El Papá Francisco, y otros líderes mundiales han puesto el acento en los cuidados que debe tener la sociedad con sus adultos mayores, por lejos el segmento más golpeado por la pandemia de coronavirus.

Un ejemplo es nuestra región de Antofagasta, donde siete de cada diez decesos son de ancianos, lo que a veces se mira con ligereza y desprecio, como si fueran vidas de segundo orden, olvidando que se trata de personas que ya vivieron y dieron todo lo que tenían. Muchos de nuestros países ven así a la tercera edad: como una molestia.

Hasta el viernes 10 de julio, la Región de Antofagasta registraba 216 decesos, 157 de los cuales corresponden a adultos mayores de 60 años, por lejos el segmento más golpeado con la pandemia mundial.

Siete de cada diez muertes afecta los más viejos, en especial a los varones (solo hay registro de 64 mujeres), una cifra levemente superior al 63% del nivel nacional (Informe epidemiológico del 7 de julio).

A nivel regional, el 28% de las muertes afecta a las personas de entre 60 y 69 años; el 23,6% a los de entre 70 y 79 años y el 20% a quienes están entre los 80 y 89.

Hace algunas semanas el Pontífice citó: "La pandemia de COVID 19 ha puesto de manifiesto que nuestras sociedades no se han organizado lo suficiente para hacer espacio a los ancianos, con justo respeto a su dignidad y fragilidad. Donde no se cuida a los ancianos, no hay futuro para los jóvenes". Y recordó que los ancianos "son nuestras raíces, nuestra historia. Ellos nos han dado la fe, la tradición, el sentido de pertenencia a una patria".

La tercera edad es la más expuesta al virus y también al deterioro físico, las bajas pensiones y la soledad, que muchas veces son peores.

Si hay algo que podríamos esperar de la pos pandemia es ese sentido de mayor humanidad y empatía por el otro, algo que las personas reclaman con fuerza, porque han comenzado a entender que los requerimientos de la vida son mucho más complejos y grandes que la mera acumulación o el éxito personal.

Nuestro trato a los ancianos es revelador de lo que somos y las ausencias que allí tengamos son parte de lo que debemos conseguir para ser mejores.

Lo que no se dice es que en las poblaciones la gente está sufriendo mucha hambre, por la gran cesantía que ha provocado esta pandemia. Producto del abuso de muchos empresarios de grandes empresas e incluso isapres que han despedido a miles de personas aprovechándose de las leyes rápidas diseñadas en la práctica para proteger más a los empresarios que a la gente común. Además de ser susceptibles al virus, los más pobres sufren consecuencias sanitarias, sociales y económicas únicas. Las personas más pobres no solo están más expuestas al riesgo para la salud causado por covid-19, sino que las consecuencias económicas son más desastrosas para ellos.

En Chile país de bajos ingresos, esta situación es particularmente preocupante, ya que muchas personas trabajan informalmente, en trabajos mal protegidos y particularmente vulnerables a las crisis económicas. Además, muchas personas que pertenecen a las clases socioeconómicas más pobres no tienen la posibilidad de trabajar desde su hogar, pues poseen oficios más a menudo manuales y, por lo tanto, ven caer sus ingresos con estas medidas de confinamiento, especialmente en nuestro país donde la protección social es deficiente. Por lo tanto, es probable que estos compatriotas estén soportando la peor parte de la pérdida de ingresos causada por la epidemia, especialmente porque no tienen ahorros para hacer frente a tal carencia. Tampoco la tienen fácil los inmigrantes, sin redes familiares y expuestos a la xenofobia.

Las medidas de contención, obliga a la gente a quedarse en casa, imponen además nuevos costos a los hogares, mayor consumo en calefacción, electricidad y alimentos, que pueden representar una carga impensada para los más vulnerables.

La ciudadanía está iniciando movilizaciones y una resistencia organizada a las penurias en las poblaciones, además se está gestando un paro nacional total para que se limite de verdad la obligación de trabajar de muchos sectores que parecen "estratégicos" para el gobierno. Pero que de verdad no son esenciales para el ciudadano común, lo que a mi juicio agravará la situación de esta pandemia. Esto se debe a que este gobierno no ha tenido la sensibilidad social para abordar adecuadamente la pandemia de COVID-19 ayudando a la gente para que puedan cumplir su confinamiento cuando lo requieran.

Como resultado, las desigualdades existentes se exacerban, los más frágiles siguen abandonados. Tenemos un estado en Chile que no percibe de la misma manera la imperiosa necesidad de asistencia social de la gente versus la necesidad de las empresas de ser salvadas en una situación de emergencia. En el caso de la asistencia social, hemos perdido completamente de vista la responsabilidad del estado de cubrir las necesidades básicas de las personas. Al reflexionar de esta manera, ignoramos que las personas pobres, están sumidas en una situación económica insostenible, atrapadas en un ciclo de pobreza con las reacciones históricamente conocidas.

En los recintos penales a lo largo del país la población en sistema cerrado supera las 40.000 personas y a la fecha de hoy el número de contagiados alcanza a 710 personas, lo que supera el 1,8% del total de las personas privadas de libertad, situación del todo preocupante porque supera al porcentaje de quienes están libres. Además, ya se registran 6 internos fallecidos.

La preocupación de muchas organizaciones y organismos internacionales se ha centrado en evitar, al máximo, que el COVID-19 llegue a las cárceles pues existe consenso que son un terreno fértil para su propagación y expansión. Ésta aprensión se entiende no sólo por las condiciones de habitabilidad, sino especialmente por la situación de vulnerabilidad derivada de la especial relación de sujeción a la autoridad penitenciaria, ya que dependen para la satisfacción de sus necesidades básicas, casi absolutamente de la actuación de agentes del Estado.

Más allá del desinterés que para muchos suscitan las personas privadas de libertad, debemos siempre recordar que ellas son titulares de todos los derechos que no se ven afectados por las penas impuestas y, por ello, los Estados tienen particulares responsabilidades en el aseguramiento del acceso efectivo a las prestaciones específicas que se requieren para la satisfacción plena de los estándares nacionales e internacionales.

La realidad carcelaria chilena es diversa pues en ella coexisten recintos penitenciarios tradicionales administrados directamente por Gendarmería de Chile y otros concesionados, más modernos, administrados por empresas que se han adjudicado una licitación y que prestan servicios al Estado. En los muchos casos, en los del primer tipo la infraestructura es muy mala y poco se puede hacer para mejorarlas. A pesar de ello, hemos visto cómo en la región se han mejorado, más allá de lo imaginable, las condiciones de cárceles antiguas.

Hasta la fecha, en las cárceles de la región se han contabilizado 49 casos de COVID-19 confirmados. Detrás de esta cifra hay un esfuerzo tremendo de los funcionarios y funcionarias de Gendarmería, de las autoridades regionales de la institución y de la Seremi de Justicia y Derechos Humanos para contener los contagios, quienes ha implementado diversas medidas y acciones concretas.

Por ello, miramos con preocupación una serie de decisiones adoptadas desde el nivel central de Gendarmería de Chile dirigidas a trasladar internos desde cárceles de la Región Metropolitana a recintos de regiones sin adoptar las mínimas medidas de resguardo para evitar la propagación del virus. Ya han existido varios casos en que los internos trasladados han dado positivos a los test de detección en las cárceles de destino.

Hoy más que nunca urge una actuación institucional prudente orientada a evitar que se echen por tierra los esfuerzos regionales.