El descontento social se ha manifestado de manera feroz, el país se ha levantado en un desgarro para sacudirse de la violencia soterrada que buscaba normalizarse en nuestras vidas, la precarización del bienestar social en todas sus expresiones expuso su profunda herida. Los dolores han quedado expuestos, es imposible abstraerse de esta realidad.

La forma en que concebíamos la sociedad hoy es insostenible, los cambios son fundamentales para recomenzar. Ya no ganaremos, ganar implica que otro perderá, debemos ser capaces de construir en conjunto, hacernos partes, y discutir para encontrar juntos la mejor forma. Eso implica mucho más tiempo y trabajo que lanzar una propuesta más o menos populista.

Eso significa comprometernos cada uno desde su propia vereda y comenzar a pensar en que somos un todo orgánico, mi actuar incide en el bienestar del otro y viceversa. Hoy es tiempo de acuerdos. El paradigma de las doctrinas del bien y del mal ha quedado obsoleto. La polarización solo nos disgrega y hoy debemos estar unidos.

Cuidemos el lenguaje, no seamos peyorativos, no nos temamos, la gran mayoría de nosotros actúa de buena voluntad, reconozcámonos como iguales, no juzguemos al otro, escuchemos nuestras voces y busquemos puntos de encuentro.

La bandera que hoy nos congrega es la de la dignidad, eso es lo que anhelamos para todos, en nuestras similitudes y diferencias. Dignidad para vivir, para acceder a la salud sin miedo de morir en el intento, para acceder a la educación sin abismos entre lo público y privado, para llegar a fin de mes sin endeudarnos.

Dignidad para sentirnos agradecidos de la vida, para desarrollarnos, para expresarnos, para sentirnos responsables de aportar desde nuestro ámbito de acción. Una dignidad que nos permita sentirnos parte de esta sociedad y no quedar al margen, no sentirnos excluidos.

Dignidad para ser capaces de escucharnos y reflexionar para avanzar, para elaborar nuevas pautas de desarrollo, para evolucionar hacia una sociedad más consciente, hacia un país que alcance para todos desde la infancia hasta la vejez.

Para ello debemos hacernos partes y asumir responsabilidades, esta sociedad que a veces renegamos es nuestro propio reflejo, nuestro actuar, nuestras voces y nuestros silencios van moldeando el espacio que habitamos.

Ya está bueno de exitismo y superficialidad, de soberbia y negación, hagámonos cargo, será difícil, pero nadie debe quedar fuera. Hemos sido capaces de vencer la adversidad, solidarizar y organizarnos en medio de las peores catástrofes, hemos logrados acuerdos en tiempos aún más oscuros.

Tenemos un largo camino por delante, seamos estrategas para ir avanzando entre lo urgente y lo importante sin descuidar la forma. Respetémonos y trabajemos en pos una dignidad que nos cobije a todos.

Aunque no sea políticamente correcto decirlo, más aún ante los recientes sucesos, las constituciones no las redacta la calle, por más vociferante que esta sea, saldrían una infinidad de disparates. A mí, por ejemplo, me gustaría que la nueva Constitución además de consignar que nuestro país es pluriétnico, pluricultural, plurinacional y plurilingüe explicitara, también, que como Colo Colo es Chile, el Estado debe ser colocolino, un texto así quedaría un mamotreto indescifrable, peor que escrito judicial.

Con la futura Carta Magna pasará igual, siempre es un grupo privilegiado de escribas monásticos que se preparan toda una vida para ello y conocen al detalle los secretos de la escritura y técnica constitucional, algunos lo logran, otros, en su mayoría, fallecen en el intento sin lograr su cometido.

Si la Constitución del 80 la escribió Jaime Guzmán, la del siglo XXI la redactará Fernando Atria, ya que si uno mira con detalle, no se puede negar que Atria es como el doble opuesto de Guzmán.

Porque el destacado constitucionalista de la Universidad de Chile y de Plataforma Socialista, si bien no salió en la foto oficial, sí se le vio en el exCongreso Nacional, conversando, de manera didáctica con parlamentarios, en el marco de las frenéticas negociaciones previas a la firma transversal del histórico "Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución".

Tras la extensa jornada, el abogado Atria tiene que haberse ido a dormir muy de madrugada, si acaso pudo pegar pestaña más satisfecho que nunca y con el sabor dulce de la victoria todavía en la boca. Ya que aplicado como es, para evitar el síndrome de la hoja en blanco que pudiera atacar a los futuros constituyentes y eternizar el proceso, él hace años debe tener redactado el borrador en formato word de la nueva Constitución.

Solo tiene que corregir y afinar detalles ortotipográficos menores, uno que es primordial, si el tipo de letra del texto de la nueva carta fundamental chilena queda mejor en Calibri, Arial, Bookman, Times new roman, Rockwell, Century gotic o Georgia, pero aquello será la crucial definición, tal vez la única, que deberá tomar ya sea la Asamblea Constituyente o la Convención Constitucional.

El precio de los medicamentos es uno de los problemas más complejos para los enfermos crónicos y la tercera edad, en específico, y para la población, en general. A pesar de los cuestionamientos recurrentes, aun no logramos revertir tal realidad.

Y hay razones. Ayer la Fiscalía Nacional Económica (FNE), detectó que 80% de los medicamentos inscritos en Chile aún no tienen alternativas bioequivalentes y que los laboratorios realizan inversiones superiores a US$200 millones al año para promover sus marcas entre los médicos, los que terminan recetando esos productos y no las alternativas más baratas.

Estos y otros aspectos son los que explicarían "por qué los medicamentos que compramos en Chile son caros", de acuerdo a Ricardo Riesco, fiscal nacional económico.

Efectivamente el 90% de los remedios vendidos en el país son de marca, las que en su grueso son transados en las mismas tres cadenas de farmacias que compran hasta un 70% más caros los mismos medicamentos que el Estado. De allí que las denominadas "farmacias populares" ofrezcan valores mucho más bajos.

A inicios de año, el Ministerio de Salud dispuso la plataforma del Observatorio Internacional de precios de medicamentos, herramienta que recolecta los valores a los que venden los laboratorios en otros países y comparándolos con el sistema chileno. Así se comprobó que los laboratorios venden los fármacos a Chile a precios hasta 24 veces más caros que a otros países de América Latina.

Es evidente que el asunto debe ser abordado firmemente por el Estado, porque el mercado no puede regularlo ni corregirlo. Su control permitirá una mejor competencia en el sector.

En ese plano, la propuesta de la FNE de 14 recomendaciones para avanzar en un mercado más competitivo es muy valorable, ya que introduce más medicamentos bioequivalentes en el mercado; obligará a los médicos a recetar medicamentos sin marcas; a las farmacias a dispensar los medicamentos más baratos y que el Estado compre medicamentos de forma más transparente, eficiente y efectiva.

Es inevitable pensar que este mercado exige un mejor control para beneficio de los habitantes.