Uruguay es el país latinoamericano con mayor capacidad para combatir la corrupción y Venezuela queda relegado al último lugar bajo esta condición de acuerdo con un índice anual que, según sus autores, pone en evidencia que la región ha bajado la guardia ante este problema en un momento especialmente preocupante por la pandemia de COVID-19.

La organización Americas Society/Council of the Americas (AS/COA) y la empresa de consultoría Control Risks publicaron ayer el Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC) 2020, una herramienta analítica basada en datos que fue creada en 2019.

"La ola anticorrupción que estaba avanzando en América Latina hace unos años ha perdido fuerza y, en algunos lugares, está retrocediendo peligrosamente. Lo que es aún más preocupante: esto está sucediendo mientras el covid-19 está aumentando el riesgo de corrupción en toda la región", dijo en un comunicado el director senior de políticas públicas de AS/COA, Roberto Simon.

En lugar de medir las percepciones o el daño económico causado por la corrupción, el Índice CCC evalúa y clasifica a los países según la eficacia con la que pueden combatir ese problema, que ha sido "históricamente una carga para América Latina que ha minado el crecimiento, la democracia y la gobernabilidad y violado los derechos de millones de personas".

Puntuación más alta

La segunda edición del Índice CCC cubre 15 países latinoamericanos, 7 más que en la primera. Uruguay tiene la puntuación más alta (7,78 de 10), lo que significa que es el país de los 15 analizados que más probabilidades tiene de descubrir, castigar y detener la corrupción.

A Uruguay le siguen Chile (6,57), Costa Rica (6,43), Brasil (5,52), Perú (5,47), Argentina (5,32), Colombia (5,18), México (4,55), Ecuador (4,19), Panamá (4,17), Guatemala (4,04), Paraguay (3,88), República Dominicana (3,26), Bolivia (2,71) y Venezuela (1,52).

Si se comparan los resultados de 2019 y 2020 en los ocho países analizados los dos años, se aprecia que sólo Perú ha mejorado, Argentina se ha mantenido igual y en el resto (Chile, Brasil, Colombia, México, Guatemala y Venezuela) ha habido retrocesos.

"Los resultados del Índice CCC 2020 tienen implicaciones significativas para quienes hacen negocios en América Latina", señala Geert Aalbers, uno de los socios de Control Risks.

"Revelan un panorama legal desigual y cambiante, lo que subraya la necesidad de que las empresas actualicen sus evaluaciones de riesgos y, en consecuencia, adapten sus programas de cumplimiento de la ley para gestionar los riesgos de corrupción de manera más efectiva", agrega.

14 variables

El Índice CCC analiza 14 variables claves, entre ellas la independencia de las instituciones judiciales, la fuerza del periodismo de investigación y el nivel de recursos disponibles para combatir los delitos de cuello blanco.

Se basa en datos y en una encuesta patentada realizada entre los principales expertos anticorrupción de Control Risks, la academia, la sociedad civil, los medios y el sector privado.

"Los resultados del Índice CCC 2020 tienen implicaciones significativas para quienes hacen negocios en América Latina".

Geert Aalbers, Socio de la consultora Control Risks, autora del estudio junto a Americas Society/Council of the Americas

6,57 puntos obtuvo Chile en el indicador 2020 de este estudio, ocupando el segundo puesto detrás de Uruguay.

15 países latinoamericanos consideró el Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC) 2020.

En una histórica sentencia, la justicia chilena reconoció la maternidad de dos mujeres respecto un niño. Fue la jueza Macarena Rebolledo Rojas, del Segundo Juzgado de Familia de Santiago, la que acogió la demanda de reclamación interpuesta por una de las mujeres en contra de la otra, ordenando así al Registro Civil a inscribir al menor como hijo de ambas.

"Que se Acoge la demanda de reclamación de maternidad interpuesta y en consecuencia se declara que el niño A.J.D.R.D.G., nacido el 28 de septiembre de 2017 (...) es hijo de G.T.S.G.D. y de E.Z.M.D.R.A.", indica la sentencia de 25 páginas.

deber del estado

En el fallo de primera instancia, la magistrada indicó, entre otras cosas, que "el deber del Estado chileno es otorgar protección, sin discriminación, a todas las formas de familia que existan, y esforzarse por integrarlas a la vida nacional". "Para ello, es esencial que el estado civil de un hijo que nace y crece en una familia encabezada por personas del mismo sexo, que han expresado voluntad de procrear, coincida con su filiación legal y se vea reflejada en sus documentos de identificación" detalla.

Y agrega: "Como se ha señalado, la hipótesis de una desigualdad ante la ley se expresaría en dos niveles: primero, una desigualdad entre la representación de familia que figura en el derecho y las formas familiares concretas, mientras que en un segundo nivel queda la consecuencia inmediata de la primera brecha, que muchas familias de facto no son consideradas como tales, lo que ocasiona problemas concretos en su vida cotidiana".

antecedentes

De acuerdo a los antecedentes consignados en la sentencia, las madres llevan ocho años de relación y en diciembre de 2015 suscribieron el Acuerdo de Unión Civil. Fue en 2016, cuando una de ellas se sometió al procedimiento de reproducción asistida, naciendo el menor en septiembre del año siguiente. Sin embargo, solo una de ellas tenía vínculo legal con el menor, ya que a la otra no se le reconoció la maternidad.

Posteriormente, la pareja intentó alcanzar el reconocimiento de la maternidad de ambas mediante un recurso de protección presentado ante la Corte de Apelaciones de Santiago, el cual terminó siendo rechazado y confirmado por la Corte Suprema. Luego la pareja optó por presentar una demanda de reconocimiento filial entre ambas, la cual revirtió la situación.

Los principales medios de comunicación brasileños anunciaron ayer una alianza inédita para divulgar juntos las cifras del COVID-19 en el país después de que el Gobierno decidiera ocultar parte de las estadísticas de la enfermedad.

Los diarios Globo, Folha de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo y Extra, así como los portales G1 y UOL, han unido fuerzas para montar un grupo especial de periodistas que se encargará de recopilar los los casos y muertes por coronavirus de los 27 estados brasileños.

"El Gobierno Federal, por medio del Ministerio de Salud, debería ser la fuente natural de esos números, pero actitudes recientes de autoridades y del Propio presidente (Jair Bolsonaro) ponen en duda la disponibilidad de los datos y su precisión", afirmaron los medios en un nota conjunta.

La divulgación del boletín oficial con los datos de la pandemia en el país, que registra cerca de 700.000 contagios y más de 35.000 muertes, ha sufrido diversas modificaciones recientemente que se han traducido en una reducción de las informaciones ofrecidas.

Brasil es el segundo país del mundo con mayor número de contagios, solo por detrás de Estados Unidos, y el tercero en fallecidos, aunque ya está cerca de superar a Reino Unido en ese apartado.