Está claro que la violencia actual hay que abordarla con más inteligencia, sobre todo en terreno. El Estado tiene el deber de hacerlo y de proteger a los ciudadanos de la destrucción. Pero esa protección tiene un punto inicial anterior, superior, el cual está íntimamente relacionado con la dignidad de las personas. Dignidad que a todas luces nuestro sistema democrático no estaba proporcionando, para una gran parte de los ciudadanos de Chile.

No quiero que los lectores crean por un minuto que estoy confundiendo el sistema democrático imperante con el modelo económico, todo lo contrario. Este último se encuentra consagrado en la Constitución Nacional, y muchos lo han denominado como economía social de mercado. Pero es precisamente el mercado el que ha primado en todos los terrenos, obligando a la gente a vivir de acuerdo a unas estructuras que beneficiaron a los que estaban más capacitados, y literalmente condenó a las grandes mayorías a recibir sólo los rebalses, en el ámbito de los salarios, jubilaciones, salud, educación, vivienda, barrios, y el endeudamiento feroz que tuvieron que aceptar para alcanzar el mundo feliz que los políticos y publicistas les prometían. Ahora, cuando los chilenos se han rebelado contra las injusticias, es necesario cambiar no sólo el nombre de las cosas, sino también el énfasis que tendremos que darle al sistema propiamente tal. Y por cierto, la economía ya no será otra cosa que una "social economía de mercado".

El acento estará puesto en generar un sistema social que no deje tantos compatriotas rezagados, incorporándolos a los beneficios que puede otorgar una economía que seguirá siendo productiva, más aún cuando estén participando activamente en ella personas que hoy día lo hacen sólo tangencialmente, al no tener los recursos necesarios para una integración más plena y beneficiosa.

Para que esto suceda, se requiere emparejar la cancha aumentando el salario mínimo hasta un nivel que permita mantener una vida digna, es decir partiendo de una base de $400 mil líquidos mensuales. Lo mismo con las jubilaciones, donde la pensión mínima solidaria debe comenzar en $200 mil mensuales, ni un peso menos para ningún adulto mayor. También habrá que comenzar a inyectarle entre US$ 2.500 millones y US$ 3.000 millones a la salud pública del país en el más breve plazo, para sacarla del pantano en que se encuentra y no permitir más que los chilenos y chilenas se mueran esperando una atención.

El financiamiento vendrá de los impuestos a los más ricos, del déficit estructural, de los fondos soberanos donde tenemos US$ 25.000 millones acumulados, y otros instrumentos.

Son muchos los ámbitos donde se requiere anunciar cambios sustanciales de manera urgente, incluyendo la Constitución, la cual no está hecha para desempeñar el papel que una social economía de mercado necesita.

En las últimas semanas hemos sido testigos cómo Chile ha convulsionado de norte a sur. La sensación de hartazgo frente a las inequidades y abusos que sufren millones llegó a su límite. Las demandas históricas en materia de salud, educación, seguridad social, transporte y propiedad de los recursos naturales condujeron a Chile a este episodio que será recordado y estudiado por muchas generaciones.

Las sociedades en muchos países llegan a estados de descontento social de tal magnitud que suscitan conflictos sociales que requieren una observación atenta y respetuosa.

¿Por qué de un momento a otro una sociedad estalla en reclamos hacia las autoridades? ¿Qué gatilla que esa rabia contenida se exprese en manifestaciones multitudinarias, obstrucción de calles, marchas ciudadanas, asambleas, cacerolazos, etc.?

Si bien toda democracia requiere participación política y contempla, por ello, vías institucionales para expresar la voluntad popular, sería iluso afirmar que este sistema político da respuesta a todos los reclamos de manera oportuna y efectiva. Lo que observamos en la actualidad es una sociedad que opta por vías no institucionales, ante la deficiencia y/o carencia de aquellas, para reclamar que las instituciones funcionen de conformidad a la idea general que el Estado está al servicio de la persona humana y no al revés.

La protesta social pacífica es tanto una forma legítima de participación política como una muestra de descontento con el orden social vigente, una forma de llamar, con urgencia, la atención pública y de las autoridades sobre las necesidades cuya satisfacción se reclama.

Quienes ejercen este derecho a la protesta social, de profunda raigambre constitucional, no merecen ser considerados, sin mayor análisis del hecho concreto, como delincuentes, enemigos del orden legal. Mucho menos merecen ser tratados con la violencia extrema con que se ha procedido por las fuerzas militares y policiales.

Por ello, quienes operen con esta materia, necesaria pero peligrosa, que llamamos Derecho Penal, deben considerarla siempre un límite al poder estatal y no caer en el juego fácil de criminalizar la protesta no institucional.

No se debe olvidar nunca, como repite el ilustre jurista argentino Raúl Zaffaroni, "la plaza es del pueblo, como el cielo es del cóndor".

En momentos en que se necesita mayor calma y prudencia, en especial de la clase política, resulta decepcionante escuchar a una serie de altos representantes emitir una serie de declaraciones que aportan muy poco al debate de la crisis social, salvo calentar ánimos y coquetear con el populismo.

Es de suponer que la confusión en el análisis es lo que lleva a algunos a proferir juicios audaces, como solicitar la renuncia del Presidente o de todos los representantes del legislativo.

Afortunadamente, no son mayoría, sino un sector que parece no entender las causas del estallido y el rol que debe cumplir en el fenómeno.

Chile tiene problemas, eso es evidente, pero que se pretenda hacer creer que lo obrado en las tres décadas recientes ha sido una suma de escandalosos errores, es una tontería y una falacia.

El grueso de los chilenos exige un trato igualitario, allí se fundan los reclamos de "No más abusos", que pueden traducirse en un pedido de dignidad. En aquello es donde debe avanzarse, es decir, en tener un rol más activo del Estado en salvaguardar cuestiones como las pensiones, la salud, la educación, la Justicia, el medioambiente, todas las cuales están reguladas en mayor o menor medida.

Esta no es una crisis terminal, tal como lo pretende hacer ver la izquierda más extrema, es más bien un momento explicado por cuestiones económicas que fueron soslayadas por el crecimiento del empleo, los salarios y el consumo, pero que hoy exigen un rol más activo del Estado en las potestades que la ley le puede otorgar.

Pero se está cayendo en análisis muy afiebrados que no parecen interesados en entender el momento, sino solo en sumarse al coro de un sector que con eslóganes no corregirá ni atenderá lo que el país necesita.

Lo importante es comprender lo que demanda la sociedad y a partir de allí responder con medidas de corto y mediano plazo.

Esta es una oportunidad para seguir desarrollándonos, no es el punto terminal o el inicio para aventuras fracasadas y eso debieran tenerlo claro, especialmente quienes son autoridades de nuestro país.