Redacción

El contralor general de la República, Jorge Bermúdez, afirmó que Carabineros debió verificar qué estaba comprando al adquirir perdigones y balines, mientras que el fiscal nacional, Jorge Abbott, no descartó un eventual "fraude al fisco" del proveedor.

El martes, el general director de Carabineros, Mario Rozas, anunció que se suspendió el uso de balines antidisturbios, tras conocer los resultados de un informe de Labocar sobre la composición de perdigones, el que "también muestra diferencias con la comparación declarada por el proveedor en su ficha técnica". Antes, la Universidad de Chile había determinado que los balines estarían compuestos por un 20% de caucho y un 80% de otros tres compuestos, incluyendo plomo, mientras que la institución policial había dicho que estaban hechos de goma.

Certificación

"Cada compra que hace cualquier órgano de la administración del Estado tiene que especificar lo que está comprando y, además, tiene que recepcionar esos bienes a conformidad. Porque si no está conforme con lo que está recibiendo, tiene que devolverlos, entonces es parte del proceso de la compra pública la recepción y la certificación que sea efectivamente lo que se está comprando", expuso el contralor.

Bermúdez afirmó que la Contraloría está "en varios flancos" con Carabineros, incluyendo la identificación de los funcionarios, a raíz de que algunos estarían usando sobrenombres en sus chaquetas de uniforme; los protocolos para el uso de la fuerza; y los sumarios que se están realizando.

Por su parte, el fiscal nacional afirmó que el Ministerio Público pidió los antecedentes de la adquisición de los balines y determinó hacer una pericia para conocer su composición y saber si efectivamente corresponden a los que fueron ofrecidos al momento de licitar o comprar de parte de Carabineros. "Si no corresponden las especificaciones y con ello se ha producido un perjuicio al Estado, estamos en presencia de fraude al fisco", precisó.

Ataques y emboscadas

A la destrucción de un radiopatrullas por parte de una turba que le lanzó piedras y otros elementos contundentes en Recoleta el martes en la tarde -hecho que dejó a un funcionario policial herido-, ayer se sumó un ataque en el centro de Santiago. Al mediodía, según informó la institución, un vehículo de Carabineros que estaba de servicio ante una marcha de la CUT, fue emboscado por un numeroso grupo, que atacó al personal con fierros, piedras de gran tamaño y otros elementos contundentes. Cinco carabineras resultaron con diversas lesiones.

El pasado lunes 11 de noviembre a las 13:30 horas, la diputada de Renovación Nacional Aracely Leuquén ingresó a un bar en Las Condes, donde comió una ensalada y bebió cuatro pisco sour, según una investigación que publicó ayer radio Biobío. La legisladora también habría pedido una hamburguesa y papas fritas. Luego de unas horas en el local, indica la publicación, habría culpado, a los gritos, a los empleados del lugar del extravío de su cartera.

Katherine Contreras, encargada del establecimiento, pidió a quienes trabajan en la barra que no le vendieran más alcohol y que se contactara a un conocido de la legisladora para que fuera a buscarla. Leuquén, relató la encargada, exigió gritando que la dejaran ir y alegó que no la podían retener "como diputada de la República". Contreras pidió a Leuquén que cancelara la última cuenta. "Su reacción fue poner la boleta en mi boca, restregándomela mientras me decía que me comiera sus migajas, luego me agarró del cabello, tironeándolo (…) Yo solo atiné a intentar liberarme, tomándole las manos", añade Contreras en la querella penal por injurias que presentó ayer en tribunales.

Leuquén habría terminado "tendida en la calle", según contó el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, en Canal 13. Fue un transeúnte quien, a las dos de la mañana, habría hallado a la diputada y llamó a una ambulancia, relató Lavín.

Katherine Contreras, quien dijo que hubo más agresiones de la diputada, se querelló por el presunto delito de injurias contra la legisladora y su abogado, Gonzalo Bulnes, solicitó además su desafuero en la Corte de Apelaciones de Santiago.

Tras la revelación de Biobío, la diputada ofreció disculpas al personal que la atendió, así como a sus pares, partido, electores y familia. Dijo que siente un "absoluto arrepentimiento". "Lamentablemente, ese día tuve la mala ocurrencia de solicitar alcohol y, sumado a los remedios que ingiero, resultó una mezcla desafortunada", contó Leuquén, quien precisó estar en tratamiento médico desde hace un año, aunque sostuvo que "nada va a reparar el daño causado".

"Lo que pasó ese día claramente es muy lamentable", dijo la ministra Karla Rubilar. Para la timonel de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, "es violencia pura... un bochorno, una vergüenza".

La Comisión de Ética de la Cámara investigará el incidente. La sanción más drástica que podría enfrentar Leuquén es una censura y un descuento de hasta 15% de su dieta.

El secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrao, afirmó que, desde que se iniciara la crisis en Chile hace 34 días, se han violado los derechos humanos en el marco de las protestas por mejores condiciones de vida y cambios institucionales.

"Hay violaciones a los derechos humanos. Nuestra misión está registrando y documentando un conjunto de informaciones, denuncias y testimonios y también estamos escuchando", dijo Abrao a radio Cooperativa.

"Ahora nuestra será sistematizar toda esa información, analizarla, contrastar con los estándares latinoamericanos de derechos humanos respecto de los cuales Chile tiene la obligación de cumplimiento y deberemos salir con un comunicado con algunas conclusiones preliminares", adelantó el alto funcionario. "Desde el primer día (de la misión, 18 de noviembre), estamos equilibrando conversaciones entre actores estatales y actores sociales", añadió Abrao.

El representante de la CIDH expuso que "hay situaciones muy concretas: personas fallecidas, que fueron heridas, personas que están informando abusos por parte del accionar de los carabineros (policía)", además de centenares de detenidos. Sostuvo que el Gobierno de Sebastián Piñera está "colaborando íntegramente" con la Comisión. El Presidente admitió días atrás que en algunos casos no se respetaron los protocolos, hubo un uso excesivo de la fuerza y se cometieron abusos o delitos.

"Lo más probable es que nosotros deberemos recomendar medidas que tengan que ver con el establecimiento de la verdad, la debida reparación a las víctimas, la garantía del acceso a la justicia... y también algunas medidas de no repetición", concluyó Abrao.

También el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y la organización Human Rights Watch enviaron representantes a Chile para observar la situación en terreno.