El 6 de julio de 2021 está programado que asuman sus puestos los 16 gobernadores regionales que constituyó la Ley de Descentralización aprobada y promulgada en febrero de 2018. Se trata de una nueva institucionalidad que, a medida que se acerca la fecha, pone nuevamente a las regiones ante la posibilidad de ganar en autonomía administrativa.

Los gobernadores, que serán elegidos en votación popular, compartirán liderazgo regional con los delegados presidenciales, los hoy intendentes. Para armar toda la estructura que sostenga esta nueva realidad, en los últimos días comenzó en el Congreso la discusión de dos proyectos: uno, la Ley Corta, que define competencias y que pone a la Contraloría como el ente que resolverá eventuales contiendas entre ambas autoridades; otro, la Ley de Fortalecimiento, que fija grados de autonomía para estos gobiernos en las regiones.

A cargo de la implementación está la subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) del Ministerio del Interior, encabezada por el abogado y exintendente de O' Higgins Juan Manuel Masferrer, quien define este proceso como "de lo más importantes en los últimos 30 años en lo que tiene que ver con la administración del Estado".

A veces la gente se pierde un poco entre tantas elecciones. ¿Cómo va el proceso?

-La elección es sólo un hito más, importante, obviamente, pero va mucho más allá. Esto va a dotar de mayor responsabilidad a las regiones, dándoles poder de decisión. El Presidente Piñera ha identificado las primeras 15 competencias y se han dictado siete reglamentos, de los cuales tenemos publicados cuatro y los restantes están en los procesos finales de firma. Se han implementado las tres divisiones de los gobiernos regionales (Infraestructura y Transportes, Desarrollo Social y Humano, y Fomento e Industria). El compromiso presidencial era presentar dos proyectos de ley. La semana pasada enviamos los dos.

Las dudas cuando se comenzó a hablar de los gobernadores regionales tenían que ver con que parecían tener pocas atribuciones y no iban a manejar fondos. ¿Con qué realidad se van a encontrar los gobernadores electos?

-Dependiendo de cómo se tramiten estos dos proyectos, los gobernadores se van a encontrar con 15 competencias identificadas. Son competencias que van enfocadas en la planificación y en la focalización de recursos de determinados programas de Sercotec, de Fosis, de Corfo y también competencias sobre el ministerio de Transportes y Vivienda. Lo que hace esta Ley Corta es, en primer lugar, hacer una definición de competencias que, si bien estaban identificadas, la ley no definió lo que eran exactamente.

¿No van a ser las mismas competencias para todas las regiones?

-Cada gobierno regional tiene su propia realidad y cada uno puede decir "yo necesito estas tres competencias, estas dos no", o "me sirve una de otro estilo". Esa oportunidad la van a tener los gobernadores. Lo otro relevante es que si existiera una contienda de competencia entre el delegado presidencial y el gobernador, quien va a dirimir es la Contraloría General de la República. Hay otras medidas que van en el proyecto, pero lo que quiero decir es que lo que hace en resumen es dar más certeza a los gobiernos y gobernadores regionales respecto de cuáles van a ser sus atribuciones, quién va a definir en caso de que haya algún problema y cómo se van a evaluar estas competencias.

¿Qué pasa con el financiamiento?

-Sumado a este proyecto de Ley Corta hay una Ley de Fortalecimiento Regional. Lo que establece básicamente se resume en que se les da mucha más discrecionalidad sobre cómo se van a gastar los recursos en casa región. Quiero poner un ejemplo: hoy estamos discutiendo la ley de financiamiento de los gobiernos regionales y los presupuestos son parte del presupuesto del ministerio del Interior, en el que se define glosa por glosa. Vale decir, se define desde el nivel central cuánto va a gastar un gobierno regional en adquisición de vehículos, de terrenos, inversión en tal o cual materia. Con el proyecto de ley se establecen dos grandes líneas presupuestarias, una de inversión y una para el funcionamiento del gobierno regional. Eso es lo que va a aprobar el Congreso en las futuras discusiones, pero de manera global, todos los gobiernos regionales juntos. Después se va a establecer bajo criterios objetivos la distribución por región y ahí, es lo más relevante, cada gobernador, en conjunto con los consejeros regionales, va a elaborar la propuesta de presupuesto regional y van a definir cómo se van a gastar esos recursos.

La autonomía que se reclama.

-Efectivamente. Siempre va a haber personas que quieran más competencias y más recursos, pero hay que volver a entender que es un proceso. Lo segundo que se avanza en este proyecto de financiamiento regional es que los gobiernos van a poder ocupar lo que se llama el saldo de caja. Vale decir, de este presupuesto, si no se ocupa completo, el gobierno regional puede tomar la decisión de ocupar estos dineros como parte del presupuesto del año siguiente, lo cual actualmente no ocurre. Lo otro es que los recursos de los gobiernos regionales actualmente también son aumentados a través de las provisiones que entrega la Subdere. Yo como subsecretario entrego en el año determinadas provisiones, más recursos para determinados proyectos en cada región, y es una decisión que se toma acá (en Santiago) de acuerdo al tipo de proyecto. Eso cambia, se acaban y se incorpora al presupuesto regional a principios de año con criterios objetivos y ellos pueden decidir en qué se va a gastar. Son los mismos recursos, pero ya no se decide en Santiago, sino que en cada gobierno regional.

¿Y cómo se fiscaliza el uso de esos recursos?

-La ley plantea una serie de rendiciones y balances que hay que hacer cada cierto tiempo a la ciudadanía, a distintos órganos del Estado. También crea una ficha única regional donde van a poder encontrar el nivel de licitaciones, los balances de ejecución, los datos de las autoridades y que va a estar a disposición de la ciudadanía, de la Subdere, de la Contraloría y de distintos órganos que lo requieran. Porque debemos cuidar los recursos de todos los chilenos y así como se les da más espacio, también tiene que haber mayor nivel de responsabilidad.

¿Cómo van a convivir los gobernadores con los seremis?

-En el caso de las seremías, el jefe jerárquico es el delegado presidencial. Tenemos que seguir dando una idea de país unitario. Pero el proyecto de ley nuevo establece que los gobernadores van a ser los jefes jerárquicos de los servicios públicos regionales, los cuales se van a poder crear por ley.

¿Qué pueden esperar las regiones de la nueva institucionalidad?

-Es una nueva etapa, donde los gobiernos regionales, los vecinos de cada región, van a tener la oportunidad de tomar decisiones más locales de cómo se ocupan los recursos y cómo se definen algunas materias. Pero es fundamental que cada región comprenda dos cosas: una, que es un proceso continuo, que va a seguir mejorando; y otra, que siempre hay que establecer la premisa de que seguimos siendo un Estado unitario. Debemos ser capaces de hacer coincidir una visión país con una visión regional. Para poner un ejemplo, cuando uno ve una gran obra en una región siempre tiene financiamiento compartido entre el gobierno regional y lo que aporta un ministerio. Y eso va a continuar así, porque efectivamente tiene que haber una visión de país unitario. Eso significa que esas dos autoridades, el gobernador y el delegado presidencial, se pongan de acuerdo, conversen una visión unitaria de lo que quieren y lo que es mejor para la región y el país.

"Los vecinos de cada región, van a tener la oportunidad de tomar decisiones más locales de cómo se ocupan los recursos". "El proyecto de ley nuevo establece que los gobernadores van a ser los jefes jerárquicos de los servicios públicos regionales".