Eugenio Sugg Gálvez

Autorizar a grandes contribuyentes de la zona para que financien obras públicas relevantes con cargo a un porcentaje de su Impuesto a la Renta es una de las propuestas que la asociación gremial Pymes del Norte hizo para apoyar la creación de empleo en la región.

"Obras por impuestos" si bien es una modalidad novedosa para Chile, en países vecinos como Perú ya está normada a través de una ley que busca impulsar la inversión pública regional.

Sergio Santander, presidente de Pymes del Norte, sostuvo que este sistema podría resultar una muy buena herramienta para enfrentar la emergencia generada por la pandemia y apoyar la creación de empleo e infraestructura en la zona.

De la misma forma, el presidente provincial de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Roberto Sepúlveda, propuso focalizar los esfuerzos en apoyar el consumo y la inversión regional, a través de obras públicas en los sectores vivienda y salud, y la inyección de efectivo -a través de bonos- para mantener la cadena económica.

Que otras empresas mineras repliquen la iniciativa de BHP que creó un fondo para apoyar a sus empresas contratistas y un programa de "Obras por impuestos" para impulsar la actividad económica y el empleo, son algunas de las propuestas que compartió el presidente de la asociación gremial Pymes del Norte, Sergio Santander.

El representante gremial aseguró que una medida que puede tener un impacto importante sería que las mineras regionales puedan replicar lo que hizo BHP con la creación de un fondo de US$25 millones para que empresas contratistas puedan pagar sueldos y financiar costos operacionales.

"El objetivo sería asegurar la continuidad operacional, en este caso de sus colaboradores estratégicos y regionales, y así asegurar su propia continuidad operacional", partió exponiendo.

Impuestos

Asimismo, Santander propuso implementar un programa de "Obras por impuestos", lo que implica que grandes contribuyentes regionales puedan ser autorizados para financiar obras públicas de trascendencia e interés social regional, con cargo a un porcentaje de su Impuesto a la Renta, priorizando la contratación de mano de obra local regional.

Santander coincidió con gremios como la Asociación de Industriales de Antofagasta (AIA), en torno a la necesidad de destrabar y agilizar al máximo los proyectos de inversión que se están tramitando en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (Seia), en sectores estratégicos regionales: minería, energía, construcción, transporte, entre otros.

Comercio

En lo estratégico -dijo-, es necesario diseñar e implementar un agresivo y ambicioso programa de atracción de nuevas inversiones hacia la Región de Antofagasta para el periodo 2020-2025.

"Este trabajo debe tener foco en Asia, sector minería, energía, industria de base tecnológica (para atender la smart mining), y en logística y transportes (aumentar conectividad Asia - China - Sudamérica) y proyectar Antofagasta como HUB logístico del Pacífico para Zicosur", cerró Santander.

"Otras mineras regionales podría replicar lo que hizo BHP con la creación de un fondo de US$25 millones para que empresas contratistas puedan pagar sueldos y financiar sus costos".

Inversión pública relevante en áreas estratégicas como vivienda y salud, además de inyectar recursos en efectivo de manera directa en los sectores poblacionales más afectados por la pandemia, son algunas de las propuestas que hizo el presidente provincial de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Roberto Sepúlveda, para hacer frente a la compleja situación del empleo que ya se está dejando sentir con mayor fuerza en la región de Antofagasta.

"Las proyecciones de los expertos indican que este año en el país el consumo se va a contraer cerca de un 4% y la inversión caería un 8% aproximadamente, lo que señala que esos aspectos deberían ser la principal preocupación del gobierno", partió explicando Sepúlveda.

En esa línea, sostuvo que el Estado debería potenciar la inversión pública. "El área de la vivienda, que es muy deficitaria en nuestra región y además genera una gran cantidad de trabajo y recursos a la gente, los cuales van a ser invertidos en el mercado y consumo", dijo.

Otra área que según Sepúlveda debe ser prioritaria para la inversión estatal es la salud.

"Es la oportunidad para meter recursos en los hospitales que con esta emergencia ha quedado en evidencia que hace falta y donde puede haber un foco grande de mano de obra", aseguró.

Bonos

También identificó como un tema discutible la transferencia directa de recursos a la población.

"Cuando el gobierno anuncia que va a repartir 1,3 millones de cajas de mercadería, no sabemos a quien se las está comprando. Pero si esos recursos económicos se inyectaran directamente a la población -como es el bono familiar- , estamos desarrollando el negocio de barrio y eso encadena una recuperación de la economía", dijo.

Sepúlveda, no obstante, reconoció que en esta línea puede planificarse un mix entre entrega de cajas con mercadería y aportes directos en efectivo, "porque hay mucha población de adultos mayores o con movilidad reducida, para quienes es más fácil recibir la mercadería directamente".

Sin embargo, insistió en que la mayor parte de esa ayuda debería ser entregada a través de aportes directos en efectivo.

"El área de la vivienda es muy deficitaria en la región y además genera una gran cantidad de trabajo y recursos a la gente, por lo que debe ser un foco de inversión".

Periódicamente, el Banco Central de Chile elabora el Informe de Estabilidad Financiera (IEF), documento que tiene por objeto identificar riesgos financieros y evaluar vulnerabilidades asociadas que puedan amplificarlos. Si bien sus facultades regulatorias sobre el mercado financiero son limitadas, a través de este informe puede identificar dichos riesgos e inducir respuestas oportunas para mitigarlos.

El IEF adquiere mayor relevancia en la actual coyuntura, un escenario que está poniendo a prueba la capacidad del sector financiero, los mecanismos para amortiguar los shocks internos y externos, y la eficacia del marco de política macroeconómica y financiera con que cuenta el país. Enfrentamos una crisis inédita, una pandemia global ha afectado a todas las economías, lo que está teniendo un profundo impacto en los mercados financieros y ha motivado contundentes respuestas de política.

Las medidas sanitarias que se han implementado para contener el contagio por COVID-19, han implicado la detención abrupta de muchas actividades y han generado importantes necesidades de financiamiento para los hogares y las empresas de distintos tamaños. Esta situación ha complicado la disponibilidad de caja -o de presupuesto- para hacer frente a gastos fijos que mes a mes deben asumir, lo que afectará su capacidad para cumplir con sus obligaciones financieras.

Estas necesidades de financiamiento deben ser satisfechas para atenuar el impacto de la crisis y los efectos que está teniendo sobre la solvencia de las empresas, la continuidad del empleo y la estabilidad financiera. En este sentido, los bancos tienen un rol fundamental en la provisión de crédito, razón por la cual las autoridades y las entidades reguladoras han adoptado medidas orientadas a estimularlo y facilitarlo. Pero esta no es la única respuesta a este escenario de crisis. Las políticas y regulaciones públicas deben ayudar a movilizar otras fuentes de financiamiento para llegar a sectores que no han sido atendidos por la banca. Entre estas, impulsar mecanismos que contribuyan al financiamiento de otros actores, como son -por ejemplo- los oferentes de crédito no bancario y las grandes empresas. Esto acompañado por medidas fiscales que ha estado implementando el Gobierno para apoyar a los sectores más vulnerables.

Una prolongación de la emergencia sanitaria, un empeoramiento del escenario externo o la transformación de problemas de liquidez en problemas de solvencia para los agentes económicos, pueden generar amenazas adicionales para la estabilidad financiera en nuestro país. En este contexto, no se debe perder de vista que el diseño e implementación de las políticas públicas está enfrentando desafíos superiores a los habituales, tanto por lo inusual del escenario como por las interacciones entre los distintos agentes económicos. La necesaria coordinación entre todas las instituciones es la clave para mitigar riesgos mayores que pueden amenazar la estabilidad financiera en el país. Para que este trabajo sea exitoso, se requiere un alto grado de colaboración y diálogo entre los distintos actores involucrados.