Eugenio Sugg Gálvez

Economistas plantearon la necesidad de regular algunos mercados con el objetivo de mejorar el poder adquisitivo y la calidad de vida de los pensionados en el país. Mientras se resuelve una fórmula definitiva para mejorar las jubilaciones, los expertos coincidieron en que además es imperiosa una legislación que perfeccione y proteja las condiciones laborales de aquellos adultos mayores que decidan mantenerse en el mercado del trabajo.

Efectivamente, en el marco del acuerdo para destrabar el Presupuesto 2020, el gobierno comprometió el financiamiento para aumentar la pensión básica solidaria en un 20%, con un aumento de la misma cuantía para el aporte previsional solidario.

Se trata de una medida que -según datos del Ejecutivo- beneficiará a unos 590 mil pensionados y que podría incrementarse en los próximos tres años hasta en un 50%, de acuerdo a algunas versiones de fuentes cercanas al gobierno.

Estas medidas inmediatas serán complementadas con otras que buscan rebajar el pago de contribuciones y del transporte público, además de ofrecer medicamentos más baratos, asunto donde la Fiscalía Nacional Económica hizo ayer varias propuestas (ver nota anexa).

Farmacias

Gonzalo Cid, economista del Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo (Cenda), explicó que la opción de intervenir algunos mercados sería positiva, a la espera de definir un nuevo modelo para el sistema de pensiones.

"Independiente al sistema de pensiones, a los adultos mayores se les puede entregar beneficios no monetarios que el Banco Mundial los clasifica en el pilar cuatro. Entre éstos está el acceso a medicamentos más baratos o aliviar su carga a través de tarifas rebajadas en la locomoción colectiva y muchos otros mecanismos que son ampliamente usados en otros países, como por ejemplo el apoyo con estudiantes (a través de los municipios) en sus labores de hogar", explicó.

En el caso de los medicamentos en Chile, Cid recordó el escenario de colusión y el sobre precio de éstos en comparación a otros países de la región.

"En esa línea, adherimos a soluciones como las farmacias populares que han implementado algunos alcaldes. Que eso se masifique nos parece una medida correcta, pero no en la lógica que está planteando el gobierno mediante la cual se venderán a precios más bajos, pero el Estado a través de nuestros impuestos compensaría las menores ganancias de las farmacias o laboratorios", advirtió.

Pensiones

Actualmente, la pensión básica solidaria que el Estado, con el aporte de todos los cotizantes al sistema, entrega a quienes no ahorraron para la vejez alcanza los $110.00 mensuales.

Si se aumenta en un 20%, como está planteado hasta el momento, significaría unos $22.000 mensuales más para cada pensionado que recibe el beneficio.

No obstante, si se fortalece ese "cuarto pilar" con beneficios no monetarios, el poder adquisitivo de esos pensionados podría aumentar significativamente y así también su calidad de vida.

Hay que considerar que uno de los principales ítemes en la canasta de consumo de los adultos mayores está asociada a medicamentos y éstos presentan sobreprecios de hasta un 300% respecto de otros países y sobre el 3.000% entre originales y bioequivalentes (según Sernac), por tanto una rebaja en sus valores podría implicar lo mismo -o más- que el aumento propuesto para la pensión solidaria.

Asimismo, si se agregan otros beneficios como rebajas en tarifas del transporte, contribuciones o cotizaciones de salud, podría estructurarse una mejora importante.

Trabajo

No obstante lo anterior, Gonzalo Cid también planteó la necesidad de proteger las condiciones de trabajo para los adultos mayores que decidan mantenerse activos laboralmente.

En esa línea, el economista Manuel Pérez, director del Magister en Gerencia Pública y Desarrollo Regional de la UCN, sostuvo que la tasa de actividad laboral de la gente sobre 65 años en Chile alcanza el 25%, lo que se explica principalmente porque sus rentas -ya sea en base al pilar solidario o por la pensión que les entrega la AFP- no les alcanza para mantener un buen nivel de vida.

"Es la tasa más alta de la OCDE (salvo Islandia, donde se trabaja por ley hasta los 67 años). En España, por ejemplo esa tasa no alcanza al 4%, según datos al segundo trimestre de este año", dijo Pérez.

Y agregó que "la mitad de esos adultos mayores que se mantienen trabajando, lo están haciendo de manera informal. Entonces una forma de ayudar sería impactando en mejores políticas de integración en el mercado del trabajo para este colectivo".

El economista concluyó que la solución definitiva es aumentar las pensiones.

Sin embargo, coincidió en que "una política importante debiera ser dar facilidades para el acceso a medicamentos a un menor precio", las que pueden ser complementadas con rebajas en el transporte público, pago de contribuciones y otras.

Gonzalo, Cid,, economista Cenda

"Adherimos a soluciones como las farmacias populares que han implementado algunos alcaldes".

Manuel, Pérez,, economista UCN

"La tasa chilena de adultos mayores activos laboralmente llega al 25% y es la más alta entre los países de la OCDE".