La Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento dio a conocer que durante el primer trimestre de este año, 437 empresas deudoras debieron liquidar sus bienes, lo que representa un incremento de 19% respecto al mismo período del 2019, cuando se reportaron 367 casos.

Asimismo, las personas en quiebra por deudas llegaron a 1.298 hasta marzo del presente año, un 15% más que el año pasado.

Es indudable que el golpe económico como resultado de la pandemia de COVID-19 ha sido duro para las empresas y trabajadores, pero especialmente lo es para el sector comercio, que enfrentaba ya situaciones difíciles tras las acciones de destrucción y saqueos que sufrieron a partir del 18 de octubre. La economía en todo el mundo enfrenta una crisis global, que también golpea a nuestro país, cuyo aparato productivo está muy orientado a las exportaciones, por lo que si las compras de esas naciones se restringen, los efectos repercutirán en las compañías nacionales. El país se ve involucrado en esa crisis, ya sea por contracción de los mercados externos para el cobre, la celulosa, la madera, entre otros y también porque los precios de las materias primas bajan, se registrarán menos exportaciones y en consecuencia habrá menos empleo.

Hay empresas que han cerrado sus puertas, otras operan a media capacidad y hay actividades que enfrentan severas crisis a raíz de esta situación, como es el caso del transporte aéreo, la hotelería y el turismo, entre otras. Como consecuencia del cese de algunas actividades, se ha incrementado la tasa de desocupación.

La micro, pequeña y medianas empresas son el 98% del total de unidades productivas que funcionan en Chile, aunque sus ventas sólo representan el 13,7%. No obstante, ese sector es el gran generador de empleos, y por lo mismo, cuando enfrentan problemas esto repercute fuertemente en el mercado laboral.

No se trata de caer en pesimismos, sino más bien advertir con realismo que habrá que enfrentar períodos difíciles, que hay que ser moderado con el endeudamiento y aterrizado en las inversiones.

Los efectos del COVID-19 nos ha golpeado. Salud, educación, empleo, son solo alguna de las áreas afectadas, áreas vitales y que hablan de una pandemia que afecta los derechos humanos de las personas.

Especial preocupación es el tema laboral, más aún en el contexto del Día Internacional del Trabajo y cuando el Ministerio del ramo acaba de confirmar que casi un millón 300 mil personas se encuentran desempleadas o con sus contratos suspendidos. Desde Fundación TACAL hemos constatado - sin cifras concretas aún- que, a la hora de desvincular, las personas con discapacidad están siendo afectadas.

Hasta antes de la Ley 21.015, el 70% de las personas con discapacidad no contaban con un trabajo formal. La Ley de Cuotas de Inclusión Laboral ha sido un importante aliciente para fomentar el empleo en el sector, por nuestra parte, con mediación y capacitaciones, para que esta inclusión se realice según competencias y en una perspectiva de derechos.

¿Será este un 1° de mayo inclusivo? Mi esperanza es que sí, porque debemos aprender de los desafíos y de las experiencias de otros.

Hace unos días leía en el diario El País de España cómo en las personas con discapacidad, tras la vuelta al trabajo y con los intentos de volver a la normalidad, surge el temor que algunos centros especiales no puedan continuar, porque enfrentan una caída en la actividad y pérdida de ingresos que comprometen su vialidad, sumado a los ajustes que ha tenido que hacer el Ministerio del Trabajo de España, respecto de subvenciones a los mismos.

Esa es la realidad en varios países, pero no es la realidad de Chile. Hay una tremenda oportunidad, recordando que hemos apostado por una ley que vitalice la experiencia inclusiva y genere espacios de empleo. Sin embargo, su efectividad tiene que ver con evaluar a la persona con discapacidad en su mérito y bajo parámetros de competencia. Esa perspectiva es la que hace la diferencia.

Hay respuestas para evitar dar más vulnerabilidad a los que ya son vulnerables. Invitamos a las empresas a contactarnos para apostar por la inclusión laboral y contratar a personas con discapacidad; usar la franquicia tributaria en pre contratos para poder entregarles mayores herramientas y que puedan de esa forma incluirse nuevamente en la sociedad, entre otras opciones.

La esperanza es que esta crisis de salud, social y económica se frene, porque con o sin pandemia las personas con discapacidad tienen que comer, vivir y alimentarse, al igual que el resto de la población.

En el curso de la grave pandemia por coronavirus un tema de máxima importancia es definir quién tiene la enfermedad, quién la puede contagiar y quién ya la tuvo, no es contagioso y, eventualmente, logró inmunidad (defensas naturales) contra ella.

Para esto pueden usarse técnicas de detección del virus, siendo el más conocido el llamado test PCR (polimerase chain reaction). Este examen reconoce partes del ARN viral (ácido ribonucleico), que contiene la información genética del virus, lo que lo hace muy específico, vale decir, cuando está positivo la probabilidad de estar contagiado es muy alta, prácticamente segura. Lo anterior resulta muy valioso, ya que permite tomar las medidas de salud pública de aislamiento, evaluar progresión y asignar recursos. Chile es uno de los países en que esta técnica se ha aplicado en mayor proporción.

Sin embargo, si el test sale negativo, no es posible asegurar que la persona no tenga el virus en su organismo, es decir, la sensibilidad no es ciento por ciento, probablemente alcance a alrededor del 70 %. Esto puede deberse a que se toma una muestra de secreciones de la nasofaringe y la distribución del virus y la cantidad (carga viral) son muy variables.

Es muy posible que a estas alturas en nuestro país exista un número creciente de portadores asintomáticos del virus, especialmente jóvenes, que no tendrán síntomas, mas pueden contagiar. Debido a eso las medidas de distanciamiento social, lavado de manos y uso de mascarilla en lugares cerrados compartidos son de vital importancia para prevenir el contagio de la población de riesgo.

Una pregunta sin respuesta aún es cómo determinar con seguridad que una persona ya es inmune contra la enfermedad, o sea que no puede volver a enfermarse ni contagiar a otros. La evidencia disponible muestra que la mayoría de los casos son asintomáticos o con leves molestias y al cabo de 14 días, se asume, por conocimiento general de la cinética viral, que dicha partícula no se sigue replicando en el organismo, ha desaparecido y no es posible contagiar a otros. No necesariamente sirve hacer una PCR nuevamente, puesto que lo más probable es que el virus ya no se encuentre en la mucosa respiratoria superior. Una manera más objetiva es detectar anticuerpos (inmunoglobulinas) que los linfocitos B, transformados en células plasmáticas, producen para "identificar" los virus y hacer que el sistema inmune en su conjunto lo elimine ante el primer contacto o aparición de este.

No obstante, aún persisten muchas interrogantes, ya que no solo la presencia de inmunoglobulinas (Ig G especialmente), sino que la integridad de todo el sistema inmune pueda dar cuenta del SARS CoV 2. Tampoco hay claridad en cuanto a la sensibilidad y especificidad que detectan estos anticuerpos, cuyas técnicas se encuentran aún en desarrollo, lo que permitiría dar luces acerca de la real defensa que podamos obtener. Afortunadamente son múltiples las iniciativas a nivel mundial para lograr aclarar muchos aspectos del diagnóstico, que deberían apoyar los esfuerzos en post de controlar la enfermedad. Eso incluye, por supuesto, el desarrollo de una vacuna, lo que es cuestión de tiempo.