Agencias

El general retirado Salvador Cienfuegos, exministro de Defensa en el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), era considerado uno de los militares más reputados del Ejército y muy estimado entre las tropas, una carrera empañada por la tragedia de Ayotzinapa y, ahora, la detención el jueves en Estados Unidos a petición de la DEA.

La Fiscalía Federal del distrito este de Nueva York -ciudad a la que sería trasladado próximamente- lo acusó de narcotráfico y blanqueo de dinero. Tres de los cargos refieren a la producción, tráfico y distribución de estupefacientes, y un cuarto al blanqueo de capital. Se le acusa de conspirar para que, de 2015 a 2017, en Estados Unidos, se importara ilegalmente heroína, cocaína, metanfetamina y marihuana, y de proteger y ayudar al cartel mexicano H-2 a cambio de sobornos.

Cienfuegos (72) ingresó al Ejército en 1964 y estuvo más de cinco décadas en activo. A lo largo de su larga carrera fue comandante de varios batallones y regiones militares. En 2012, con la llegada de Enrique Peña Nieto al poder, Cienfuegos fue nombrado titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, la que ocupó hasta el fin del mandato, rodeado de popularidad y un aura de ser intachable. "Somos la institución que más resultados aporta al esfuerzo nacional en materia de seguridad. Y gracias a ustedes, hemos disminuido considerablemente las quejas de derechos humanos", dijo el 12 de noviembre de 2018 a cientos de efectivos, en su último evento público antes de dejar el cargo.

Era considerado uno de los militares más influyentes del Ejército, aunque sus seis años a la cabeza de la institución lo pusieron en el centro de varias polémicas. Una que quedará grabada es la tragedia de Ayotzinapa, de 2014.

Aunque según la primera versión oficial de los hechos, hoy defenestrada, el Ejército nunca tuvo participación en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, la sombra del delito siempre persiguió a esta institución. Primero, Cienfuegos mostró su predisposición a que los militares aparentemente involucrados dieran declaración. Pero en sus años en el cargo ni un militar fue imputado pese a reiteradas peticiones de familiares y los expertos independientes de la CIDH. En 2010, dijo que los soldados no tenían "por qué declarar" ante la CIDH.

Bajo su paraguas también se cometió la matanza de Tlatlaya: el 30 de junio de 2014, 22 personas fueron asesinadas por soldados en una bodega en ese municipio. Según el Gobierno, los fallecidos eran presuntos delincuentes muertos en un choque con militares. Pero un informe de la Comisión Nacional de DD.HH. determinó que los militares ejecutaron a 15 de los 22 muertos.

El gobierno del presidente Donald Trump rechazó ayer la postura de Rusia de extender un tratado clave de control de armas nucleares sin imponer un congelamiento más amplio y a corto plazo de las armas nucleares de Washington y Mscú.

En una declaración escrita, el asesor de seguridad nacional de Trump, Robert O'Brien, dijo que Estados Unidos había propuesto una extensión por un año del tratado Nuevo START, a cambio de que Rusia y Estados Unidos pusieran un tope a todas las ojivas nucleares durante ese período.

"Esto habría sido una victoria para ambas partes", dijo.

Horas antes, el presidente ruso Vladimir Putin dijo que podía aceptar una extensión del tratado por un año, pero sólo si era sin condiciones y para sostener "conversaciones sustanciales".

La declaración de Putin se produce en medio de señales contradictorias de diplomáticos rusos y estadounidenses sobre el destino del tratado Nuevo START que expirará en febrero a menos que Moscú y Washington acuerden extenderlo.

En una reunión de su Consejo de Seguridad, Putin dijo que sería "extremadamente triste que el tratado deje de existir sin que lo reemplace otro documento fundamental del mismo tipo".

"Todos esos años, el Nuevo START ha funcionado, cumpliendo su papel fundamental de limitar y contener una carrera armamentista", observó.

El tratado Nuevo START fue firmado en 2010 por los presidentes Barack Obama y Dmitry Medvedev. El pacto limita a cada país a no más de 1.550 ojivas nucleares instaladas y 700 misiles y bombarderos y contempla inspecciones in situ para verificar el cumplimiento.

Después de que Washington y Moscú se retiraron del Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio, el Nuevo START es el único pacto de control nuclear que subsiste entre los dos países. Rusia ofreció anteriormente una extensión incondicional por cinco años, mientras Estados Unidos impulsó un nuevo acuerdo que incluyera a China. Moscú ha dicho que la idea es inviable, ya que Beijing se niega a negociar un acuerdo que reduzca su arsenal nuclear.

El primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, afirmó que "la mejor expresión de solidaridad europea sería que no se permita la venta de armas a Turquía que puedan amenazar la soberanía de estados miembros". De este modo, pidió indirectamente un embargo de venta de armas a Turquía.

Al término de la cumbre europea, en la que las tensiones en el Mediterráneo oriental fueron incluidas en la agenda a petición de Grecia y Chipre, el líder conservador dijo que en la reunión recordó decisiones en consejos anteriores sobre Siria, precisamente con medidas de este tipo. Expuso en este plano que recientemente Canadá decidió suspender la venta de armas a Turquía por su implicación en el conflicto de Nagorno-Karabaj.

Mitsotakis, quien junto al presidente chipriota, Nikos Anastasiadis, había pedido un mensaje "fuerte" hacia Turquía, evitó decir si estaba satisfecho con el hecho de que el documento final prácticamente reafirmó las advertencias del Consejo de Europa del 2 de octubre, en el que se le dio a Turquía hasta diciembre para acabar con las provocaciones en el Mediterráneo oriental.

"Todos consideran que lo más importante es la credibilidad europea. Espero que no sean necesarias las sanciones en diciembre pero si se toman serán dolorosas para Turquía", declaró. Según Mitsotakis, desde el último Consejo Europeo ha habido un cambio de clima entre algunos países que eran más favorables a una agenda "positiva" con Turquía, por lo que en diciembre, una vez evaluado el progreso desde octubre, "estaremos listos para tomar decisiones", dijo.

En su comunicado final, el Consejo Europeo reafirmó sus conclusiones del 2 de octubre y condenó "enérgicamente las nuevas acciones unilaterales y provocadoras de Turquía en el Mediterráneo oriental, incluidas las recientes actividades de exploración.

De cara a las elecciones presidenciales y legislativas de mañana en Bolivia, la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, dijo que le preocupa el lenguaje incendiario que se está utilizando en la campaña, las amenazas que han sufrido algunos políticos y el aumento de los ataques físicos. "Es fundamental que todas las partes eviten más actos de violencia que puedan provocar una confrontación", invocó.

Bolivia celebró elecciones hace un año, pero fueron anuladas por denuncias de un fraude que supuestamente favoreció al entonces presidente Evo Morales, quien había sido declarado ganador. La anulación de esas elecciones dio lugar a manifestaciones ciudadanas a favor y en contra de Morales, a enfrentamientos y represión de las fuerzas del orden, en eventos en los que murieron al menos 37 personas y hubo más de 800 heridos. Bachelet recordó esos sucesos y recalcó que "nadie quiere que se repitan", pues el efecto fue que "todos salieron perdiendo" con la violencia.

Celebró "la determinación del pueblo boliviano de participar en estas elecciones", que fueron aplazadas dos veces este año debido a los riesgos sanitarios por la pandemia.