Con molestia reaccionaron desde Fundación Emilia tras conocer antecedentes del choque del 1 de enero, incidente que terminó con tres personas muertas -dos de ellas menores de edad- en la ruta a Hornito.

Desde la institución interpelaron al Poder Judicial, aquello porque el chofer que conducía ese día en estado de ebriedad, registraba numerosos incumplimientos de una sentencia previa (también por conducción en estado de ebriedad).

El sujeto identificado como R.A.C.M (27 años) había sido condenado en 2014 por conducción bajo la influencia del alcohol, lo que implicó suspenderle la licencia por dos años. Posteriormente -en 2017- recibió una segunda sentencia, otra vez por conducir en estado de ebriedad, de 890 días de arresto domiciliario nocturno. No obstante, Gendarmería tiene 47 informes de incumplimiento de esta medida.

En palabras de la presidenta de Fundación Emilia, Carolina Figueroa, "¿no se le ocurrió cambiar la sentencia? ¿No se les ocurrió que debían hacer un informe psicológico y llevarlo a un tratamiento de drogas, alcohol o control de impulsos? O sea, es una conducta que se reitera en el tiempo y, pese a eso, en abril de 2019 el imputado compra un auto a su nombre en Temuco y sale a recorrer la ciudad en 2020".

Esta semana el medio Timeline reveló que el último informe con fecha 26 de septiembre tenía más de tres páginas sobre incumplimientos. Sin embargo, este mismo documento señalaba al tribunal que "si bien el penado ha incurrido en una cierta cantidad de incumplimientos el beneficio no ha sido suspendido".

Cámara grabó a los encapuchados que destruyeron liceo

Una cámara del Liceo Mario Bahamonde Silva logró captar el ingreso de encapuchados al recinto el lunes en la noche, los cuales provocaron múltiples destrozos en el interior. El lugar era una de las sedes designadas para rendir la Prueba de Selección Universitaria (PSU), pero la evaluación debió ser suspendida por razones de seguridad.

En el registro puede apreciarse cómo una veintena de sujetos extraen parte del mobiliario, los que fueron utilizados para encender una barricada en calle Ossa.

Cabe mencionar que la grabación capta solamente el segundo ataque al recinto ocurrido antes de la medianoche, no obstante, una turba ya había atacado el liceo ese mismo día cerca de las 15 horas, momento en que incluso agredieron a su directora.

Felipe Contreras Reyes

Durante la mañana de ayer fue confirmada la muerte de Rolando Díaz, chofer de la Línea 104 de TransAntofagasta cuya máquina fue apedreada en noviembre pasado. El trabajador sufrió momentos después de haber escapado del ataque, un infarto cardiaco por el que fue atendido en el Hospital Regional, lugar donde se mantenía en riesgo vital hasta el día de ayer, cuando finalmente falleció.

Cabe recordar que la agresión ocurrió el pasado 28 de noviembre, cuando el chofer de 61 años se desplazaba por calle Juan Bolívar, sector norte de Antofagasta, momento en que fue apedreado por desconocidos que se trasladaban en un vehículo sin patente, según el testimonio que él mismo conductor alcanzó a relatar antes de que sufriera el infarto.

El chofer alcanzó a conducir hasta la central de la Línea 104, lugar donde se desplomó producto de dos ataques cardíacos y un paro cardiorespiratorio.

Federación

El deceso fue informado ayer desde la Federación Nacional de Trabajadores Conductores de Chile, cuyos representantes concurrieron hasta el recinto médico para obtener más detalles del fallecimiento.

No obstante, desde la agrupación afirmaron que todavía continúan las disputas a nivel laboral puesto que la mutual no habría reconocido el hecho como accidente de trabajo, lo cual podría derivar en el no pago de seguros comprometidos.

En palabras del presidente de la federación, Luis Núñez, "nos parece sumamente lamentable esta situación. Estamos claros de que él iba trabajando, iba arriba de su máquina prestando el servicio, fue atacado por desconocidos y eso produjo el infarto (...) La mutual establece que esto es un accidente común porque puede haber habido una enfermedad preexistente a su corazón, obviamente es apelable a la Suceso (Superintendencia de Seguridad Social)".

Asimismo, el incidente generó en su momento mucha preocupación en la capital regional. Estudiantes del Liceo "Marta Narea Díaz" realizaron una campaña solidaria para entregar alimentos y aportes económicos a los familiares.

Rolando Díaz es velado en la garita de la Línea 104 (Juan Bolívar a la altura del #995), su funeral será en el Cementerio General a las 16:00 horas.

La Corte de Apelaciones de Antofagasta acogió con costas el recurso de nulidad interpuesto por la periodista Margarita Moll Cisterna en contra de la sentencia que había rechazado la demanda laboral de la profesional tras su salida del gobierno regional.

Moll fue la encargada de comunicaciones del exintendente Marco Antonio Díaz y durante el ejercicio de su cargo, denunció una serie de malos tratos de parte de asesores de la exautoridad y compañeros de trabajo, acciones frente a las cuales no se habrían tomado las medidas de resguardo necesarias y que le habrían ocasionado daños sicológicos que se tradujeron en constantes licencias siquiátricas.

En este contexto, en agosto del año pasado el Juzgado de Letras del Trabajo rechazó la demanda de tutela interpuesta por la periodista, lo que fue revocado por la corte, que además dictó una sentencia de reemplazo en esta causa.

En ella, el tribunal de alzada expresa que la propia autoridad de la época reconoció los malos tratos recibidos por Moll de parte de asesores, como también que se desconoció su descanso médico toda vez que se le realizaron solicitudes que quedaron registradas en el sistema de comunicaciones.

La corte además restó validez a un informe de la Mutual presentado por el Gore que descartaba una relación directa entre la situación vivida y el colapso emocional de la periodista, asegurando que "la característica de la personalidad y el potencial de la persona para recibir agravios no constituye una eximente frente a situaciones evidentes de acoso laboral".

En su sentencia, la Corte expresa que "ha existido vulneración de derechos fundamentales" y ordena al Gobierno Regional el pago de 3 millones de pesos por concepto de indemnización, además de las costas del recurso.