Redacción

En un fallo unánime, la segunda sala de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, dejó sin efecto la suspensión de tres sumarios sanitarios, en los que la Seremi de Salud prohibía continuar con el depósito de residuos domiciliarios en el basural La Chimba.

Se trata de la resolución emitida el 15 de mayo por el Segundo Juzgado Civil de Antofagasta, luego que el municipio recurriera para dejar sin efecto las resoluciones exentas de la secretaría regional, relativas al cierre del vertedero ubicado en el extremo norte de la ciudad.

En esa oportunidad el juzgado resolvió suspender la ejecución de resoluciones y sumarios, ya que el cierre del basural "conlleva en sí mismo un daño irreparable a la comunidad, al exponerla a serios menoscabos a la salud y la higiene".

Por ello suspendió dos resoluciones del 20 de diciembre de 2018 y del 18 de enero de este año, que correspondían al cierre del basural y el traslado de residuos al relleno sanitario Chaqueta Blanca. En la misma instancia, el tribunal anuló los sumarios sanitarios levantados por la Seremi, que inició acciones para revertir la decisión.

Pero la Corte de Apelaciones informó ayer que revocó ese fallo que permitió al municipio seguir disponiendo de la basura domiciliaria en La Chimba.

Funcionamiento

La segunda sala del tribunal de alzada, compuesta por los ministros Óscar Clavería, Myriam Urbina y el fiscal judicial Rodrigo Padilla, de manera unánime dejó sin efecto la suspensión de los sumarios.

El fallo sostiene que no hay relación directa con el funcionamiento de la recepción de residuos de Chaqueta Blanca, quien no tiene prohibición sanitaria o ambiental. "Por lo tanto, no es posible siquiera elucubrar alguna razón ambiental o de salud pública para disponer el cese de los efectos de estos decretos de la autoridad de Salud, por lo que se dispondrá revocar la resolución apelada dejando sin efecto la medida cautelar de suspensión del cumplimiento de los decretos", dice el documento.

Las medidas de la autoridad sanitaria y las acciones del municipio se desarrollaron debido a que el exintendente Marco Antonio Díaz, en diciembre del 2018 puso una fecha límite a la operación de La Chimba.

La idea del exjefe regional era la apertura del relleno sanitario Chaqueta Blanca, ya que Salud había decretado la prohibición de funcionamiento del vertedero La Chimba.

Por su parte, la empresa a cargo del proyecto, Santa Marta, insistía que la obra está completa y lista para recibir desechos domiciliarios.

Sin embargo, desde la municipalidad rebatieron que el relleno sanitario no estaba administrativamente finalizado, que aún contaba con observaciones pendientes, por lo que la Dirección de Obras Municipales no podía otorgar el permiso que deriva en la obtención de la patente municipal.

Comisión

Esto generó una serie de reuniones y la situación llegó a tal nivel que la Cámara de Diputados aprobó una comisión investigadora, el funcionamiento de la Chimba y Chaqueta Blanca.

La comisión sesionó en Antofagasta y el objetivo es detectar eventuales irregularidades en la postergación de la puesta en operación del relleno sanitario. Durante la primera sesión en Antofagasta, los parlamentarios visitaron La Chimba y conversaron con los recolectores del lugar.

En el segundo encuentro, escucharon a los exintendentes Marco Antonio Díaz y Arturo Molina y además visitaron Chaqueta Blanca.

$96 millones en multas por dos sumarios confirmó la Seremi de Salud en abril de este año.

En prisión preventiva quedó un sujeto formalizado por un homicidio ocurrido el 4 de noviembre en el campamento Aurora Esperanza.

Se trata de un colombiano que fue detenido por la Brigada de Homicidios de la PDI, que desarrolla las pesquisas por la muerte de su compatriota identificado con las iniciales W.V.R. Al momento de ser aprehendido, portaba una pistola automática y droga.

El fiscal Daniel García detalló que el imputado identificado como C.A.G.T., junto a otro sujeto, disparó en el tórax de la víctima y luego huyó escondiéndose en un campamento.

Fue formalizado ayer por homicidio simple y porte ilegal de arma de fuego y quedó en prisión preventiva durante los 80 días de investigación.

El Tribunal de Garantía rechazó la solicitud para que el director de la consultora Main Comunicación, José Miguel Izquierdo, declarara de manera anticipada en la causa por fraude al fisco que investiga el Ministerio Público.

El fiscal jefe de Antofagasta, Cristian Aguilar, es el persecutor que dirige las indagatorias del caso en el que figuran como imputados la alcaldesa Karen Rojo y el administrador municipal Héctor Gómez. Junto a ellos aparecen los exsecretarios ejecutivos de la CMDS y la Corporación Cultural, Edgardo Vergara y Mauro Robles, respectivamente.

El 27 de marzo, Aguilar separó de la investigación a Izquierdo. La decisión, que fue judicialmente cuestionada por las defensas, llegó luego que el director de la consultora decidiera ampliar su declaración inicial, asegurando al fiscal que asesoró política y comunicacionalmente a la alcaldesa, a través de un contrato con la CMDS.

El fiscal solicitó ayer en el tribunal que Izquierdo declarara como testigo de manera anticipada. El fundamento para la petición es que la cónyuge del periodista sufre de una grave enfermedad, lo que dificultaría su presencia durante un eventual juicio oral.

"El tribunal resolvió no dar lugar a la petición de la fiscalía, porque consideró que resulta posible superar los obstáculos planteados por el Ministerio Público. De modo que en su oportunidad, coordinando la asistencia del señor José Miguel Izquierdo, podría declarar como testigo", explicó Aguilar.

Cierre

A pesar de la resolución, agregó que ello no afecta la persecución penal de la fiscalía, y "en su oportunidad se agotarán los medios para que José Miguel Izquierdo declare en la audiencia de juicio oral como testigo".

Respecto de los plazos, detalló que en diciembre se discutirá el cierre de la investigación y dependerá de si los antecedentes que maneje son suficientes para finalizar el proceso y presentar acusación.

El 15 de junio del año pasado, el Ministerio Público inició una causa por un presunto delito de fraude al fisco. La línea de investigación apunta a que con un contrato para asesorar a la CMDS, Izquierdo prestó servicios político comunicacionales a la alcaldesa previo a su reelección. Sin embargo, las defensas plantean que las asesorías sí se realizaron a la corporación y que existe el debido respaldo del trabajo ejecutado por Main.