En parte, la Ciencia Política, que aparece como disciplina importante en el organismo internacional de la OECD, se basa en un 'empirismo científico', es decir, en la evaluación constantemente de los comportamientos observables y medibles de individuos y grupos. Así lo plantea el politólogo canadiense David Easton en su texto El Sistema Político (1953), quien plantea que la conducta política constituye la asignación autorizada de valores sociales por parte del Estado, pensando que éste somos todos/as. Es así que la Teoría Conductista o Behaviorista ve a la política desde la 'policy' o el plan de acción, el programa de gobierno y los principios para la gestión de las políticas públicas a través de programas específicos, en beneficio del conjunto de la población o de sectores sociales concretos; por ejemplo, la implantación de una política económica o una política pública para la salud.

Tanto los gobiernos como actores independientes tales como Espacio Público, Ciudadano Inteligente y las universidades chilenas proporcionan reportes para dar cuenta de la evaluación e incluso fiscalización de la gobernanza de políticas públicas, una 'accountability institucional'. Esta semana apareció en la prensa, por ejemplo, el informe emanado de la Subsecretaría de Evaluación Social que dio cuenta del aumento de la vulnerabilidad socioeconómica en el país en más de 600 mil hogares como producto de la Pandemia. Esto sumado a las encuestas más influyentes tales como Cadem, Adimark, Activa Research, CEP, CERC-Mori (Radio Uchile, 20/04/2017) y otras de menor valor metodológico, cartografían el país en sus distintas dimensiones y contextos.

Un instrumento que vale la pena analizar es la Encuesta Bicentenario 2020 de la Universidad Católica de Chile (PUC), publicada recientemente (El Mostrador, 13/09/2020; La Segunda, 20/09/2020; Radio Concierto, 24/09/2020) y que aborda los efectos de la pandemia en términos de situación socioeconómica, expectativas e índices de confianza de la población encuestada hacia sus instituciones. La encuesta señala que un 77% cree que existe algún tipo de ocultamiento de la información por parte de las autoridades, y de ahí se entiende la inclinación de la ciudadanía hacia lo que la diputada por Magallanes Sandra Amar llama 'festival de acusaciones constitucionales' (El Pingüino, 20/09/2020). En este gobierno, se han presentado, ocho libelos contra 6 ministros/as de Estado, el mismo Presidente Sebastián Piñera y 2 contra el Poder Judicial. Hay que entender que este mecanismo pocas veces llega a la inhabilitación del/la funcionario/a público por 5 años de ejercicio en el aparato estatal, pero constituye una herramienta importante de 'accountability política' que hace asumir responsabilidades de gestión en el manejo de situaciones de catástrofe, crisis y gobernanza en general. No habría que tenerle miedo, entonces, a que las autoridades dieran explicaciones al país por su accionar público y político.

La encuesta, además, evidencia que los bajos niveles de confianza que los/as ciudadanos/as tienen del poder institucionalizado (estructura) son preocupantes, pues mostrarían abiertamente una inestabilidad potencial en el país, una especie de segundo estallido social post-pandemia. Por ende, el pacto político de 2019 pretendió reforzar los grados de confianza institucional a través de lo que yo denomino 'conversaciones constituyentes'. Más allá del plebiscito próximo, existe una profunda necesidad de concebir una nueva carta magna a la luz de los cambios societales, pese a que se ha dado todo tipo de argumentaciones a favor y en contra.

Si bien nos podemos permitir que las normativas vayan después de los cambios, pero lo que no podemos aceptar es que las instituciones no cambien a la par con la sociedad chilena.

De acuerdo a Ignacio Irarrázaval, Director del Centro de Políticas Públicas de la UC (Radio Concierto, 24/09/2020), existe una correlación inmediata entre los distintos tipos de confianza, la gente desconfía del Gobierno, del Parlamento, de la Iglesia Católica, del sistema bancario, del retail y de las empresas en general, evidencia empírica presente también en los índices de aprobación institucional que muestran las encuestas. Se suele desconfiar de la autoridad agregada, pero no así de las instituciones directas como los municipios. Esto también explicaría la presencia en el 'mind set (paquete de atributos) ciudadano' de tres figuras presidenciables que vienen de los sillones edilicios.

Por lo tanto, la aceptación y flexibilidad frente a los cambios que está presentando la sociedad chilena nos llevará a mejorar los índices de confianza indirecta en las instituciones si éstas se manejan como dice Carlos Peña en una lógica de 'confianza objetiva' que afine la 'accountability política' por parte de los poderes del Estado y de la ciudadanía en general.