Un estudio realizado por el Imperial College de Londres dio cuenta de que las medidas de confinamiento aplicadas para hacer frente al COVID-19 permitieron controlar la pandemia y evitaron 3,1 millones de muertes en once países europeos.

Se trata de una conclusión hecha por científicos que asesoran al Gobierno británico sobre la crisis sanitaria y consideró las principales medidas tomadas en 11 países -Austria, Bélgica, Dinamarca, Francia, Alemania, Italia, Noruega, Suecia, Suiza, Reino Unido y España- como la prohibición de actos públicos, la restricción de desplazamientos y el cierre de comercios y escuelas.

El artículo fue publicado en la revista Nature y allí expresó de que las medidas permitieron reducir en un promedio de 82% la tasa de reproducción del virus, esto es, el número de personas contagiadas por cada persona infectada.

Es un buen elemento de partida para entender el valor que tiene en especial la cuarentena sobre determinados territorios, como el que ya está en desarrollo en Calama. Antes ocurrió en Antofagasta y Mejillones y los resultados fueron objetivamente buenos: la tasa de contagios disminuyó, aunque objetivamente no se sepa si el resultado es atribuible a esta acción.

Pero lo más probable es que sí, tal cual ocurrió antes en localidades como Temuco o Chillán y esperemos que en la Región Metropolitana, definitivamente la más complicada considerando el número de afectados.

La capital de El Loa inició un proceso que durará tres días (lo más probable es que sea extendido durante más jornadas a partir del viernes). Los resultados no serán inmediatos, pero con la experiencia previa, queda claro que podrán observarse efectos que puedan revertir la dramática tasa de aproximadamente 800 enfermos y una letalidad que promedia el 3,5%, por lejos una de las más altas del país, sino la peor.

La población debe ser respetuosa de esta medida extrema, pero necesaria y no perder la calma, ya que todos los servicios esenciales seguirán su funcionamiento. Es momento para la responsabilidad y para comenzar a ganar esta compleja batalla.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha señalado que probablemente tendremos que convivir con el COVID-19 por un tiempo desconocido. En este escenario incierto, parece relevante tomar decisiones que nos permitan mejorar la convivencia en nuestras ciudades, considerando que la medida de confinamiento obligatorio no es sostenible en el tiempo y sabemos que tendrá impactos negativos en términos de salud física, mental, económicos, entre otros.

Se pueden identificar dos aspectos que aparecen como necesarios en el marco del contagio: transporte público y densidad urbana. Primero que todo, la política sostenida de proliferación de viajes y la precariedad de la habitabilidad que entregan nuestras viviendas y nuestras ciudades, son realidades que no podremos cambiar a corto plazo. La densidad en sí misma no es el problema, sino cómo abordamos esa densidad desde la tipología de vivienda, morfología urbana y planificación de usos de suelo. En esta línea, la habitabilidad urbana podría ser hoy un factor que explique porqué una parte de la población no ha adoptado el confinamiento preventivo.

Un primer aspecto que Chile debiera adoptar a corto plazo, es la reestructuración del espacio púbico, de la calle. Para que esto sea posible debiéramos tomar -así como los han propuesto en los Países Bajos- los espacios del auto producto de la disminución de los desplazamientos. En este sentido, junto con generar catastros de las veredas que nos permitirían mantener el distanciamiento social, debiéramos facilitar el uso de la bicicleta, disminuyendo velocidades máximas y tomando parte de las calzadas para el desplazamiento.

Esta medida podría tener un impacto mayor a largo plazo si comenzáramos a promover la mezcla de uso de suelos, fortaleciendo ciertos núcleos que permitieran disminuir los largos desplazamientos a que se ven sometidos los habitantes de las áreas metropolitanas de nuestro país. Lo interesante de esta disposición, es que afectaría a todos los grupos.

Un segundo aspecto es la diversificación de escalas de espacio público. En el contexto de pandemia, la exigencia del distanciamiento social es fundamental; no basta sólo con espacios públicos de calidad y áreas verdes, sino en el acceso a parque y espacios abiertos de escala comunal.

La reestructuración del espacio público es la primera medida a corto plazo que podría ser rápidamente implementada en algunos sectores, mientras la incorporación de espacio abierto debiera visualizarse a mediano plazo catastrando no sólo los posibles terrenos pertenecientes al Estado a ser destinados, sino también áreas de riesgo que hoy se encuentran abandonadas o sub-utilizadas. A esto se suman los cambios de uso de suelo de áreas industriales en zonas peri urbanas con la posibilidad de asociación público-privada. A largo plazo, sin duda la habitabilidad urbana y la planificación de uso de suelo, son desafíos ineludibles en la planificación de las ciudades.

Conocí a José Luis Gómez (QEPD) cuando era gerente del Instituto Corfo del Norte, más conocido -en ese tiempo- como Inconor. Un baluarte de la descentralización. Para una campaña de divulgación destinada a vender acciones de Inacesa, la fábrica de cemento creada con fondos públicos que administraba Inconor, me contrató y llegué a trabajar en Relaciones Públicas de ese organismo. En ese contacto profesional aprendí a conocerlo más íntegramente, como un apasionado por el desarrollo regional, con una fuerte inclinación al trabajo en equipo, ya que gerenciaba las Divisiones de Industria, Agropecuaria, de Minería y de Administración, con decenas de profesionales que preparaban y administraban los proyectos de desarrollo de las provincias de Tarapacá, Antofagasta y Atacama. Además, José Luis Gómez supo llevar una fluida y fructífera relación con el Comité Ejecutivo de Inconor, formado por los intendentes de estas tres provincias, representantes de los alcaldes, de las cámaras de comercio, de las asociaciones de industriales, asociaciones y cámaras mineras, Central Única de Trabajadores y otras entidades públicas y privadas del norte, entidad que administraba los "fondos del cobre".

Aunque Inconor era un ente descentralizado de Corfo, formábamos parte de ese organismo y con relaciones directas con las autoridades nacionales. Por eso, desde el Ministerio de Minería -a cargo de Alejandro Hales- le pidieron a José Luis Gómez que dispusiera lo necesario para explorar las riquezas del Salar de Atacama y también la potencialidad energética de los géiseres del Tatio. Con su gerencia se crearon en Inconor el Comité del Salar de Atacama y el Comité Geotérmico, para realizar las perforaciones y primeros estudios que demostraron -antes de 1970- la cantidad y variedad de riquezas que albergan las salmueras de ese salar, con las primeras demostraciones de la inmensa potencialidad del litio, pero también la existencia de otra serie de ricos minerales no metálicos, varios considerados "estratégicos", mientras que en el Tatio no era factible una explotación geotérmica. (¿Existirán todavía esos documentos?).

Al recordar a José Luis Gómez, cabe preguntarse -una vez más- por qué no podemos disponer nuevamente de un ente que administre regionalmente las inversiones de los ingresos fiscales que genera la minería, integrado por representantes de toda la comunidad y no sólo por los cambiantes funcionarios de los gobiernos de turno.

Y, por supuesto, que vuelva a funcionar también un mecanismo -royalty, por ejemplo- que permita generar recursos para la región o -al menos- que podamos administrar parte de los actuales ingresos fiscales de la minería. Por ello, quizás el mayor homenaje que podemos hacer a hombres como José Luis Gómez y a Mario Silva Iriarte (QEPD) -quien lo sucedió en la Gerencia de Inconor entre 1970 a 1973- sería unir fuerzas para que se concrete la elección de gobernadores regionales en abril del próximo año y así empiece a materializarse una mayor descentralización en nuestro país.