La cuestión constitucional
"El debate es relevante y necesario, dentro de marcos de acción claros, apegados a la institucionalidad".
El estallido social en nuestro país ha planteado, entre sus numerosas banderas de lucha, la necesidad de una nueva Carta Magna que refleje el sentir de una sociedad democrática y amoldada a una nueva época.
Por cierto, es legítimo plantear la necesidad de una reforma constitucional, ya sea a nivel micro o macro. No obstante, las discrepancias nacen en el procedimiento para llevar a cabo dicha reivindicación. En ese contexto, nuestro país debe promover la discusión de reformas constitucionales en el marco de un gran acuerdo político, involucrando a la sociedad civil, pero respetando las disposiciones que nuestra actual Carta Fundamental establece al momento de discutir y ejecutar materias de dicha envergadura, lo que plantea importantes desafíos, entre ellos la capacidad de negociar de los actores políticos y de establecer fases de concreción de las iniciativas, considerando los altos quórums requeridos en materia legislativa para avizorar cambios en nuestra legislación.
A lo largo de la historia la mayoría de las reformas constitucionales en nuestro país, que han devenido en nuevas Constituciones, se han concretado con procesos ordenados, integrando la visión de distintos actores y respondiendo a las crisis experimentadas por el sistema político. Los casos más emblemáticos son la Constitución de 1833, que brindó una estabilidad democrática a nuestro país durante 92 años, pero en cuya vigencia emergieron vicios, como el excesivo poder del Presidente y, posteriormente, un tremendo poder de veto del Parlamento sobre la conformación de los ministerios y la aprobación o rechazo de ciertas leyes; y la Constitución de 1925, en donde emerge la "República Presidencial", se consolida el Estado de Bienestar y la democracia de nuestro país pasa a ser un referente para otros países latinoamericanos, permitiendo el acceso al poder de los sectores medios y populares; no obstante, la Carta Fundamental, pese a sus sucesivos perfeccionamientos, también experimentó síntomas de desgaste que motivaron un incipiente debate constitucional en las postrimerías de la década de los 60 e inicios de los 70, que derivaron en la aprobación de importantes reformas, entre ellas, el derecho a voto para los analfabetos y la concesión del derecho a voto a partir de los 18 años.
El debate constitucional es relevante y necesario, dentro de marcos de acción claros, apegados a la institucionalidad y con el concurso de los actores políticos y sociales. Sus respuestas deben ser adecuadas al contexto sociocultural de cambio de las últimas décadas y no a contingencias específicas, de lo contrario marcaríamos un mal precedente en cuanto a la necesidad de reformas constitucionales o una nueva Constitución para nuestro país. Además, los cambios ejecutados así como el espíritu de la discusión, debe evitar el exceso de ideologismo y con ello la emergencia de reformas totales o parciales impregnadas de aquello, aspecto que sólo contribuiría a una polarización inicua de la sociedad, en momentos en que resulta imperioso un espíritu constructivo, de amistad cívica, de humildad frente al clamor ciudadano y de sabiduría en el abordaje de los tópicos de discusión.
Alberto Torres Belma
Sociólogo y académico Universidad de Antofagasta