Computadores y archivos que contienen información sobre denuncias por presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas tras el 18 de octubre, fueron robados de la sede de la Comisión Chilena de Derechos Humanos.

El hecho, que es indagado por la PDI, ocurrió antenoche en Santiago, cuando personas cuya identidad aún se desconoce sustrajeron cinco aparatos donde hay información relativa a diversos casos que la entidad ha recibido en estos casi dos meses. "Hemos constatado que, en realidad, esto no es un delito común, no es un robo común y corriente, sino que simplemente lo que sustrajeron fue información sensible en materia de derechos humanos", dijo el presidente de la institución, Carlos Margotta, quien precisó que otros artículos de valor no fueron tocados.

Margotta recalcó que los computadores robados contienen "información respecto de testimonios de víctimas de violación de derechos humanos ocurridas en los últimos días, a partir del 18 de octubre". Son casos donde la comisión ha tomado "el patrocinio de muchas de las víctimas, a objeto de interponer las acciones penales correspondientes".

Margotta repudió el suceso y estimó que no es más que un acto de "amedrentamiento, de hostigamiento respecto de la labor que realiza nuestra institución desde hace 41 años, que es la defensa de los derechos humanos en nuestro país".

El presidente del organismo indicó que "afortunadamente" tienen respaldo de la información que fue robada.

Fundada en 1978

La Comisión Chilena de Derechos Humanos, fundada en 1978, es como un organismo no gubernamental. Según explica en su web, trabaja "en forma pluralista, libre y autónoma por la vigencia efectiva, el respeto, la protección y la promoción de los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos consagrados en la Carta Internacional de Derechos Humanos, en los tratados, resoluciones y acuerdos complementarios de Naciones Unidas y demás organismos internacionales de los cuales Chile es miembro".

Con motivo del informe de la ONU sobre presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas desde el 18 de octubre, la comisión demandó al Gobierno "el cese inmediato de la represión", implementar ya las recomendaciones que se hacen y que abandone "la política de criminalización de la protesta social a través de leyes represivas".

Instituir un régimen de gobierno semipresidencial, terminar con el control preventivo del Tribunal Constitucional, moderar el principio de subsidiariedad del Estado y reforzar el de solidaridad -por ejemplo, en pensiones-, fortalecer a las regiones y dar un decidido reconocimiento de los pueblos originarios.

Esas son algunas de las reformas constitucionales que un grupo de diputados de Renovación Nacional está proniendo, a la par de votar No a una nueva Constitución, y así evitar la "inestabilidad" y la "incertidumbre" que, a juicio de ellos, implicaría el proceso constituyente. Diego Schalper, uno de los legisladores que presentó esta propuesta, dijo que "no sabemos cómo va a teminar la nueva Constitución" en el caso de que en el plebiscito de abril gane la opción Sí a una nueva Carta Magna.

Planteó que prefieren escribir "sobre una hoja ya escrita" y que si bien reconocen la necesidad de modificar la Constitución vigente, creen que el Congreso sí tiene legitimidad para hacer eso y que, en cambio, un proceso "que podría durar casi dos años" significará estancamiento e incluso desempleo. Además, "vamos a tener a la clase política ensimismada en el debate constitucional" y temas como las pensiones o la salud podrían dejar de ser prioridad, expuso.

La diputada Sofía Cid indicó que si bien no cree que el trabajo de la convención constituyente vaya a ser mal hecho, la duración del proceso y la incertidumbre propia que eso implicaría tendrán un efecto en la inversión. "Algunos dirán 'dado que en dos años no voy a saber qué va a pasar, prefiero abstenerme de invertir", ejemplificó la legisladora. "Puede originarse un problema de certeza jurídica", añadió.

Para Miguel Mellado, los cuestionamientos públicos a diputados opositores que rechazaron la acusación constitucional contra el Presidente Sebastián Piñera dan cuenta de que también los delegados constituyentes podrían recibir presiones y "a lo mejor no están tan acostumbrados a recibirlas". Explicó que la propuesta es que si la opción No gana en abril, el proceso de reformas constitucionales se inicie de inmediato y acabe con un plebiscito ratificatorio.

Redacción

En la noche del pasado viernes un grupo de sujetos atacó la exsede del Centro Oncológico de Antofagasta, destruyendo equipos que eran utilizados para realizar evaluaciones a pacientes con cáncer y que iban a ser trasladados a las nuevas dependencias del servicio en la ciudad. Hecho sobre el cual se refirió ayer el ministro de Salud, Jaime Mañalich.

"Aprovecho de decir con mucha pena que resulta contradictorio, duro, terrible, que mientras estamos luchando por generar un plan, una ley nacional de cáncer, en el día de antes de ayer (viernes), en Antofagasta, el lugar donde se planifican los tratamientos de cáncer, el centro oncológico más importante del país, haya sido destruido, vandalizado", sostuvo al programa "Mesa Central" de Canal 13.

Aquello, aseguró, significa que "vamos a pasar un mes sin que nuevas persona puedan entrar a tratamiento por cáncer". "La ciudadanía tiene que entender los efectos colaterales que están ocurriendo a partir de la violencia. Tenemos que renunciar a la violencia", recalcó el secretario de Estado.

Esto, añadió, "porque el daño, el temor en la calle, es algo que va en contra de los derechos humanos y claramente en contra de la Constitución".

ley del cáncer

También sobre el tema del cáncer, Mañalich aclaró que existe un compromiso -tal y como lo expuso la senadora Carolina Goic (DC) durante el mismo programa- de parte del Gobierno de añadir $60 mil millones a la Ley del Cáncer que se encuentra estancada en su discusión legislativa hace ya seis meses.

Sin embargo, producto de la renuncia del ahora exdirector de presupuesto Rodrigo Cerda, por, según dijo, motivos personales, "la firma de quien tiene que poner esa indicación ha cambiado". "Pero efectivamente también quiero señalar que nosotros tenemos en la ley de Presupuesto del año 2020 un marco financiero para el Plan Nacional de Cáncer que es el doble de lo que era siempre", recalcó.

Y precisó que "estamos hablando de $300 mil millones solo para cáncer, sin olvidar que el Presidente en su último decreto Auge, de las cinco enfermedades que incluyó, cuatro son cáncer".