Los seres humanos somos un cúmulo de experiencias, un resumen del pasado, de costumbres que van en permanente cambio y transformación con el paso del tiempo y las modificaciones del ambiente que nos rodea. Las tradiciones, la cultura, entre otros, nos determinan, pero también está el libre albedrío y la toma de las posibilidades que se abren a cada instante, incluyendo -o en especial- en las crisis.

Todo está en permanente modificación y casi siempre, tales transformaciones son mucho más grandes que aquello esperado o presupuestado por nosotros. La capacidad de diseño y control nunca es infinita.

Así, por ejemplo, el tiempo cambió con la irrupción del automóvil, el avión, el correo electrónico y los medios satelitales; la salud no fue la misma tras el descubrimiento de los vectores que causan los males o la importancia de la higiene y, en consecuencia, de los procedimientos necesarios para evitar los problemas.

En tal perspectiva, la pandemia de coronavirus traerá alteraciones relevantes, algunas de las cuales ya son evidentes en nuestras prácticas y podrán tener mayor profundidad según cuánto impacten las sociedades.

Esto no solo está referido a lo económico, cosa que se hará más evidente con el paso de las semanas, sino a cuestiones de práctica cotidiana.

Mantener acciones de higiene personal recurrentes; posibilidad real de trabajar desde la casa; tener otras formas de entretenimiento; de consumir; de relacionarnos con el comercio y otras personas, son cuestiones que pueden normalizarse como hábitos.

Hoy, por ejemplo, el uso de internet se ha incrementado en función de que en esa alternativa están aplicaciones de todo tipo que permiten reemplazar prácticas como comprar o entretenernos.

Pero también habrá otros avances en control de los propios gobiernos que hoy pueden tener acceso a un control fino de cada una de las personas, usando las mismas herramientas que las personas usamos. Ello evidentemente exigirá bastante mesura por parte de los legisladores.

El mundo no es el mismo de 2019 y mañana no será el mismo de hoy.

En Chile existe libertad de precios, pero una vez decretado el Estado de Excepción, una Ley especial (distinta a la Ley del Consumidor), permite perseguir y sancionar los delitos de acaparamiento y manipulación de precios, así como la venta de alimentos peligrosos.

En efecto, el Estado de Excepción de Catástrofe (Ley N° 16.282) prohibe a las empresas negar la venta al público, ocultar, destruir o eliminar bienes de primera necesidad o vender productos adulterados o riesgosos para la salud.

La medida también permite regular la venta para que no se desarrolle en condiciones abusivas, o que induzca a engaño respecto a la calidad, peso o medida. Lo anterior, incluye fiscalizar la veracidad de ciertos productos que supuestamente previenen el coronavirus.

Para que se cumpla esa ley, el Sernac estará fiscalizando a lo largo de todo el país el acaparamiento y eventual especulación de precios de productos básicos para la prevención de la pandemia, así como la publicidad engañosa o la venta de productos inseguros en el comercio formal.

En caso de detectar alguna de estas conductas, lo que puede hacer el Servicio es denunciar al Ministerio Público para que investigue o a la autoridad sanitaria según corresponda.

La Ley especial sanciona con pena de presidio menor en su grado mínimo a medio (61 días a 3 años) a las personas que incurran en este tipo de conductas.

El monitoreo que el Sernac realiza a los mercados no ha detectado hasta ahora precios injustificadamente desproporcionados en el gran comercio, sin embargo, sí se han detectado algunos problemas en el comercio alternativo.

Por ello, hemos oficiado a los portales intermediarios de ventas online, tales como Mercado Libre, Yapo, y Cupoclick, para exigir el bloqueo a vendedores que exijan precios evidentemente desproporcionados de productos básicos para evitar el coronavirus como mascarillas y alcohol gel.

Asimismo, hemos solicitado a estas empresas mejorar sus filtros para evitar estafas y publicidad engañosa relacionada con la contingencia, ya que hemos recibido algunos reclamos de consumidores que denuncian precios abusivos de estos productos, estafas de falsos vendedores, así como casos de publicidad engañosa.

A través de este oficio exigimos a las plataformas a informar sobre cualquiera de estas situaciones, así como la necesidad de monitorear, revisar, chequear y bajar las publicaciones que aprovechen la emergencia para engañar a los consumidores. El Sernac seguirá monitoreando los mercados, analizando los reclamos y visualizando aquellas materias en las que pueda utilizar sus facultades en beneficio de los consumidores.

Asimismo, instamos a los consumidores que detecten este tipo de conductas, ingresen sus "Alertas ciudadanas" a través de nuestro sitio web www.sernac.cl.

Hace 15 días hemos visto cómo la pandemia llamada COVID-19 se ha tomado la agenda, con la cual se ha decretado toque de queda a nivel nacional; cuarentena en algunas comunas de la Región Metropolitana y en otras regiones; cordones sanitarios y también hemos tenido que lamentar 5 personas fallecidas a la fecha.

Sin embargo, es preocupante la situación que viven muchas personas que no pueden dejar de trabajar; quienes atienden en los supermercados, vendedores ambulantes, trabajadores de la construcción y todos aquellos quienes son el soporte para darnos los servicios primarios. Porque es necesario decir que la cuarentena es una medida de clase, solo algunos privilegiados pueden "teletrabajar" y recibir un sueldo a fin de mes sin la incertidumbre de si contar con ese dinero o no.

Esta es la realidad que están viviendo miles de familias en nuestro país y aún más brutal… muchas de ellas no cuentan con agua ni electricidad, ¿se imaginan llegar a casa bajo esas condiciones y además estar en inminente riesgo de contagio? Hoy las familias de campamentos no cuentan con servicios básicos ni con una casa adecuada para poder cumplir con medidas de precaución, distanciamiento social e higiene para evitar el contagio del coronavirus. Y si bien esta pandemia no distingue a quién contagia, con esta emergencia sanitaria, una vez más, queda en evidencia la profunda desigualdad y gran vulnerabilidad que enfrentan miles de familias que viven en estos asentamientos. Lo que para unos es exclusión, para otros es un privilegio.

Por ejemplo, en la Región de Antofagasta, hay más de 7 mil familias en 79 campamentos que no pueden escoger si lavarse las manos o no porque dependen injustamente de camiones aljibes o de conexiones irregulares para abastecerse de agua potable. La urgencia es permanente, a menos que hagamos algo en conjunto para revertirlo.

Según el catastro de campamentos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Minvu, del 2019, el 92% de las familias de campamentos no cuenta con acceso formal a agua potable; casi el 20% vive en condiciones de hacinamiento, entonces, con esta información a disposición: ¿cuál es el plan del Estado para que esas familias puedan protegerse de esta pandemia?

¿Qué medidas se implementará desde el Ministerio de Salud y el Ministerio de Desarrollo Social para no lamentar muertes una vez más de las personas de los grupos más vulnerados de nuestro país?

Javier Cifuentes Silva

Director de TECHO-Chile en la Región de Antofagasta