Redacción
"El reproche penal no inhibe actos de esta naturaleza", explicó el fiscal nacional Jorge Abott, al ser consultado por la situación de Antofagasta, la única región del país en la aún se registran saqueos y desórdenes graves a tres meses del estallido social.
Las preguntas sobre la contingencia fueron realizadas ayer al jefe del Ministerio Público, quien asistió a la cuenta anual del fiscal regional Alberto Ayala. Esto, ya que -entre varios hechos- en la ciudad cerraron dos supermercados que acumularon 17 saqueos y la noche del miércoles, robaron $10 millones desde una sucursal de Brinks.
Respecto de los delitos cometidos en el contexto del estallido social, Abbott dijo que la fiscalía tiene el compromiso de hacer "profundas investigaciones", tanto de ilícitos comunes como los que afectan a los Derechos Humanos.
Sobre Antofagasta, donde persiste el robo en lugar no habitado (saqueo), el persecutor sostuvo que el reproche penal no inhibe esta clase de actos.
"La experiencia nos indica que podemos tener altas condenas por tráfico de drogas, pero eso no inhibe a ciertas personas cometer esos delitos", explicó.
Orden público
En cuanto a las tareas de la fiscalía, enfatizó que "acá, el problema del orden público tiene que ver con enfrentar el conflicto social buscando las raíces del mismo, sin perjuicio de nuestra obligación de sancionar las conductas que se aprovechan de las manifestaciones legítimas".
Existe una gran cantidad de registros audiovisuales en los que se aprecia el rostro de quienes cometen delitos, pero el fiscal nacional dijo que "ponerle un nombre" a esas caras es muy complejo.
Y adelantó que están trabajando en la adquisición de un software de reconocimiento facial, que si bien no son 100% precisos, ofrecen un punto de partida para comenzar las investigaciones.
Críticas
Durante la exposición de su cuenta pública 2019, el fiscal regional Alberto Ayala también se refirió a la contingencia y en especial, a las críticas que ha recibido el Ministerio Público desde el sector político dentro del estallido social.
"En relación a las críticas a nivel nacional, de personas que han reclamado otra forma de actuar de los fiscales, quiero dejar en claro que pensar que los fiscales deben estar en el sitio del suceso ordenando la detención de personas que están cometiendo delitos en un incendio, es no entender cómo está diseñado el sistema", aseguró Ayala.
Y añadió que los fiscales tienen un rol y no forma parte de lo preventivo. "Lo que espero como miembro de esta comunidad, es que la autoridad administrativa logre soluciones sociales al conflicto y una mejor coordinación preventiva y mayor apoyo de recursos para las policías.
Además manifestó su preocupación respecto al anuncio del aumento de la dotación de Carabineros para Antofagasta. "Tengo preocupación que ese aumento no sea con dotación de afuera, sino que se redestinen de unidades especializadas para labores de contención. Voy a consultar esto al intendente (Edgar Blanco) durante la semana", dijo.
El fiscal regional apuntó a que en el contexto actual, falta mucha educación cívica, y que él ha ofrecido a la gobernadora (Katherine López) ir a juntas de vecinos para informar sobre los derechos y las formas de hacer presente sus reivindicaciones.
Respecto a las cifras de la Fiscalía Regional durante el 2019, Ayala precisó que el año pasado registraron un incremento de un 9,4% en el ingreso de causas y finalización de casos judiciales.
En ese periodo en la región tramitaron 56.812 causas y realizaron 593 juicios orales, de los cuales un 76% quedaron con sentencias condenatorias.
El desglose de las cifras indica que la Fiscalía Local de Antofagasta concentró el 58% de los ingresos, seguida de Calama con un 32%, mientras que las fiscalías Locales de Tocopilla, Taltal y Mejillones, aportaron el 10% del ingreso total de causas.
En la categoría de los delitos más denuncias el año pasado, las lesiones, robos no violentos, faltas y hurtos, entre otros delitos, representaron el 58,9% de los ingresos.
En 2019 hubo el término y la suspensión de 57.137 casos judiciales, el 47% corresponde a términos judiciales, destacando las sentencias definitivas, procedimientos monitorios y salidas alternativas, que alcanzaron el 34,8% de los términos totales.
"Este resultado es superior en 13,3 puntos porcentuales al de la fiscalía nivel nacional", detalló Ayala. En ese mismo periodo se realizaron 593 juicios orales y de ellos un 76% tuvieron a sentencias condenatorias.
"Esto significó que la Fiscalía Regional trabajó en 50 juicios orales mensuales. Es decir, dos en cada día hábil laboral", destacó el fiscal Ayala.
49% de los ingresos al Ministerio Público tuvo un imputado conocido durante el año pasado.
