Los cacerolazos se repitieron ayer y el sábado en la noche en algunos barrios de Lima para protestar contra el juicio político que la oposición peruana ha abierto en el Congreso para destituir al presidente Martín Vizcarra en plena pandemia del covid-19.

Convocados espontáneamente a través de redes sociales, los peruanos volvieron a manifestarse golpeando sus cacerolas desde las ventanas y balcones de sus viviendas a las 20.00 horas, igual que hicieron el viernes a la misma hora cuando el Congreso abrió el proceso contra Vizcarra.

Esta sonora protesta se ha vuelto para los peruanos la forma idónea de expresar su descontento ante la crisis política que sacude al país sin violar las normas de distanciamiento social establecidas para prevenir más contagios de coronavirus.

En casi tres años de mandato, Vizcarra ha gozado del respaldo popular, especialmente cuando se ha enfrentado al Congreso, reacio siempre a sacar adelante las reformas anticorrupción del mandatario.

El momento álgido lo tuvo el año pasado cuando disolvió constitucionalmente el Parlamento para que el pueblo eligiese a uno nuevo, pero esto dio como resultado un hemiciclo que ahora lo quiere destituir. De prosperar la moción, que se votará este viernes, Perú se quedaría sin presidente electo por voto popular a siete meses de las elecciones generales, pues el poder ejecutivo recaería de manera interina en el presidente del Congreso, el opositor Manuel Merino. Sin embargo, tampoco hay apoyo político para sacar al jefe de Estado.

El juicio político fue abierto con los votos de los partidos Acción Popular, al que pertenece Merino, y Alianza para el Progreso (APP) y Podemos Perú, propiedad de los empresarios César Acuña y José Luna, dueños de universidad privadas contrarios a la reforma universitaria que defiende el Gobierno.

El proceso de destitución fue promovido a raíz de la difusión de unas grabaciones secretas de conversaciones de Vizcarra donde se presume que pudo tener más relación de la que admitió semanas atrás con el cantante Richard Swing, cuyas contrataciones a cuenta del Ministerio de Cultura investiga el Congreso.

Si bien lo que suceda en el juicio está rodeado de incertidumbres, la situación pinta cada vez más favorable para Vizcarra, pues ni la opinión pública se sumó a la "indignación nacional" que supuestamente iba a generar la acusación.

A la crisis política, Perú suma la sanitaria y la económica. La nación tiene la mortalidad más alta de la COVID-19 por millón de habitantes, y sufrirá una recesión del 12% este 2020.

El embate es tan grande que las pérdidas humanas en seis meses de pandemia son ya más que en los 20 años (1980-2000) que duró el traumático conflicto armado interno desatado por las organizaciones subversivas Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).