Previo al estallido social, la Política Nacional de Desarrollo Urbano vigentes desde el año 2014 advertía que los principales desafíos de las ciudades chilenas eran superar la desigualdad, la segregación socio espacial y el excesivo centralismo de nuestra institucionalidad. Desde entonces se han logrado importantes avances, pero la tarea es muy grande y serán necesarios muchos años de trabajo persistente y focalizado, especialmente ahora cuando muchos de estos desafíos se han transformado en demandas ciudadanas que debemos atender con mayor prontitud.

Consiente esta realidad y en el nuevo contexto social que vive el país, el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano se propuso elaborar una Agenda Social Urbana, que permita fortalecer las herramientas de planificación para abordar entre otras materias, promover una mayor integración social, fortalecer los gobiernos locales y fomentar el compromiso de la ciudadanía en el desarrollo de sus ciudades.

Paralelamente a esto, se busca una mayor descentralización, avanzar en la creación de los Consejo de Desarrollo Urbano en cada región del país.

Gracias al apoyo de la intendencia y diversos actores e instituciones locales constituimos el Consejo de Desarrollo Urbano de Antofagasta. Esta nueva instancia tendrá la tarea de asesorar a las autoridades regionales en la búsqueda de soluciones a los problemas y a enfrentar los desafíos urbanos futuros, pero siempre con una mirada integradora del mundo público, privado, social, gremial y académico.

El gran dinamismo de la región de Antofagasta representa también un gran desafío para sus ciudades, por ejemplo: el aumento del déficit habitacional o los numerosos nuevos asentamientos precarios.

En este contexto desde el 2011 hasta la fecha los campamentos han aumentado un 182%, pero también las demandas por un mejor transporte público, más áreas verdes y mayor integración social. En el caso particular de la ciudad de Antofagasta el estándar de áreas verdes es de sólo 2,29 metros cuadros por habitantes, debiendo aproximarse a los 10 metros según el estándar recomendado por el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano.

Pero desde otra perspectiva, la ciudad cuenta con más de 32 kilómetros de costa de irremplazable valor para la comunidad y un verdadero desafío para la planificación urbana.

Observamos con gran optimismo el compromiso de las autoridades locales y la transversalidad de los integrantes del Consejo de Desarrollo Urbano de Antofagasta.

Estamos esperanzados que su trabajo será un gran aporte para enfrentar los desafíos de las ciudades regionales y una contribución al dialogo, la reflexión y la construcción de propuestas para mejorar la calidad de vida de las personas.

Con algún grado de satisfacción se lee la noticia de la aprobación por parte del Consejo Regional de la cantidad de 6.574 millones de pesos para dotar de urbanización de macrolotes en el sector Altos La Chimba que entregaría suelo para la construcción de 6.547 viviendas.

A estos recursos debemos agregar alrededor de 3.500 millones de pesos para la urbanizaciones interiores, lo que implica una inversión total de 10.000 millones de pesos aproximadamente, con una inversión en suelo apto para el desarrollo de conjuntos habitacionales de 55 UF por vivienda, sin considerar el valor del suelo que es aportado por el estado a través del ministerio de bienes nacionales, o sea por todos los chilenos.

Señalo que es solamente algún grado de satisfacción pues realizando un análisis mas acabado de esta inversión, podemos ver que con igual o un poco superior de inversión se pueden ejecutar las viviendas en sectores consolidados, adquiriendo suelo a un promedio de 10 UF el metro cuadrado y con altos coeficientes de constructibilidad (por ejemplo seis), tendríamos un gasto en suelo de 70 UF por vivienda.

De tal manera de hacer realidad el concepto de integración territorial, que evidentemente conlleva a la integración social, de tanto discurso hoy en día. Integración que significa acercar al ciudadano a los servicios, tanto públicos (escuelas, consultorios, policiales etc.) y privados (supermercados, comercio en general etc.).

Por lo reducido de este espacio es imposible agregar otros aspectos de relevancia que significan seguir expandiendo la ciudad, en cuanto a costos para el estado como alumbrado público, extracción de basuras entre otros y para el ciudadano en costos y tiempo de transporte, mayor costo por lejanía de centros comerciales mayores etc. Además que difícilmente se podrá efectuar una eficiente red transporte público, (buses, tranvía u otros) al existir bajas densidades de población y menos en pensar en una red de ciclo vías moderna.

En momentos que el país se abre a redactar una nueva Constitución, la gran carta magna de la política nacional, si junto a eso no somos capaces de revisar las políticas públicas que ejecutamos como en este caso de viviendas, poco avanzaremos a pesar de la nueva Constitución si seguimos segregando a nuestros ciudadanos y haciendo más de lo mismo.

Tomás Müller Salomón

Empresario de la construcción

El Presidente Sebastián Piñera anunció variadas medidas en materia de pensiones, las cuales ciertamente pueden discutirse, pero al menos ya hay algo más concreto sobre la mesa para evaluar y cotejar.

Lo primero es reconocer que esta es uno de los asuntos más sentidos de la población. Chile tiene pensiones bajas, causa de los problemas que tiene el mercado del trabajo. La mediana de los salarios es de aproximadamente $350 mil y eso es lo que explica que los hombres reciban pensiones promedio de $320 mil y las mujeres de $192 mil (porque tienen más lagunas previsionales). Las pensiones son, en realidad, una especie de espejo de lo que ocurre en el empleo.

¿Qué presentó a debate el gobierno? Veamos: se anunció un 6% de cotización adicional (actualmente en 10%) con cargo gradual al empleador (hasta hace poco la propuesta era de 4%), lo que será administrado por una Institución Pública Autónoma, dejando fuera a las AFP, una decisión que es derechamente política y no técnica.

Lo interesante es que el 6% adicional se descompone en un 3% de aporte al fondo individual de cada trabajador, mientras el otro 3%, construirá el fondo de reparto, generando un aspecto de solidaridad que el sistema no tenía.

Pero no hay nada en relación a aumentar la edad laboral (60 para mujeres y 65 para hombres), a pesar de que los chilenos viven mucho más que en 1980, cuando partió el sistema. Los trabajadores están ingresando en la actualidad, en promedio, a los 29 años al mundo del trabajo, lo que en la práctica es menos capitalización.

Queda cierta impresión que el ejecutivo, apremiado por los problemas, presiones y bajísima popularidad, parece con poco espacio para generar una reforma realmente estructural, que no ponga en riesgo las finanzas públicas y la generación de empleo.

Sin duda es un avance, pero insuficiente y requiere esfuerzos de los trabajadores, cuestión que el gobierno no parece en condiciones de exigir ni defender.

Así las cosas, lo relevante es que el país discuta el proyecto, lo mejore, sobre bases informadas y así sumemos para beneficio de la gente. Hay que estar a la altura del momento y de las próximas generaciones que verán las consecuencias de lo que hagamos hoy. Cualquier sistema se construye con recursos económicos y estos son consecuencia del trabajo.