Redacción
El fiscal jefe de Antofagasta Cristian Aguilar, adelantó que las causas investigadas por delitos ligados al estallido social en la ciudad deberán llegar a juicio "restringiendo al máximo" la posibilidad de salidas alternativas para los imputados.
El persecutor realizó ayer un balance del trabajo del Ministerio Público desde el inicio de la contingencia en el país, enfatizando que la directriz de la fiscalía, es que "estas causas deben tener término jurídico a través de una sentencia, que declare la culpabilidad o inocencia".
Según los datos entregados por Aguilar, entre el 18 de octubre y el 31 de diciembre, 42 personas quedaron en prisión preventiva por casos de saqueos en Antofagasta.
De este grupo, con un promedio de edad de 30 años, el 97% ya registraba antecedentes penales. Además, entre otras medidas cautelares, otros 106 sujetos quedaron con prohibición de asistir a los lugares relacionados con los delitos que cometieron.
El fiscal comparó las cifras del periodo entre el 18 de octubre y el 31 de diciembre del año pasado, con las del 2018. En ese mismo lapso hubo un aumento del 5%, es decir, al Ministerio Público ingresaron 6.906 denuncias.
En los delitos de mayor connotación social, el incremento más fuerte lo anotó el robo en lugar no habitado (saqueo). Si en ese periodo en 2018 hubo 142 ingresos a la fiscalía, el año pasado fueron 421.
El delito de incendio y daños aumentó en un 100% (de 183 a 366). En noviembre del año pasado, en la ciudad quemaron cinco servicios públicos y hasta el momento, no hay detenidos por esos casos.
Sobre este punto, Aguilar precisó que se trata de causas con dificultad para identificar a los participantes, ya que en el delito participa un número indeterminado de sujetos. A pesar de ello, el fiscal aclaró que las investigaciones están avanzando y esperan tener resultados positivos.
Audiencias
El persecutor sostuvo que entre el 18 de octubre y diciembre del año pasado, tuvieron 281 casos ligados al estallido social (cada caso puede registrar más de un involucrado).
A audiencias de control de detención pasaron 582 personas y 493 fueron formalizadas. A quienes no formalizaron, el Ministerio Público los sometió a procedimiento simplificado, "que aplica para los casos en los que el delito tiene una multa o una pena que no supera los 540 días de cárcel", explicó Aguilar.
En cuanto al número de detenidos y la cifra de prisiones preventivas, el fiscal jefe añadió que esta medida cautelar excepcional solo puede disponerse en ciertos casos.
"Los delitos de desórdenes y robo en lugar no habitado, para quienes no han tenido participación en delitos de forma previa, por la pena asignada por nuestra legislación, les correspondería cumplirla en libertad. Para estos hechos, la prisión preventiva solo corresponde para imputados reincidentes", aclaró.
La medida cautelar más concedida por el Tribunal de Garantía en los casos del estallido es la prohibición de salir del territorio (142), prohibición de asistir a lugares (106) y prohibición de acercarse a la víctima y sujeción a vigilancia, ambas con 16 casos.
Otro delito que registró un fuerte incremento es la violencia institucional (tortura, apremios ilegítimos y abuso contra particulares), con 149 denuncias en total.
El fiscal regional, Alberto Ayala, instruyó que la investigación de estas causas quedara en manos de Aguilar.
196% aumentaron las causas por robo en lugar no habitado (saqueo), entre octubre y diciembre 2018-2019.
20% de los delitos que ingresaron a la fiscalía el año pasado, se concentraron en octubre-diciembre.