Secciones

  • Portada
  • Actualidad
  • Actualidad general
  • Opinión
  • Clasificados
  • Servicios
  • Deportes
  • Espectáculos
  • Contraportada
ENTREVISTA. Liesbeth van der Meer, directora de Oceana en Chile

"Los mayores cuestionamientos vienen por la insuficiente línea de base del medio marino"

E-mail Compartir

La ONG Océana es una de las principales críticas del proyecto, lo que explicó Liesbeth van del Meer, directora del organismo en Chile.

¿Cuáles son los principales cuestionamientos a la iniciativa de Andes Iron?

- En Chile, los proyectos que causen impacto en el medio ambiente deben someterse a un proceso de evaluación ambiental, mediante el cual se determinan los impactos que tendrán en el área donde se pretenden desarrollar. Para ello, las empresas deben proporcionar una línea de base. En el caso del proyecto Dominga, los mayores cuestionamientos vienen por la insuficiente línea de base del medio marino, la incorrecta identificación y evaluación de los impactos, el análisis insuficiente de los impactos sinérgicos con el proyecto Cruz Grande y deficiencias en compensación ofrecidas por la empresa producto de la afectación del proceso de nidificación del Pingüino de Humboldt.

Por dar solo un ejemplo, Andes Iron para levantar la línea de base del medio marino en las rutas de navegación hizo una campaña de dos días en septiembre, lo cual bajo ningún punto de vista es suficiente para caracterizar el medio marino y las variaciones estacionales que exige la evaluación ambiental, cruciales para evaluar impactos sobre la presencia y comportamiento de las especies que abundan en el área como ballenas, delfines y pingüinos de Humboldt.

La empresa sostiene que su impacto sobre el medio ambiente marino no es tal, considerando que está a varios kilómetros de las zonas de pesca y protegidas.

- Quiere instalarse justo en medio del Archipiélago de Humboldt, que se extiende desde Chañaral de Aceituno por el norte hasta Caleta Hornos en el sur, zona que ha sido reconocida por la ciencia como única e irremplazable producto de un fenómeno oceanográfico que se produce ahí conocido como surgencia y que permite la abundancia de alimento para las especies y también el desarrollo de actividades sustentables como la pesca artesanal desde áreas de manejo, las cuales son las más productivas de todo el centro norte de Chile.

Por lo tanto, la aseveración de la empresa es incorrecta por tres razones fundamentales avaladas por innumerables publicaciones científicas. Primero, el proyecto pretende instalarse en una zona de máxima importancia de la Corriente de Humboldt, la cual se desplaza de sur a norte, por ende, cualquier derrame de sustancias en la zona donde pretende instalarse el proyecto será transportado directamente a las reservas que se ubican en el norte. Segundo, una especie emblemática como el pingüino de Humboldt anida en la parte terrestre de las reservas, sin embargo, nada en un radio de 50 kilómetros para alimentarse. Finalmente, las zonas de surgencia en Chile son pocas, donde hay abundancia de alimento y es justo el lugar donde las ballenas, después de transitar por largo tiempo, ingresan a la bahía para alimentarse y descansar. Es por esta razón que es uno de los pocos lugares de Chile donde se puede realizar avistamiento de cetáceos y delfines desde muy cerca a lo largo del año.

¿Qué esperan del Tribunal Ambiental?

- Luego de que el proyecto fuera rechazado por la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo y por el Comité de Ministros y posteriormente la Corte Suprema estableciera que la forma en que se rechazó Dominga estuvo correcta, ahora el Tribunal Ambiental debe evaluar el fondo, es decir, las razones técnicas que motivaron el rechazo del proyecto. Nosotros tenemos la convicción que estuvo muy bien fundamentado, tenemos a la ciencia de nuestro de lado, por lo tanto, creemos que Dominga debe seguir rechazada.

"Es uno de los pocos lugares de Chile donde se puede realizar avistamiento de cetáceos y delfines desde muy cerca a lo largo del año".

Dominga, el proyecto minero llega a Antofagasta

JUSTICIA. El caso será revisado mañana martes a partir de las 15 horas en las salas de la Corte de Apelaciones de la capital regional, bajo la tutela del Primer Tribunal Ambiental.
E-mail Compartir

V. Toloza Jiménez

Fue el último día de agosto de 2017 cuando los ministros de Hacienda y Economía, Rodrigo Valdés y Luis Felipe Céspedes, junto al subsecretario de Hacienda, Alejandro Micco, renunciaron a sus cargos.

Eran las postrimerías del segundo gobierno de Michelle Bachelet, cuando el gabinete económico en pleno dejó el ejecutivo por las diferencias con lo acontecido con el proyecto minero portuario Dominga que pretende desarrollarse en que se emplaza en la comuna de La Higuera, 70 kilómetros al norte de La Serena en la Región de Coquimbo.

La iniciativa, que contempla una inversión inicial estimada de US$ 2.500 millones para producir 12 millones de toneladas de concentrado de hierro y 150 mil toneladas de concentrado de cobre, se ha convertido en uno de los proyectos más complejos del último tiempo.

Algunos de sus protagonistas son Carlos Alberto Délano, socio controlador del grupo Penta, líder de Andes Iron, dueño de Dominga, junto a la familia Garcés.

El actual Presidente Sebastián Piñera, estuvo presente en los orígenes de la iniciativa mediante un fondo de inversión en el que participó el family office de la familia del Mandatario.

Un asunto nada de sencillo.

Más protagonistas

Pero hay más actores. El 24 de marzo de 2014, trece días después de que Michelle Bachelet iniciara su segundo gobierno, su hija menor, Sofía Henríquez, adquirió un terreno en la comuna de La Higuera, IV Región. La joven de entonces 21 años y que en el documento figura como "estudiante de psicología", adquirió un lote de 5.000 metros cuadrados por $ 6.500.000, monto que fue "pagado al contado" el 9 de junio de 2014.

Es un sitio eriazo y desértico. La vendedora del terreno era su cuñada, Natalia Compagnon, quien entre agosto de 2013 y enero de 2014 había comprado en esa zona 12 lotes de media hectárea cada uno. El paño completo, de seis hectáreas, se ubica en la Ruta D-110, justo a mitad de camino entre el balneario de Punta de Choros y el lugar donde se construiría el proyecto Minera Dominga, citó entonces La Tercera.

Los cuestionamientos y diferencias ambientales y políticas han sido mayúsculas, por lo que hasta ahora, nada ha podido hacerse debido a una serie de polémicos reveses.

Encima, la ciudadanía parece dividida. Mientras la mayoría de los habitantes de La Higuera están a favor, en la costa, gremios de pescadores, parecen estar en contra.

Y se suman los gremios y empresas mineras que ven con atención el desenlace del caso.

Las complicaciones

El 2017 y tras tres años y medio de evaluación, el Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de Coquimbo recomendó aprobar Dominga emitiendo un Informe Consolidado de Evaluación (ICE) favorable. No obstante, el 9 de marzo del 2017, la Comisión de Evaluación Ambiental (CEA) de Coquimbo, liderada por el exintendente Claudio Ibáñez, rechazó el proyecto. Lo insólito es que hubo seremis que rechazaron pese a que al término de la etapa de evaluación, todos los servicios plantearon su conformidad con el proceso.

Tras la votación, diversos actores manifestaron presiones políticas desde La Moneda para el rechazo. Entonces, Dominga presentó un recurso de reclamación ante el Comité de Ministros, el cual lo volvió a rechazar en agosto de 2017, causando la renuncia del gabinete económico.

Tras ello, Andes Iron presentó un reclamo ante el Tribunal Ambiental de Antofagasta, en el que alegó ilegalidad e irregularidad en las dos votaciones anteriores.

Cinco meses después, el tribunal, entonces presidido por Daniel Guevara, y tras cinco meses de análisis incluyendo una inspección en terreno al área de emplazamiento del proyecto, falló a favor de Dominga ordenando retrotraer el proyecto al momento después de la publicación del ICE, por considerar que las votaciones del 2017 fueron arbitrarias e ilegales.

Sin embargo, en junio de 2018, la oposición al proyecto presentó un recurso de casación ante la Corte Suprema con el objetivo de revertir el dictamen del 1TA. Se incluyó un Requerimiento de Inaplicabilidad Constitucional ante el Tribunal Constitucional en contra de la resolución del 1TA, el cual no fue admitido por el Tribunal Constitucional.

En septiembre del 2019, la Corte Suprema dicta sentencia, devolviendo la causa al Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta y ordenando que éste se refiera a los puntos que previamente omitió referirse.

Entonces, el 1TA deberá referirse acerca de los aspectos técnicos que utilizó el Comité de Ministros para fundamentar el rechazo al proyecto y no de la forma en la que fue efectuada las votaciones.

El análisis

La causa encuentra al 1TA en un momento extraño, pues le faltan dos ministros. Uno es Daniel Guevara, quien debió salir de la institución, tras cumplir dos años de presidencia y el otro es Cristian Delpiano, quien asumió como ministro del Tribunal Ambiental de Santiago.

Lo otro es que Mauricio Oviedo (actual presidente del 1TA) y Marcelo Hernández, están inhabilitados para revisar la causa, por cuanto participaron del análisis anterior.

Esto deja solo al ministro Fabrizio Queirolo en disponibilidad, lo que obligó a buscar jueces en la Corte de Apelaciones de Antofagasta. Estos serán los ministros Yasna Pavlic (que también debe revisar el caso Pascua Lama y se le reconoce experticia en tema ambiental) y Juan Opazo (que juró en noviembre como ministro y asumirá la presidencia del tribunal de alzada hoy lunes 2).

Fuentes del 1TA sostienen que el análisis del caso debe ser estrictamente técnico y los ministros están preparados para ello, junto a sus asesores directos. En ningún caso debe se apunta lo político, pese a que se reconoce que esa dimensión es bastante relevante.

Ante la exigencia hecha por la Corte Suprema y la posibilidad de que Dominga pudiera volver hasta esa misma instancia, por solicitud de alguna de las partes, las definiciones -que debieran estar este mismo año- deben ser categóricas en el análisis y ajustadas a derecho, citó una fuente consultada.

El caso será revisado mañana martes a partir de las 15 horas en las salas de la Corte de Apelaciones y desde ya no se descarta que continúe durante el miércoles.

Los detalles, además, serán transmitidos por el canal del Poder Judicial.

"Como ministro de Medio Ambiente de la época, puedo dar fe que el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), luego de un proceso de evaluación ambiental serio y riguroso del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), recomendó técnicamente aprobar el proyecto Dominga".

Pablo Badenier, Exministro de Medio Ambiente

La versión del exministro Badenier

Consultado por este medio, Pablo Badenier, exministro de Medio Ambiente de la época, sostuvo que "puedo dar fe que el SEA, hizo un proceso de evaluación ambiental serio y riguroso del EIA de Dominga, por lo que recomendó técnicamente aprobar el proyecto, tal como consta en el expediente publico y en e Informe Consolidado de Evaluación (ICE) emanado del SEA. "Es difícil entender por qué el Comité de Ministros dictó una resolución de rechazo, sin considerar ni analizar los antecedentes de hecho y técnicos contenidos en el expediente... Esta decisión careció de una debida motivación y no se ajustó a la evaluación realizada por el SEA del EIA. Las decisiones del Comité de Ministros deben ser fundadas desde el punto de vista jurídico y ambiental. En caso contrario, esas decisiones administrativas son arbitrarias e ilegales", apuntó.

12 millones de toneladas de concentrado de hierro y 150 mil toneladas de concentrado de cobre, espera producir el proyecto minero que considera un terminal de embarque en el sector de Totoralillo Norte.

2.500 millones de dólares de inversión inicial están estimados. Su vida útil es de 28,5 años. Además, será un proyecto minero que utilizará 100% agua de mar en todos sus procesos.

2017 y luego de tres años y medio, el Servicio de Evaluación Ambiental de la región de Coquimbo recomendó aprobar Dominga, pero ese mismo año, lo rechazaron el CEA de Coquimbo y el Comité de Ministros.

Gerente asuntos corporativos de Andes Iron

"La gran mayoría de la comunidad quiere que se haga este proyecto"

E-mail Compartir

Francisco Villalón, gerente de Asuntos Corporativos de Andes Iron, sostiene que es clave que el proyecto sea revisado técnicamente y en derecho, algo que, en su opinión, en el "Consejo Regional de Coquimbo y el Comité de Ministros claramente no sucedió".

El proyecto Dominga ha tenido un camino muy difícil. ¿A qué atribuyen los rechazos sufridos? ¿Cuánto han impactado razones de orden político y la propiedad de la iniciativa?

- La tramitación podríamos dividirla en dos etapas. En la primera, de carácter técnico, Dominga obtuvo un Informe Consolidado de Evaluación (ICE) favorable, que recomendaba aprobar el proyecto. Ello tras mas de tres años de análisis de parte del SEA. Posteriormente, vino la votación Comisión de Evaluación Ambiental, integrada por el intendente y los seremis, que de acuerdo información pública que han entregado personas que participaron en ese proceso, se realizó en un contexto de presiones, ajenas al plano técnico. Posteriormente, en el Consejo de Ministros, hubo situaciones complicadas y que son de conocimiento público, que terminaron con dos ministros y un subsecretario renunciando al Gabinete. La composición de propiedad, en tanto, no ha tenido gravitación alguna.

¿Cuál es el relacionamiento con la comunidad? ¿Qué percepción tienen respecto del proyecto?

- Hoy la gran mayoría de la comunidad quiere que se haga este proyecto y hacia ellos sentimos una enorme responsabilidad. Así quedó reflejado en la reciente consulta ciudadana realizada por la Asociación de Municipalidades. La gente está cansada de centralismo y de que grupos minoritarios que buscan imponer sus ideas destruyan sus sueños y esperanzas.

Desde un inicio este proyecto ha realizado un intenso trabajo con la comunidad de manera transparente. Tras un proceso de diálogo, la empresa cerró hace mas de tres años un acuerdo marco con la comunidad para fomentar el desarrollo humano, ambiental y productivo de la comuna de La Higuera. Este acuerdo implica un aporte de entre US$ 2 y US$ 4 millones anuales (del orden de hasta US$ 100 millones aproximadamente en 25 años) a una entidad compartida que financiará iniciativas acordadas con la comunidad.

Asimismo, la empresa usará ciento por ciento de agua desalada en sus procesos, lo que permitirá asegurar el consumo humano en La Higuera.

¿Qué esperan del Primer Tribunal Ambiental?

- Creemos en la justicia. Esperamos que ahora que se volverá a analizar el fondo del caso, un tribunal especializado pondere la información técnica, lo cual en instancias como el Consejo Regional y el Comité de Ministros claramente no sucedió.

"La gente está cansada de centralismo y de que grupos minoritarios que buscan imponer sus ideas destruyan sus sueños".