El pasado domingo, en Santiago, cuatro representantes del Frente Amplio, entre ellas la excandidata presidencial Beatriz Sánchez y la diputada local Catalina Pérez, fueron hostigadas por manifestantes, quienes les reprocharon su apoyo a la firma del acuerdo para una nueva Constitución.

Son los costos y consecuencias de un país que continúa dividido, que no confía en la clase política y donde una minoría percibe que debe mantenerse el conflicto, quizás con qué objetivo.

Lo obrado por los partidos políticos el viernes pasado fue correcto, es lo que espera la mayoría del país y es lo que deben hacer los representantes de la ciudadanía: llegar a consensos posibles. No se trata de ningún acuerdo espurio o en las sombras, tal como algunos lo sugieren, tampoco un portazo a las demandas sociales.

Resulta insólito observar comentarios en tal sentido, cuando los parlamentarios hicieron aquello para lo cual precisamente están mandatados. El hecho de que la política se haga cargo del problema, da cuenta de que el sistema comienza a funcionar.

No es aconsejable que los discursos más extremos sean los que prevalezcan e instalen los bordes de la discusión. Lo que debe primar es la acción de la conversación que en este caso funcionó de manera abierta y conocida y así lo entiende el grueso de la ciudadanía que valora lo obrado.

Debemos recordar y enfatizar que la sociedad reclama un trato distinto, aspecto bien resumido en la frase: "No más abusos", lo que se relaciona con las labor que las autoridades deben realizar para el bien común. Eso es lo que dejaron de hacer y así se critica.

El estallido se explica por cuestiones económicas (desempleo, bajas expectativas, incremento en el precio de servicios, entre otros); pero el fondo es político y eso es lo que debe aquilatarse para no errar en el diagnóstico y menos en las soluciones.

Las autoridades deben confiar en que haciendo su trabajo, cada uno desde su vereda, pero pensando en el bien común, Chile podrá saldar este momento y la población entender y recuperar el valor de los partidos y la institucionalidad. Solo los extremos y el populismo ganan si la voluntad no está por los acuerdos.

En medio del estallido social que todos hemos vivido en las últimas semanas hay una minoría silenciosa que está completamente invisibilizada, pero que sin dudas es una de las más perjudicadas: los cientos de miles de propietarios de pequeñas y medianas empresas (Pymes).

Históricamente postergadas por todos los gobiernos, no me cabe duda de que muchos dueños de Pymes se han visto totalmente interpretados por la causa esencial de este estallido social: el abuso constante de que han sido víctima de parte de grandes compañías, de los políticos de distintos colores y de los sucesivos gobiernos que hemos conocido en los últimos años.

Sin embargo, a medida que los días pasan y la agitación se mantiene, muchos pequeños y medianos empresarios están viendo un impacto real en sus actividades y ello obedece a muchos motivos: desde que las empresas prestadoras de servicios de la minería no les han pagado, así como al hecho de que las empresas no han podido realizar sus actividades habituales como consecuencia de las barricadas, los problemas de locomoción y la violencia ejercida por personas que nada tienen que ver con los manifestantes pacíficos y que, por el contrario, actúan con una inusitada agresividad.

En efecto, quizá una de las principales paradojas de todo esto es que mientras la fuerza pública se ha dedicado a reprimir algunas manifestaciones de carácter pacífico, no pareciera actuar del mismo modo frente a turbas de delincuentes que saquean o queman locales comerciales, supermercados o farmacias, lo que constituye un claro incumplimiento de parte del Estado de los deberes que tiene para con sus ciudadanos, en cuando a la obligación de protegerles.

Es cierto que lo acontecido en Chile no posee parangón en la historia del país y que, tal como lo reconoció la ministra vocera del gobierno, Carabineros está al límite. Es lamentable, pero las autoridades deben encontrar una fórmula, dentro del marco del Estado de Derecho y del respeto a los Derechos Humanos, que les permita discriminar a los delincuentes de los manifestantes que no ejercen la violencia, y así volver a generar un clima que permita que los pequeños y medianos empresarios puedan seguir desarrollando sus actividades económicas, garantizándoseles la continuidad de sus empresas, que son la base de la economía chilena, la que hoy en día se ve severamente amenazada.

Solo una vez que ello suceda podremos pasar a la siguiente fase: estimar el total de pérdidas y ver de qué modo se pueden levantar de nuevo.

Para ello, es de esperar que el Estado tenga un rol mucho menos contemplativo que el que ha mostrado estas semanas frente a quienes han cometido desmanes y saqueos.

El problema de las pensiones, y concretamente su componente de ahorro individual, ha sido enfrentado habitualmente como un problema técnico, sin reparar en su importante arista política. Confiar el ahorro individual obligatorio a las AFP puede ser una solución sustentable desde el punto de vista financiero, pero mientras no sea políticamente sustentable, será una solución precaria.

Pienso que la crisis de legitimidad de las AFP se puede explicar no solo por haberse originado en dictadura o por estar encomendad a empresas privadas, sino -principalmente- porque la ciudadanía no las percibe como buenas administradoras de los ahorros. Si el componente individual del sistema estuviera diseñado para forzar a las AFP a poner el foco en la rentabilidad de los ahorros (en mejores pensiones), se visibilizarían políticamente sus fortalezas (o quedarían de manifiesto sus debilidades, lo que también es positivo), y se evitaría que sus esfuerzos se dirijan a alcanzar metas de "ventas", lo que resulta agraviante para los cotizantes.

El sistema debe propender a que las AFP compitan no por menor comisión sino por mayor retorno de las cuentas individuales (es decir, la rentabilidad de los fondos menos las comisiones). Como reconocen el Informe Bravo de 2015 y el mensaje del proyecto de reforma de 2018-, la rentabilidad de los fondos ha bajado de forma muy significativa desde los años 80 hasta la década en curso (de un 12% a un 4%, redondeando), aunque también las comisiones hayan bajado. Para poner el foco en rentabilidad, es posible pensar distintas medidas, que sugiero solo tentativamente, porque requerirían un estudio detenido.

Como el retorno de las cuentas individuales es difícil de calcular para las personas, podría obligarse a las AFP a informar las que han obtenido en el pasado, como se hace con la Carga Anual Equivalente (CAE) respecto de créditos contratados por consumidores (las cartolas que algunas AFP entregan a sus afiliados son francamente ininteligibles). Podría también diseñarse un componente variable en las comisiones, para que sean sensibles a la rentabilidad de los fondos (y así que el riesgo financiero sería compartido por ahorrante y administradora). Las AFP deben ser percibidas por los afiliados como verdaderas administradoras de sus ahorros, y ellos deben ser conscientes de que pueden hacer valer su responsabilidad por una posible mala administración. No cabe esperar que cada afiliado, actuando individualmente, persiga esa responsabilidad, pero podrían reforzarse los mecanismos que la ley ya contempla, siguiendo el modelo de protección al consumidor (acciones colectivas, representación por asociaciones de afiliados, fortalecer la participación activa de la Superintendencia).

Finalmente, es indispensable que la ciudadanía sea informada adecuadamente: en la cancha de la educación previsional se juega, en buena medida, la legitimidad del ahorro individual obligatorio.

Pablo Manterola Domínguez

Escuela de Derecho Antofagasta UCN