La Fiscalía de Arabia Saudita anunció que cinco personas han sido condenadas a muerte en primera instancia por el asesinato en octubre de 2018 del periodista Jamal Khashoggi en el consulado saudí de Estambul, aunque exoneró de responsabilidad a Saud al Qahtani, asesor del príncipe Mohamed bin Salman.

El portavoz de la Fiscalía General saudí, Shalaan al Shalaan, informó que tanto Qahtani como el subdirector de los servicios secretos saudíes Ahmed Asiri, las dos principales figuras procesadas por el caso, fueron liberados por no hallarse pruebas en su contra. El cónsul saudí en Estambul, Mohamed Al Otaibi, fue también exonerado sin que se encontraran pruebas en su contra. Otros tres fueron condenados por encubrimiento a penas que en su totalidad suman 24 años, pero se no especificó las identidades ni las sanciones.

Según el portavoz de la Fiscalía General, las investigaciones mostraron que no hubo intención de matar a Khashoggi, pues los acusados y la víctima no estaban "enemistados".

Al Shaalan aseguró que familiares del periodista, los hijos de la víctima y representantes Turquía han asistido a las sesiones del caso.

Khashoggi, un periodista crítico moderado con el Gobierno saudí y columnista de The Washington Post, fue asesinado el 2 de octubre de 2018 en el consulado saudí de Estambul, en un crimen escabroso que mereció el repudio internacional y derrumbó la imagen pública de Arabia Saudita.

Reacciones

El fallo recibió fuertes críticas. La relatora especial de la ONU para las Ejecuciones Extrajudiciales, Agnes Callamard, tildó de "farsa" el juicio. "Los ejecutores son culpables, condenados a muerte. Los autores intelectuales no solo se van libres, apenas han sido tocados por la investigación y el juicio. Esto es la antítesis de justicia, esto es una farsa", dijo en Twitter.

El Gobierno turco rechazó la sentencia al estimar que está "lejos de cumplir las expectativas de hacer justicia", mientras que Amnistía Internacional expuso que constituye "un encubrimiento" y no aporta "ni justicia ni verdad".

El Partido por la Democracia (PPD) y la bancada comunista de diputados se sumaron a las peticiones que hicieran otras tiendas opositoras en orden a que el intendente Felipe Guevara y el general director de Carabineros, Mario Rozas, dejen sus cargos.

El viernes pasado, las autoridades aplicaron una "estrategia de copamiento" de dicho lugar y un carro lanza gases de Fuerzas Especiales de Carabineros atropelló y aplastó contra otro carro a un joven protestante en la plaza Italia.

"En particular rechazamos la acción contra un manifestante atropellado por un carro lanza gases de Carabineros, siendo aprisionado contra otro vehículo. La investigación administrativa anunciada por la institución y la formalización del responsable es lo mínimo que se espera ante este hecho alevoso y criminal", declaró el PPD.

"La desproporcionalidad de fuerzas y recursos no deja lugar a dudas: fue un claro intento homicida y no hubo intenciones de prevenir".

exigen

"Exigimos la renuncia inmediata del intendente de Santiago, Felipe Guevara, y del director general de Carabineros, Mario Rozas, ya que es insostenible que ambos se mantengan en sus cargos ante un hecho que contraviene las recomendaciones que han entregado cuatro organizaciones internacionales de derechos humanos", concluyó el PPD.

El intendente "es responsable de la violencia creada al promover una política de tolerancia cero con las manifestaciones. Este tipo de política pública, empleada en contra de la delincuencia, es la expresión más genuina de que se criminaliza la manifestación política social", expuso el PC.

El diputado Boris Barrera entregó una carta en La Moneda, donde se pide al presidente Sebastián Piñera la renuncia de Guevara y Rozas. "Si eso no sucede, vamos a seguir impulsando una acusación constitucional contra el intendente", adelantó el legislador.