Hasta la Tercera Comisaría de Antofagasta llegan diariamente dos agrupaciones de abogados voluntarios, quienes ofrecen atención gratuita a personas detenidas durante la manifestaciones sociales. Los profesionales trabajan coordinadamente con integrantes de la Defensoría Penal Pública.

La primera de estas asociaciones está conformada por cerca de 17 profesionales, quienes no tienen una orgánica como persona jurídica. Sin desmedro de ello, hasta ahora han conseguido presentar cuatro querellas por torturas.

Según comentó una de sus integrantes, Natasha Plaza, normalmente trabajan en Antofagasta sin perjuicio de que "también nos coordinábamos para Mejillones en días que han habido mayores detenciones".

Hasta la Tercera Comisaría también arriban representantes de la Asociación de Abogadas Feministas de Chile. En palabras de la directora regional, Carla Tito, "acá en la ciudad contamos con dieciséis socias y habilitamos una red de denuncia. Hay teléfonos hasta las 6 de la mañana donde las familias pueden consultar y nosotros venimos a la comisaría para efectos de entregar información".

Al sector concurren también representantes de la Agrupación Providencia, quienes llevan alimentos. Estos son entregados tanto a detenidos y especialmente a familiares, quienes esperan larga horas fuera del recinto.

La secretaria de la organización, Damari Vega, dijo que "no está demás traer un poco de calma y además trabajamos con los abogados que están adentro, entonces logramos dársela (a las familias)".

El martes 12 de noviembre, a las 9 horas, se llevará a cabo, en el Primer Tribunal Ambiental, la audiencia de reclamación de la Asociación Indígena de Agricultores y Regantes de Chiu-Chiu, contra el Servicio de Evaluación Ambiental por la resolución que calificó favorablemente el proyecto Parque Eólico Calama.

Se trata de una modificación al Parque Eólico Calama B de la empresa Engie, que se ubica en la ruta 23-CH que conecta Calama y San Pedro de Atacama en la Región de Antofagasta. Consiste en la construcción y operación de aerogeneradores y una subestación elevadora que producirá e inyectará al Sistema Interconectado Nacional (SIN) aproximadamente 460 GWh anuales de energía renovable no convencional (ERNC).

El proyecto fue calificado favorablemente a través de la Resolución de Calificación Ambiental N°0236/2018 de la Comisión de Evaluación de la Región de Antofagasta. Sin embargo, las comunidades de la etnia aymara y atacameña manifiestan que se sienten afectados por el impacto que el proyecto producirá en su actividad agrícola y que no solo dice relación con el uso de rutas que utilizan para la comercialización de sus productos, sino también porque se emplazará en una zona en la que se realiza la extracción de barro que usan para la agricultura y para las construcciones de pircas y corrales. La audiencia será transmitida vía streaming a través de la página web institucional www.1ta.cl.

Eugenio Sugg Gálvez

"Sí, tenemos miedo. Tememos que ataquen de nuevo el local mientras trabajamos o que nos pase algo cuando nos vamos para la casa. También tenemos miedo de que quedar sin trabajo". El relato de Juana Flores -encargada de un local de comida rápida ubicado en calle Matta- resume lo que están pasando muchos antofagastinos cuyos lugares de trabajo están en el centro de la ciudad.

El local donde ella labora fue atacado durante los primeros días de protestas. "Fue de noche, ya había toque de queda así que no había nadie adentro. Intentaron entrar rompiendo un vidrio, pero como están protegidos con una lámina especial, no pudieron", relató.

Desde ese día trabajan con sus ventanales completamente tapados con planchas de madera (como la mayoría del comercio en el casco central) y solo mantienen la puerta abierta. Eso les da cierta seguridad, pero sus ventas han caído considerablemente.

"La gente viene poco al centro ahora. Y la que viene se va muy temprano, cuando empiezan a aparecer los encapuchados. Nuestras ventas han caído al menos en un 30% y tememos que se produzcan despidos, ya debieron salir algunos que estaban part time y al resto les bajará el sueldo por las menores ventas", concluyó.

Medidas

El empleo es precisamente una de las principales preocupaciones que expusieron ayer algunos gremios al gobierno regional, durante una reunión coordinada por la Seremi de Economía para detallar las siete medidas anunciadas el martes por el Presidente Piñera para apoyar a las Pymes.

En ésta, participaron representantes de la Asociación de Emprendedores de Chile (Asech), la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Antofagasta (CCSTA), Sercotec y Corfo, y a la cual se sumó sobre el final el intendente Edgar Blanco.

Entre las medidas anunciadas se encuentran una ley corta para acelerar la implementación del pago a 30 días y otra para incentivar y facilitar las donaciones que pueden hacer las grandes empresas.

Además, se establecen facilidades para pagos de compromisos crediticios y acceso a financiamiento privado, tales como el uso de Programas de Crédito con garantía Estatal como el Fogain de Corfo; y asesoría y asistencia gratuita, a través de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, para realizar estudios sobre la situación financiera, económica y contable del negocio.

No obstante los gremios valoraron estos anuncios y coincidieron en que lo principal en este momento es asegurar las condiciones para volver a trabajar de manera segura.

Empleo

Hans Álvarez, representante de Asech, comentó que si bien los daños materiales entre sus socios no son mayores, están muy afectados debido a la imposibilidad de trabajar.

Respecto del empleo, explicó que "nuestro gremio está pasando por un momento difícil y eso ya se está manifestando en la reducción del empleo part time. De mantenerse esta situación aumentará el desempleo y habrá pymes que sencillamente van a desaparecer", dijo.

En la misma línea se manifestó el presidente de la CCSTA, Antonio Sánchez, cuyo gremio es el principal empleador regional y también el más afectado con estas protestas.

"Ya tenemos notificaciones del sector hotelero en torno a que debido a la cancelación de eventos, ya dejaron de contratar personal part time y resulta evidente que si esto continúa, el comercio va a tener que comenzar a despedir gente", advirtió.

El tema preocupa en el gobierno, sobre todo considerando que la tasa de desempleo venía en franco retroceso, acumulando siete trimestres consecutivos a la baja (hoy está en 6,6%) y que en el periodo junio - agosto alcanzó su menor nivel desde 2015.

"No tenemos cuantificado el impacto que pueden tener estas movilizaciones en el empleo regional, pero sabemos que si el comercio no puede levantar sus cortinas va a tener que empezar a reducir su mano de obra y hay que entender también que hay mucha gente que trabaja por comisión de venta y que va a ver muy disminuido su sueldo", aseguró el intendente Edgar Blanco.

6,6 por ciento fue la tasa regional de desempleo calculada por el INE para el periodo julio - septiembre.