La situación en la que se encuentra el país por la pandemia de COVID-19, nos obliga a estar evaluando día a día las acciones que, como país, debemos adoptar. Por ello, es importante informarse responsablemente en torno a las precauciones a seguir.

Bajo este contexto, muchos organismos públicos y privados, hemos adoptado la modalidad de teletrabajo, esto con el fin de resguardar la salud e integridad de las personas con las que convivimos a diario, no exponerlos al contacto directo, evitando aglomeraciones y así reducir las posibilidades de contagio masivo.

Este miércoles 18 de marzo, el Gobierno decretó Estado de Catástrofe para todo el país, todo esto para evitar el avance y enfrentar el rápido aumento de personas contagiadas a lo largo del territorio.

Países como España e Italia han sido duramente golpeados por esta pandemia, y es necesario aprender de esa terrible experiencia. Quedarse en casa, minimizar el contacto y propiciar el aislamiento social, son algunas de las acciones, que hasta ahora, han demostrado ser las más efectivas a nivel mundial.

Como Universidad del Estado, nos ponemos al servicio de la comunidad, a través de académicos e investigadores, con el propósito de aportar con conocimiento y educar responsablemente entorno a esta pandemia. Además, estamos analizando nuestra capacidad instalada, para poder ser un aporte concreto, de agravarse la situación de salud pública en la región y el país.

Cuando ya se han confirmado los primeros casos positivos de COVID-19 en Antofagasta, no olvidemos que necesitamos poner atención a la salud mental de los ciudadanos, apoyándonos unos con otros.

Hoy más que nunca, dependemos de la solidaridad para enfrentar esta situación.

Finalmente, reitero el llamado a la unidad y a mantenerse informados a través de los canales oficiales, a tomar los resguardos de cuidado personal y colectivo, evitar los desplazamientos y seguir las recomendaciones indicadas por la autoridad, de tal manera de contener lo más posible los efectos de esta pandemia.

El exPresidente Ricardo Lagos dijo alguna vez que "en Chile, las instituciones funcionan". No es una trivialidad: las instituciones podrían no funcionar, pues ninguna regla escrita tiene vida si no hay personas dispuestas a darle cumplimiento, aunque ella amenace con las penas del infierno. Las instrucciones pueden indicar lo contrario, pero nada me impide utilizar el alicate como un martillo o el desatornillador como un formón. Sin embargo, así no duran mucho las herramientas.

Se observa en Chile cierto deterioro de nuestra institucionalidad, anterior al 18 de octubre pasado. Hay varios ejemplos, como la acusación constitucional esgrimida por algunos diputados en contra de una ministra, por no haber ejecutado el presupuesto anual… de un año que no había finalizado (rechazada el 1 de octubre).

Antes había sido empleada contra jueces de la Corte Suprema, por aplicar leyes dictadas por el propio Congreso (rechazada el 13 de septiembre, por poquito). Siempre hubo algún abogado dispuesto a sacarse de la manga una tinterillada (la más notable son las "mutaciones constitucionales", estilo X-Men). La Corte Suprema no puede quejarse de esta subversión de las instituciones, pues ella misma traspasó su competencia al revisar, mediante un recurso de protección, la constitucionalidad de una sentencia ¡del Tribunal Constitucional! (7 de octubre, y esta vez con éxito). Tenía argumentos, pues el papel lo aguanta todo.

Los acontecimientos posteriores al 18 de octubre crearon un contexto adecuado para profundizar la crisis de las instituciones: piénsese en las sentencias que ordenaron a Carabineros prescindir de los rifles antidisturbios (jueces diseñando políticas públicas), o en la idea del senador Alejandro Guillier de declarar inhábil al Presidente Sebastián Piñera (el profesor Corral ha recordado que esta estrategia también fue sugerida en 1973).

Y la actual crisis sanitaria ofrece nuevos ejemplos de subversión institucional: el decreto de cierre de malls que emitieron algunos alcaldes en exceso de sus atribuciones, o el recurso de protección presentado ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso para exigir que se ordene una cuarentena (ofreciéndole una oportunidad de caer en activismo judicial: veremos en qué queda esto).

No se trata de que esas medidas sean o no convenientes o incluso necesarias; los hechos han confirmado la oportunidad de algunas, mientras que otras se manifiestan desacertadas.

El verdadero problema es que se utilicen (o se proponga utilizar) instituciones que tienen un fin, con el objeto de alcanzar otro fin totalmente distinto -y obtener, de pasada, un rédito político-. Usar, a sabiendas, el alicate como martillo (o el martillo como arma electoral).

El asunto es especialmente delicado durante este 2020, pues no tiene objeto alguno que discutamos la conveniencia de redactar una nueva Constitución, si luego vamos a prescindir olímpicamente de ella; antes, es preciso ponernos de acuerdo en que habrá de ser respetada, nos convenga o no. Las instituciones funcionan solo si estamos de acuerdo en que funcionen. ¿Estamos de acuerdo?

Todo indica que los efectos de la pandemia de COVID-19 durarán varios meses. En especial en el Hemisferio sur, donde recién comenzamos el período otoño e invierno por los siguientes seis meses.

Este será un lapso complicado desde el punto de vista sanitario y económico. Ya estamos viendo el despido de muchos trabajadores, recortes salariales importantes y otras medidas que apuntan a que distintas compañías sean viables financieramente.

Las razones son obvias: miles de emprendimientos en el país, millones es el mundo, son golpeados por las necesarias restricciones de operación. El comercio -altamente intensivo en el uso de mano de obra- es uno de los más afectados, peor aún considerando el detrimento que ya presentaba por la violencia que caracterizó parte de la crisis social desatada a partir del pasado 18 de octubre.

Esta no es una crisis cualquiera, es un problema mayúsculo, tremendamente difícil de abordar y muy desafiante por lo inédito en tiempos modernos.

Ante eso, todas las medidas de ayuda para la población se hacen muy necesarias. El país comenzó a debatir la posibilidad de suspender el pago de servicios básicos como agua y electricidad (y por qué no la telefonía e internet), reponerlo en aquellos casos de corte existente, en especial el agua, porque la magnitud del fenómeno puede ser inmanejable para muchas personas y familias.

El gobierno hizo ayer anuncios en ese sentido, lo que podría entenderse como un primer paso y no como el final de las disposiciones que se consideran.

Lo mismo con las instituciones financieras, que, si bien han dispuesto algunos beneficios, deben estar disponibles para mejorar más la oferta presentada a los mercados.

No pretende este escrito dibujar un escenario pesimista, menos gatillar una profecía autocumplida, sino dejar en claro que Chile entero debe tomar consciencia de esta nueva realidad que ya ha parado buena parte de la actividad productiva del mundo en los cinco continentes.

Serán semanas y meses cuesta arriba que exigirán esfuerzo, paciencia y buen ánimo.