30 de ellos ya están terminados y 45 en estado de vigencia.
"Debido a complejidades derivadas por la Pandemia por Covid-19, el sistema judicial tuvo que volver a organizarse en audiencias y juicios online, con menos salas disponibles, por lo que estamos conscientes que los casos han ido avanzando, pero más lentamente. Aún existe un 61% de casos vigentes por delitos relacionados con Derechos Humanos, durante el estallido social", dijo José Troncoso.
Delitos de Saqueos
Con respecto a la prisión preventiva de los imputados que cometieron delitos vinculados a saqueos, un 72% de ellos corresponden a robo en lugar no habitado y 28% a receptación.
De ellos, el 91% de los imputados, formalizados y que quedaron en prisión preventiva por los delitos relacionados por saqueos (robo en lugar no habitado y receptación) ya contaban con antecedentes penales anteriores. Su promedio de edad era de 28 años.
Quiebre
Consultada respecto de estos números, y respecto de los apremios ilegítimos de funcionarios estatales cometidos durante este periodo, la gobernadora provincial de Antofagasta, Katherine López, expresó que la violencia vivida el año pasado fue un verdadero quiebre en la manera de cómo, hasta entonces, se entendían las manifestaciones en Antofagasta. "Era algo que no se veía venir de la forma en la que se vio en Antofagasta. No estábamos acostumbrados a tener ese tipo de incidentes. Fue totalmente todo lo contrario a lo que nosotros entendíamos de cómo se estaban llevando a cabo las manifestaciones, todas las marchas que eran aprobadas, habían sido pacíficas", dijo.
Respecto a la actuación de agentes del estado en violaciones a los derechos humanos, sostuvo que "hay acciones que aun están siendo investigadas, y por lo tanto prefiero no intervenir".