Codelco acaba de anunciar su ingreso al clúster minero de la Región de Antofagasta, una medida esperada, considerando el trabajo que se desarrolla en esa corporación y que tiene por foco la contratación de mano de obra local y el desarrollo de empresas prestadoras de servicio regionales, entre otras medidas.

Ante la ausencia de tributos locales, esta parece una de las soluciones más a mano que tiene cualquier territorio -y este, en especial- para compensar en parte, la pérdida que significa el desarrollo de una actividad no renovable.

En esa perspectiva, la decisión de la empresa estatal es positiva, pero tiene un bemol: se retiró del proyecto Calama Plus, una institución nacida hace una década después de los reclamos de Calama para con su calidad de vida. Lamentablemente, la iniciativa pública- privada, nunca prosperó de acuerdo a lo esperado. Una pregunta necesaria es qué puede y debe esperarse de las mineras en su trato con las comunidades. Ciertamente esta es una zona minera, pero el devenir de la industria, su impacto y beneficio no genera conformidad en el territorio que tiene problemas concretos. Al tiempo, también está el desafío de mejorar la eficiencia de la industria y atraer más inversión.

Y es evidente que mientras la industria minera tiene fortalezas económicas y tecnológicas, la sociedad civil y las autoridades, tienen dificultades, pues no tienen un plan claro, no existen consensos elementales y no sabe bien cómo relacionarse con la principal actividad del país, que tampoco se ha allanado -al menos hasta ahora- a un diálogo honesto y horizontal.

Un asunto central, en especial cuando se trata de actividades no renovables, es que apoyen la generación de una actividad industrial robusta en el territorio, con el fin de que este tenga sustentabilidad más allá de la existencia de la industria original.

El compromiso no es solo y no puede ser solo con el presente, sino también con las futuras generaciones.

Es de esperar que el desarrollo del clúster siga tomando fuerza, pero que también las compañías apoyen el desarrollo de las comunidades que las reciben. Es parte de un trato justo y base para construir un pacto que dé paz social para todos.

Hoy está siendo analizado en la Cámara Alta la Ley de Migraciones y Extranjería. Recientemente la Comisión de Hacienda concluyó el estudio en particular del texto que legalmente fue analizado por las instancias del Gobierno y Derechos Humanos. En este contexto, es que hay una serie de condiciones e indicaciones que no sólo están en el debate parlamentario sino que también deben ser conocidos por la opinión pública.

Nuestro Gobierno ha sido muy enfático en que esta nueva ley debe acoger a nuestros hermanos migrantes que vienen a aportar al país y que no sólo lo cobija individualmente sino que también a su familia, velando por los derechos y dignidad de cada uno de sus miembros. Todo lo anterior bajo nuestras leyes, pudiendo desarrollar al máximo sus capacidades y aptitudes, además de estar al servicio del desarrollo y crecimiento de Chile. Por estos motivos, es fundamental velar por el cumplimiento de los derechos y deberes que considera una migración ordenada, segura, responsable y controlada.

Es trascendental, para dar paso al cumplimiento de estos objetivos la regularización de la situación de los migrantes desde su país de origen. No queremos continuar con el turismo laboral, en donde llegan desde otras naciones como turistas para luego quedarse viviendo en la ciudad, por haber obtenido un empleo que concluye en residencias definitivas a personas que entraron a nuestro país de forma ilegal. Estas situaciones provocaron en el pasado una problemática y caos migratorio aún visible. Por eso hoy más que nunca, es necesario que las visas laborales sean entregadas en los consulados de sus países de origen y así lo ha destacado el Canciller, Andrés Allamand.

La idea es que cuando los extranjeros ingresen a nuestro país ya cuenten con sus antecedentes en regla y con la documentación necesaria. A medida que la pandemia sea controlada por medio de vacunas, la migración volverá a aumentar. Es por eso que debemos estar preparados para recibir a nuestros hermanos migrantes de una manera protegida y regulada. Esta protección tiene que cautelar los derechos internacionales del migrante, pero también el derecho que tienen nuestros compatriotas de desenvolverse en trabajos oportunos y bien remunerados dentro de su propio territorio.

Aún falta tiempo para aprobar esta Ley de Migraciones y Extranjería, por lo que necesitamos mirar las exitosas experiencias a nivel mundial y adecuarlas a nuestra realidad, generando un debate que nos permita avanzar, llegar a acuerdos y a un entendimiento común. Porque como región y país valoramos la inserción de los migrantes y es por esto que necesitamos que se renueve la actual ley, transformándola en una legislatura moderna, que venga a garantizar la llegada a Chile de forma legal, ordenada y regular con políticas inclusivas e integradoras, propiciando un espacio de asentamiento que permita que los extranjeros puedan desarrollarse no sólo en cuanto a oportunidades laborales, calidad de vida y diversidad cultural, sino que también cumpliendo nuestras leyes y normas y respetando los derechos constitucionales de un Estado democrático.

A diario somos testigos de cómo los países protegen y compiten para crear, atraer y consolidar industrias que sean la base presente y futura de su crecimiento y desarrollo. Las autoridades y líderes nacionales tienen muy claro que la independencia y progreso de sus países requiere una estructura productiva competitiva a escala global. China, USA, Rusia, Corea del Sur, Alemania, Australia, etc. son ejemplos concretos de esta competencia productiva/tecnológica. Las regiones no podemos ser observadores de este proceso, debemos ser proactivos en la estratégica tarea de consolidar un aparato productivo regional competitivo y capaz de asegurar desarrollo sustentable, sostenibilidad y calidad de vida para la comunidad.

En el contexto actual, de profunda crisis económica y social, se torna crítica y absolutamente prioritaria la tarea de potenciar a nuestras empresas regionales: grandes, medianas y pequeñas. Para las pequeñas y medianas empresas, en muchos casos, la tarea de hoy es salvarlas.

La inversión y operación de las grandes empresas (públicas, privadas, mixtas) son los motores básicos de la economía regional, no sólo porque contratan mano de obra y pagan remuneraciones directas; sino que, porque tiene un potencial de contratación y de encadenamiento de una gran familia de empresas medianas y pequeñas que, con su masa laboral y salarios, potencian al comercio, la construcción y los servicios.

En la crítica coyuntura actual, debemos asegurar la continuidad de sus operaciones, coordinarnos para acelerar su crecimiento con nuevos proyectos e inversiones y para que se priorice la contratación de mano de obra y empresas de la región.

Al mismo tiempo, el fortalecimiento de nuestras empresas regionales medianas y pequeñas, tanto en su inserción en los negocios como en su capacidad empresarial y competitiva es una tarea urgente y de centralidad estratégica. El crecimiento y desarrollo de nuestras empresas proveedoras regionales requiere avanzar en tres direcciones simultáneas y complementarias: (a) desarrollo de las competencias empresariales y tecnológicas; (b) priorización en los llamados y contratación de empresas proveedoras regionales y; (c) perfeccionamiento del modelo de relacionamiento del gran cliente con su proveedor pyme. El nivel esperado y exigido de la capacidad empresarial y competitiva de las pymes sólo se producirá bajo un modelo de participación y relacionamiento en que los incentivos apunten hacia ese objetivo, un modelo de equilibrio virtuoso.

En nuestra región, en el marco de la estrategia de cluster, debemos profundizar lo avanzado y sumar a más actores. La tarea es fortalecer un sistema productivo regional robusto, integrado y de equilibrio virtuoso entre grandes, medianas y pequeñas empresas.