Alejandro Ahumada R.

"Muchos no tienen nada que hacer, están marcados por las precariedades, viven en ambientes hostiles y el proceso vivido a partir del 18 de octubre les dio un sentido a sus vidas".

Las declaraciones del padre Felipe Berríos respecto a los jóvenes que hoy están detenidos por distintos delitos en el marco del estallido social del 18 de octubre y respecto a los cuales el jesuita planteó buscar una salida política que permita excarcelarlos, no dejó indiferente a nadie.

"Son chiquillos que la sociedad tiró para el lado. Ellos están al margen, quieren cambiar esta sociedad que los discrimina a ellos y ha marginado a sus padres, que trabajan y tienen salarios que no les alcanzan para vivir y que deben esperar un año para una operación. Yo, en su lugar, también habría protestado", afirmó Berríos, quien sostiene que la solución pasa por una decisión política que ayude a descomprimir un escenario cada vez más complejo de cara al plebiscito y el debate constitucional.

Debate abierto

Las declaraciones del jesuita avivaron el debate respecto a quienes abogan por una salida política que tome en cuenta el contexto, y aquellos que enfatizan el apego al Estado de Derecho y la acción de los tribunales de justicia.

Jaime Araya, abogado y parte de la red de defensores que prestaron asesoría a jóvenes detenidos en distintas manifestaciones post 18/0, señala que la propuesta del jesuita refleja un conocimiento profundo de la realidad que viven muchos de los jóvenes que participan en las manifestaciones.

"Como abogado conozco casos similares a los que plantea. Gente que a causa de enfermedades, ha perdido todo y donde el Estado se encuentra totalmente ausente de cualquier apoyo. No logro entender por ejemplo, cómo un joven que quema algo parecido a un cajón de manzanas esté sujeto a arresto nocturno domiciliario por un año y querellado por Ley de Seguridad Interior del Estado por el Gobierno Regional. Hay claramente una asimetría entre este tipo de casos y otros como el de Ponce Lerou y las sanciones por el Caso Cascadas", sostuvo.

Una opinión distinta sostuvo el diputado José Miguel Castro, quien se manifestó contrario a las declaraciones del jesuita, por cuanto aseveró que "los perdonazos sirven de poco, tanto para los que comenten delitos de cuello y corbata, como para los otros".

"No comparto la propuesta de Berríos. Estamos en un Estado de Derecho y debe primar la ley y el respeto a las instituciones como el Poder Judicial. Si ellos han estipulado que se deben cumplir algunas medidas cautelares, hay que respetarlo. Podemos dar muchas opiniones, pero lo que tiene que prevalecer acá es el Estado de Derecho", indicó.

Sistema judicial

Fabiola Rivero, exdefensora pública y exgobernadora, coincide en que uno de los debates que genera la propuesta de Berríos ahonda en las desigualdades de acceso a la justicia y los dispares criterios observados a la hora de sentenciar delitos económicos.

"Existe lo que se llama una justicia de clases, donde en nuestro sistema la propiedad es el bien de mayor valor por sobre otros, como la violencia de género. Eso refleja la deshumanización del sistema. Cuando un hijo de vecino de a pie se somete a un proceso penal, claramente le va distinto a quien comente un delito de cuello y corbata. Este desequilibrio valorativo genera mayor desigualdad en un país que ya es inmensamente desigual", señaló.

Diego Fernández, presidente regional UDI, comentó que si bien concuerda en las críticas de fondo al sistema penal, las acciones judiciales contra quienes atentaron contra la propiedad pública deben mantenerse, aunque con matices.

Para Fernández, la salida política a la situación de la treintena de procesados debe evaluarse "caso a caso".

"El Gobierno Regional tiene que tener una mano muy dura contra aquellos que cometieron delitos de destrucción contra la propiedad pública y privada. Pero también creo que hay que hacer un análisis caso a caso, viendo las circunstancias y criterios de cada uno. Hay que priorizar el diálogo y una mirada democrática. En lo que estoy de acuerdo es que en ningún caso estos procesos deben condicionar y destruir el futuro y la vida de cada uno de estos jóvenes", indicó.

Para la parlamentaria Marcela Hernando, la propuesta de Berríos pone especial énfasis en la falta de políticas públicas que apoyen la inclusión de jóvenes en condiciones de vulnerabilidad social.

"En Chile tenemos a 2.600 jóvenes encarcelados hace un año. Si pagan o no por el delito que cometieron, ¿qué futuro les podemos ofrecer luego de ello?", indicó.

Katherine López, gobernadora provincial de Antofagasta, estuvo en la coordinación de las fuerzas de orden y seguridad durante el estallido. Desde su perspectiva, la propuesta de Berríos no resulta pertinente.

"Como ciudadano puede dar su opinión y es totalmente respetable. Pero con referencia a nuestro gobierno, hemos dicho siempre que somos de respetar lo que la justicia dice y respetar el Estado de Derecho. Los fallos judiciales que entregan los tribunales de justicia realizan una labor que tenemos respetar", indicó.

La autoridad precisó en todo caso que la potestad y responsabilidad sobre el desistimiento o continuidad de las querellas radica en la división jurídica del Gobierno Regional, que es el principal persecutor en estas causas.

"No comparto la propuesta de Berríos. Estamos en un Estado de Derecho y debe primar la ley y el respeto a las instituciones como el Poder Judicial".

José Miguel Castro, diputado

"Cuando un hijo de vecino de a pie se somete a un proceso penal, claramente le va distinto a cómo le va a quien comete un delito de cuello y corbata".

Fabiola Rivero, ex defensora pública

"Creo que hay que hacer un análisis caso a caso, viendo las circunstancias y criterios de cada uno. Hay que priorizar el diálogo y una mirada democrática".

Diego Fernández, presidente regional UDI

"En Chile tenemos a 2.600 jóvenes encarcelados hace un año. Si pagan o no por el delito que cometieron, ¿qué futuro les podemos ofrecer luego de ello?".

Marcela Hernando, diputada

"Como ciudadano puede dar su opinión. Pero con referencia a nuestro gobierno, hemos dicho siempre que somos de respetar lo que la justicia dice".

Katherine López

gobernadora provincial