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En su relato expuso que María González Werner le "señala que mis liquidaciones se harán por un monto superior al que yo voy a recibir básicamente porque como son una empresa licitada, los montos de las remuneraciones de los abogados se 'inflan' con el objeto de adjudicarse las licitaciones, pero no es eso lo que gana un defensor penal".
En la denuncia la afectada acusó que la diferencia no percibida por su trabajo y tomada por la empresa era de poco más de $62 millones.
Finalmente, en octubre del año pasado hubo conciliación en el Juzgado de Letras del Trabajo de Calama. Los demandados "sin reconocimiento de los hechos contenidos de la demanda y contestación y con el solo ánimo de poner término" al juicio pagaron poco más de $19 millones a Fuentes Montero.
Tales recursos fueron con cargo al total de la boleta de garantía más fondo de reserva correspondiente a la retención del 4% de cada pago mensual efectuado por la empresa demandada derivado del contrato de defensa penal con la Defensoría Regional de Antofagasta, que ascendía a casi $7,5 millones.
Causa abierta
Otro caso abierto es el de Nicol Palma Moscoso, quien también recurrió al Tribunal del Trabajo para que se reconozca el acoso sufrido. La acusadora precisó que la diferencia por prestaciones adeudadas, sueldo recortado y bonos no pagados y que aparecen en las liquidaciones como devengadas y percibidas por la demandante, totaliza aproximadamente 14,5 millones, a lo que añade $15 millones por daño moral.
Moscoso ingresó el 24 de septiembre de 2018 a Servicios jurídicos Pablo Manuel Verdejo Pimentel EIRL y después 23 de enero 2019 a Servicios Jurídicos María Francisca González Werner EIRL. Allí se mantuvo hasta ese año.
Moscoso fue explícita afirmando que el trato era con Encina, puesto que González Werner (su pareja) estaba con prenatal. "Él era el encargado".
Se desconoce si la DPP hizo gestiones más allá del proceso sancionatorio en este caso. Ayer -contactados por este Diario- dijeron que solo responderían consultas del caso "vía Transparencia Activa", desconociéndose entonces, por el momento, más detalles de la relación que hubo en este caso con la empresa y con Marcelo Encina, mientras fue seremi de Justicia.
A nivel informal, se dice que la DPP presentó una denuncia por "falsificación" contra quienes resulten responsables en la Fiscalía de Calama.