El estallido social en nuestro país plantea diversos análisis interpretativos. A éstos no puede permanecer ajena la Teoría del Reconocimiento del sociólogo alemán Axel Honeth, quien plantea la existencia de tres condiciones normativas para el orden social: el amor, el derecho y la solidaridad. Desde la perspectiva de Honeth, el amor se vincula a la dependencia afectiva-corporal del ser humano, la libre entrega de uno hacia el otro y el reconocimiento recíproco que contribuye a la construcción de lazos de confianza. Por otro lado, el "derecho" implica pensarnos a nosotros mismos y a los demás como individuos con obligaciones y expectativas morales y jurídicas. Finalmente, la solidaridad implica compartir ciertos valores y la capacidad de valorar a cada persona en relación a sus cualidades y características singulares.

El "amor" parece haber desaparecido de las interacciones sociales. Las acciones violentistas de grupos reducidos, que por cierto empañan una demanda social legítima, han sumido a gran parte de nuestra sociedad en una fuerte angustia e incertidumbre. Así, desde la perspectiva del ciudadano medio, pareciera que poco importa el amor al momento de levantarse ciertas banderas de lucha. Es por ello que debemos poner atención en cómo enfrentamos el temor de la población y posibles incidencias en la salud mental de los ciudadanos. No obstante, el amor como condición normativa del orden social, plantea un desafío para los líderes políticos que consista en dejar de lado las mezquindades y pensar en el "amor a Chile" tan pregonado en épocas de campaña. De nada sirven los perdones sucesivos, que se han transformado en un cliché poco creíble y forzado.

El "derecho" implica que como ciudadanos seamos capaces de reconocer que podemos ejercer libremente nuestros derechos, sin comprometer los de otros, además de exigir un mayor compromiso y respuesta del Estado a reivindicaciones legítimas y estructurales. No obstante, debemos atender a nuestros deberes, entre ellos contribuir a la paz social, respetar visiones de país distintas y en el caso de grupos reducidos, respetar el libre ejercicio de las actividades laborales y cotidianas, lo que sólo redundará en beneficio del principal aludido en las discusiones contingentes: el pueblo. En ese sentido, las manifestaciones pacíficas son absolutamente válidas al propugnar expectativas morales esperables en los ciudadanos, el Estado y de la clase política en su conjunto, como por ejemplo la cultura cívica y la probidad y empatía en el arte de gobernar, respectivamente.

Finalmente, la solidaridad es un valor que no debemos perder en este ajetreado período de éxtasis social. Además, la capacidad de valorar las características propias de cada persona y culturas debe ser la piedra angular del nuevo orden social y la directriz que impregne las manifestaciones pacíficas. Por otro lado, es el sello que debiese impregnar la nueva Constitución Política del Estado y los proyectos de ley impulsados por los poderes ejecutivo y legislativo.

Si no atendemos a las 3 condiciones normativas del orden social, estaremos a un paso de una agudización mayor del estallido social en nuestro país.

De acuerdo con la Segunda Encuesta Nacional de Discapacidad, el 73.9% de los cuidadores son mujeres; el 77.1% reside en el hogar; el 93.6% es cuidador/a familiar sin remuneración y un 68.8% de los cuidadores se encuentra entre 45 y 60 años y más de edad. Si bien ha habido algunos avances en el reconocimiento de los cuidadores, gracias al trabajo organizado y coordinado de un movimiento de cuidadores a nivel nacional, esta labor sigue siendo invisible.

En noviembre se hizo la segunda marcha de cuidadores del año, convocada por 70 organizaciones, a la que tres países latinoamericanos, Perú, Argentina y México, adhirieron. En Santiago, vimos familias completas con carteles cuyos mensajes eran muy potentes, acompañadas de sus hijos e hijas en sillas especiales. Ante escenas como esa, el corazón se aprieta y comprendes en toda su magnitud un pedido, a todas luces, justo. Se comprende el sacrificio del momento, el marchar con ellos cuando hay más de 30 grados de temperatura, pero ello remite a pensar que marchar por la dignidad y el reconocimiento de derechos, no es un sacrificio, el sacrificio ha sido mantener a sus familiares que requieren cuidados, durante años en la más absoluta precariedad y soledad.

El reclamo de los cuidadores, sin duda, debería ser de los primeros en la lista de prioridades. Su lucha apunta a un sistema que precariza y no brinda los apoyos necesarios para vivir una vida digna, ni para las personas que requieren cuidados, ni para las que cuidan. Necesitamos más Estado y menos mercado y, por eso, el petitorio para esta segunda marcha recoge 14 demandas, entre ellas: una ley que cree un sistema nacional de apoyos y cuidados con presupuesto estatal; educación inclusiva y domiciliaria; catastro nacional de cuidadores y cuidados; reconocimiento de la capacidad jurídica de las personas en situación de discapacidad y/o dependencia; simplificar el proceso de obtención de pensiones y subsidios y mayor presupuesto para los programas existentes.

La movilización nacional actual nos invita a pensar futuros distintos para Chile y sus habitantes, donde no pueden quedar invisibilizadas ni las personas en situación de dependencia y discapacidad ni sus cuidadores. Es imperioso que los debates incorporen con fuerza a aquellos que el sistema no reconoce, aquellos que siempre han quedado marginados. La aprobación de la modificación de la Ley 20.422 en la Cámara de Diputados, nos muestra que vamos por buen camino, pues se reconocerá a los cuidadores como sujetos de derecho. Además, se han generado en este contexto un sinnúmero de cabildos regionales para discutir sobre discapacidad y cuidados, pero hay que ir por más.

Las protestas y enfrentamientos que hace más de cuarenta días se registran en Antofagasta están dejando profundas huellas en la ciudad, que ya suma pérdidas por varios miles de millones de pesos. Locales comerciales saqueados, una red de semáforos destruida, mobiliario roto, edificios públicos quemados, colegios vandalizados son parte de una larga lista de efectos indeseados provocados por grupos extremos que no han podido ser controlados por las fuerzas del orden, pese a que existe consenso -y evidencia- de que se trata de una minoría.

El centro de la ciudad refleja de buena forma la cara más amarga de las últimas cinco semanas. Tiendas blindadas, escombros, restos de barricadas que a tempranas horas todavía humean y olor a lacrimógenas reciben a las personas que por uno u otro motivo deben concurrir al corazón de la urbe. Es un escenario que entristece y confunde, el centro es hoy es un lugar desconocido, ingrato, aparentemente sin ley.

Y es esto último lo que más inquieta. En las últimas semanas hemos visto como grupos pequeños, pero en extremo violentos, se apoderan de este espacio durante las tardes y noches, actuando contra bienes públicos y privados.

La escena de un grupo de ellos haciendo un asado sobre el fuego de una barricada con productos que -demás está decirlo- habían robado de un local saqueado minutos antes, es una demostración del descaro y la impunidad con que se actúa.

Nuestro centro, descuidado hace años por malas políticas y negligencia, vive su momento más crítico y costará mucho recuperarlo.

La violencia extrema contra locales comerciales, bienes de uso público, semáforos, mobiliario, en definitiva, contra la ciudad misma y sus espacios, es un sinsentido, una autoagresión y un retroceso para toda la ciudadanía. Una derrota para la sociedad, en última instancia, porque es claro que se daña lo que no se siente como propio, y quizás en eso está finalmente el gran fallo. Antofagasta es de los antofagastinos. La frase parece obvia, pero en las circunstancias actuales, vale preguntarse por qué no a todos les hace el mismo sentido.