Muchas dudas dejó una publicación en el Diario Oficial del 23 de junio, efectuada por la Seremi de Salud de Antofagasta, que suprime la resolución 1.001 de 1997 que obligaba a las personas naturales y jurídicas en esta región, a tener que dar aviso a las autoridades de salud (en un plazo de 24 horas), cada vez que protagonicen un derrames de productos químicos.

Incluso organizaciones medioambientales y científicos firmaron una carta ayer, cuestionando la resolución.

Por ello la seremi de Salud, Rossana Díaz Corro, debió salir a explicar el fondo de esta resolución. Según la seremi, la obligatoriedad solo correspondía a la Región de Antofagasta, debido a que cuando fue impulsada (1997), solo existía el Servicio de Salud, no así el Ministerio de Medioambiente ni tampoco la Superintendencia y por eso ese ente debió hacerse cargo. Pero con la modernización de la institucionalidad, otros organismos son ahora los encargados de recibir esta información.

"Cuando ello apareció, nuestras facultades no seguían con temas de ambientes, pues de ello se hizo cargo el propio ministerio de la cartera y la Superintendencia, con las facultades de fiscalizar estos temas. Este decreto se derogó ahora porque lo toma otro ministerio (de Medioambiente), no porque desaparezca, sino porque hoy (otros organismos) tienen todas las atribuciones", precisó.

La autoridad sostuvo además que en el caso de que estos derrames pudieran tener impacto a la salud de las personas, su entidad sí sería notificada para investigar, a través de Medioambiente.

"Por lo tanto estaremos atentos a las denuncias de los organismos ambientales, de los trabajadores de las mismas empresas y de la comunidad en general, ya que el fin último es el resguardo de la población en general".

Carta

La resolución fue fuertemente criticada por diversas agrupaciones, asociaciones e investigadores, quienes a través de una carta manifestaron que ven una amenaza para los objetivos de perpetuar y potenciar el cuidado al medioambiente en Antofagasta, además de aumentar el riesgo toxicológico dentro de la comunidad.

Francisco Gómez Valenzuela, coordinador del proyecto zona norte de la Fundación Kennedy (quienes trabajan por la conservación de los humedales), explicó que la medida echa por tierra todos los esfuerzos individuales por preservar el medioambiente.

"Nos parece que es una medida que va en contra de todo lo que se está intentando obtener hoy en día, que es buscar el desarrollo sustentable, minimizar impactos, que haya cierta armonía el desarrollo con la naturaleza y esta medida va en retroceso de toda esta iniciativa", precisó.

Acotó que la medida no permite una rápida respuesta por parte de las autoridades sanitarias. "Ese es precisamente uno de los problemas, ahora que se quita la obligación de notificar, que si no se notifican de manera inmediata esos accidentes que pueden llegar a ser graves, con sustancias químicas y compuestos químicos que no son amigables con el medioambiente, la dilatación en el tiempo puede hacer una diferencia significativa".