Una de las revelaciones más notables de este tiempo tiene que ver con la aparición de distintos animales salvajes en muchas ciudades del planeta. El fenómeno se explica al menos en dos causas: el confinamiento de las personas y la detención de muchas actividades productivas.

Las imágenes de lobos marinos en la costanera de Antofagasta, zorros en La Portada, monitos del monte en San Carlos (Región del Biobío), pumas en Santiago, peces en Venecia, por nombrar algunos ejemplos, han causado grata sorpresa. La mayoría de los comentarios aluden a los perjuicios que causa el hombre y sus actividades, algo repetido en los últimos años, a propósito de los cambios causados por el fenómeno del calentamiento global en ciernes.

La actividad humana a gran escala efectivamente ha causado daños de magnitud en varios equilibrios naturales. La desaparición de especies animales y vegetales es un hecho indesmentible, cuyos efectos desconocemos, pero que los estudiosos han catalogado de muy graves.

En estos días de pandemia hemos apreciado pinceladas de la naturaleza que nos rodea y de la cual somos parte. Sin caer en extremos, debemos reconocer que la soberbia y falta de empatía de este modelo son un problema para muchos ecosistemas y culturas afectadas por un comportamiento mezquino y avaro de algunas actividades agresivas con el entorno.

Estas imágenes de animales rondando nuestras ciudades no cambiarán mucho el tipo de desarrollo de nuestros países, pero podrían ser advertidos, al menos, como pequeñas señales que golpeen nuestras limitadas consciencias y egoísmos. No estamos solos en este mundo, somos parte de algo más complejo, con valores que sobrepasan lo meramente económico.

Quizás esta sacralidad extraviada, como el conocimiento de los pueblos originarios y la misma naturaleza, son cuestiones que debiéramos atender y sopesar en mayor magnitud. Estos animales, aparentemente extraviados en los centros urbanos, caminando con miedo y entrando a lo desconocido de las selvas humanas, podría ser al menos una pequeña alerta para salir de nuestras habituales pequeñeces.

La discusión de la nueva ley de migraciones lleva ya siete años en el Congreso. La Comisión de Gobierno Interior, acordó de forma trasversal mantener el equilibrio entre el respeto y garantía y protección de los DD.HH. de los migrantes con el legítimo derecho del Estado y sus ciudadanos de definir la política migratoria y regular el ingreso y estadía de los extranjeros en el país. Tanto el Ejecutivo como los senadores que conformamos la comisión de Gobierno manifestamos nuestra conformidad con una norma que, respetando los derechos de los migrantes, daba herramientas al Estado para tener una migración segura, ordenada y regular, incidiendo sobre los flujos migratorios que puedan venir en un futuro.

Este consenso promovía un sistema donde los extranjeros sinceraban las razones por la cual vienen a nuestro país, sancionaba a quienes ingresaban de forma clandestina, e incentivaba a pedir visa en sus consulados.

Sin embargo, en la discusión en la Comisión de Derechos Humanos, el senador del Frente Amplio, J.I. Latorre, el senador Alejandro Navarro, independiente, y la senadora Yasna Provoste, DC, decidieron abrir un camino paralelo a la regularidad y convertir la ley migratoria en una norma inútil, pues este camino paralelo permite ingresar al país y residir en él a cualquier extranjero, haciendo casi imposible su expulsión, sin importar su forma de ingreso y convalidando todo acto contra derecho de un extranjero irregular.

Todas las modificaciones son graves. Por razones de espacio me referiré a las más evidentes. Una indicación permite que los extranjeros irregulares, sin importar si ingresaron clandestinamente a Chile, obtengan una visa de residencia, automáticamente a los dos años, si tienen un contrato de trabajo. Se generan tres instancias de discusión de una expulsión, administrativa, corte de apelaciones y corte suprema, lo que convierte en ineficaz cualquier medida de expulsión dictada contra un extranjero. La PDI solo tendría, después de años de esperar el resultado de la litigación en las Cortes, 24 horas para ubicar al extranjero infractor, detenerlo, certificar su documentación en el consulado del país que corresponda, comprar pasajes para él y los escoltas y abandonar el país, teniendo una prohibición de ingreso de al país que, podría ser incluso, de solo seis meses.

Lo anterior es solo un ejemplo. También quitaron a la PDI en frontera la facultad de prohibir el ingreso a extranjeros que mientan en sus declaraciones o que porten en sus equipajes elementos para cometer delitos como los skimmers para clonar tarjetas de crédito. Lo curioso es que un extranjero que pida su residencia en el país de origen, deberá esperar dos años para obtener la definitiva. Se trata mejor al infractor que al que respeta la ley.

El Presidente Piñera no firmó el Pacto Mundial para las Migraciones porque este documento no distinguía entre migración regular e irregular. Ahora, los senadores Latorre, Provoste y Navarro, introducen como derecho del migrante, ingresar y residir en nuestro país sin importar si respeta o no las normas y sin que podamos hacer nada al respecto, es decir, han convertido un Proyecto de Ley que establecía una solución real al tema migratorio en un muy buen proyecto de ley para el migrante irregular, pero muy malo para Chile.

Qué pensaría usted si un día cualquiera recibiera una llamada desde el celular de una persona que está cumpliendo una condena en la cárcel, de seguro pensaría que es una pitanza o lo están estafando, pero lo anterior pudiera ser lo normal en las cárceles del futuro, si de verdad nos creemos aquello de que cuando una persona está presa tiene coartada su libertad, pero no por ello su derecho a comunicarse.

Si bien hoy en día en las cárceles está permitido que los reos tengan acceso a televisión, radio y, en algunos penales, existe un teléfono público para efectuar llamadas; sin embargo no les está permitido tener acceso a celulares propios, ni tampoco a la internet.

No obstante ello, es frecuente encontrar en los allanamientos equipos móviles escondidos por los reos, que realizan llamadas clandestinas, a pesar de las antenas instaladas por gendarmería para bloquear las señales que, por lo demás, poco y nada funcionan, son casi un gasto inútil, porque cuando son efectivas bloquean hasta las señales de teléfonos de los propios guardianes.

Pero lo anterior pudiera cambiar de manera radical luego que durante la pandemia, para evitar contagios se tuviera que suspender las visitas familiares a los presos.

Porque para contener la angustia y descomprimir en parte la justificada tensión de los presos que necesitaban comunicarse y saber cómo se encontraban sus familiares, se les permitió el uso de celulares, evitando realizar allanamientos para confiscar aparatos y aplicar castigos intrapenitenciarios a sus dueños, también se efectúan video llamadas supervigiladas por gendarmes.

"Nuestra política respecto al uso de teléfonos celulares por parte de los internos, que están prohibidos, ha sido distinta. Hemos tácitamente terminado con esa aplicación de medidas severas para quienes están con celulares, desde luego no se les hacen allanamientos para buscar celulares, no se les quitan los celulares, porque entendemos en esta oportunidad que esos medios contribuyen a mantener la relación de las personas internas con sus familiares", explicó el ministro de Justicia, Hernán Larraín.

Si la innovadora y humanitaria medida dio positivos resultados, sería, entonces, muy arriesgado, o una soberana estupidez, pensar que en un futuro cercano los reos puedan contar con celular propio, toda vez que por derecho adquirido, si lo que durante la pandemia se obtuvo y funcionó, ¿por qué entonces habría después que quitárselo? ¿No sería, acaso, una injusticia? más todavía si consideramos los beneficios que podría acarrear el poder tener y hacer uso de un celular, significaría un cambio trascendental en el cotidiano quehacer penitenciario y contribuiría a sobrellevar la de por sí solitaria y angustiante vida carcelaria actual.