A más de 20 días del inicio de las manifestaciones en nuestro país, de lo que empezó como una aparente protesta por el descontento que generó el alza en los pasajes del metro de Santiago, se transformó en una de las mayores crisis sociales que ha vivido nuestro país. Crisis que afectó a todo Chile, incluida nuestra región.

Ya no sólo era una expresión de descontento por el alza en las tarifas, sino más bien una seguidilla de manifestaciones, algunas pacíficas y otras que se desmarcan de la causa original que es sin duda un petitorio válido, mejoras en post de una mayor igualdad. Así, surgen jóvenes violentistas, personas ajenas y sin interés en el movimiento social, lumpen, delincuentes que utilizan esta válida y legítima pretensión para encubrir actos delictuales, vandálicos y cometidos sin ninguna otra finalidad más que generar daños tanto en la propiedad pública como en la privada, además de causar miedo a la población, afectando la vida del resto de las personas y vulnerando sus derechos esenciales.

La realidad de la que hemos sido testigos y que hoy tiene al país sumergido en una profunda crisis social, institucional y de seguridad, ha causado daños y destrucción que en nuestra región se encuentran por sobre los 2.300 millones de pesos.

Creo firmemente que justificar de cualquier forma la violencia, incita a ella, pues nada puede avalar este tipo de actos, que por lo demás, hoy nos tienen con un país dañado que debe ser reparado y reconstruido no sólo en lo material, sino también en el más profundo sentir de los chilenos y chilenas. A mi entender dicha reparación y reconstrucción debe encausarse bajo tres grandes ejes; el primero es restablecer el orden público y para eso hemos presentado una batería de proyectos con este fin, segundo, una agenda social que, para dotarla de la debida contundencia, debe ser trabajada en conjunto sin colores políticos y tercero, escuchar con humildad a la ciudadanía para poder restablecer los diálogos y poner sobre la mesa los temas que no pueden seguir esperando.

Por lo tanto, basta con los saqueos, basta con la destrucción, basta de los rostros de TV agitadores e inquisidores y principalmente basta de la indiferencia, basta de los políticos que no condenan expresamente la violencia, porque todos tenemos derechos humanos y deben ser siempre respetados tanto de civiles como de uniformados.

Comparto que necesitamos mejores pensiones, aumentar el sueldo mínimo, que el sueldo que recibimos los políticos sea menor, menor número de parlamentarios para disminuir el gasto público. También necesitamos que nuestros adultos mayores tengan una mejor calidad de vida, que los medicamentos tengan un precio tope, porque la salud no puede ser un negocio, necesitamos salud digna, mejores atenciones, más profesionales entre otros.

Espero que lo que hoy está pasando en el país, quede en la historia, pero no como la época recordada por los saqueos, sino como la época en que nosotros, los políticos y el Gobierno junto a la ciudadanía logramos hacer cambios de fondo.

El 17 de octubre se conmemora el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza y, según cifras del Programa de las Naciones Unidas por el Desarrollo (Pnud), a nivel mundial más de 800 millones de personas aún viven con menos de 1,25 dólares al día. Muchos de ellos no cuentan con acceso a alimentación y agua potable, y se enfrentan a diario a condiciones de pobreza multidimensional , que en la mayoría de los casos estanca el desarrollo de las nuevas generaciones.

Chile no es la excepción. Hoy, miles de niñas, niños y adolescentes viven en contextos de pobreza extrema, dificultando sus oportunidades de desarrollo y agrandando la brecha que existe entre el primer y último quintil. Es en este punto en que creemos que la educación es una dimensión relevante para combatir la pobreza desde sus cimientos, por lo que el fortalecimiento de esta área se instituye como eje fundamental de acción en la erradicación de la pobreza.

Según el estudio "Reducir la pobreza mundial a través de la educación primaria y secundaria universal" desarrollado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Unesco, si todos los adultos terminaran la educación secundaria, 420 millones de personas podrían salir de la pobreza, reduciendo el número total en más de 50% a nivel mundial. Este ámbito es trascendental, ya que quienes tienen trabajo de baja calificación laboral, y por ende, escasos ingresos, presentan en promedio entre 8 a 10 años de escolaridad.

Para disminuir estas brechas no sólo se debe mejorar el acceso a la educación, sino que también la calidad de la misma.

En el ámbito de la educación, nuestro país se ubica en el ranking 35 de 40 en el índice "Better Life" de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde). A pesar de que en promedio los chilenos estudian más años, según el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos, desarrollado por el organismo internacional, la calidad es más baja que en otros países, obteniendo 443 puntos, bajo la media de la Ocde que es de 486.

Pobreza y educación están estrechamente relacionadas, por lo que la sociedad chilena debe seguir trabajando para disminuir las brechas en este ámbito y de esta manera mejorar los índices que nos sitúan en una baja posición respecto a los demás países Ocde.

Desde hace años, se venía observando un deterioro en la credibilidad de muchas instituciones fundamentales de la nación, tanto públicas, como privadas: los partidos políticos, los integrantes del Congreso Nacional, los gobiernos, la justicia, el empresariado, la Iglesia Católica, las Fuerzas Armadas, entre otras.

No es casual. Ciertamente, la destrucción de la confianza se ha cimentado sobre los errores, omisiones y actos delictivos cometidos por importantes representantes de las organizaciones. Se conocieron las colusiones de empresas para manejar los precios de los medicamentos; un sistema de justicia que no castiga como es de esperar a la delincuencia; parlamentarios que se fijan y reajustan sus dietas desmesuradamente altas; autoridades que no responden a los clamores ciudadanos sobre los temas que interesan; jefes militares que desvían para sus intereses particulares recursos destinados al financiamiento de la defensa nacional; casos escabrosos de abusos sexuales a menores por parte de sacerdotes; servicios públicos que no dan atención adecuada a las personas, y muchas otras situaciones.

Pero no sólo es la institucionalidad la que está sometida a juicio. También lo está la misma ciudadanía, donde la ética y la moral parecen haberse relajado en forma progresiva. De ahí proviene tal vez que Chile es -a juicio de la Ocde- el país más desconfiado, lo que no es un mérito y tampoco tiene que ver con el nivel de desarrollo, ya que países más pobres manifiestan más confianza en aquello que les rodea. La desconfianza nace del miedo, dicen los sicólogos. Allí habría que buscar parte de las respuestas. El gran problema es que sin confianza los países no avanzan, no pueden pensar el futuro y, peor aún, retroceden, ya que el tejido social es el sustrato clave para construir.

Para abordar las soluciones se requiere fortalecer la institucionalidad y el liderazgo de quienes están llamados a ejercerlo, partiendo por un Ejecutivo que ya no debe continuar con equivocaciones frente al país, y por un Legislativo que debe por fin ponerse a la altura de los grandes desafíos.

Políticos y parlamentarios deben abandonar la guerrilla verbal de bajo nivel con la que han avergonzado a ese poder, porque no hay más espacios para seguir cometiendo errores.

Hay que concentrarse en lo realmente importante.