La subsecretaría del Interior reportó ayer una disminución de los "eventos graves" delictuales en la última jornada de manifestaciones a lo largo del país: se registraron siete saqueos entre la noche del viernes y ayer sábado, mientras que los detenidos llegaron a 132 en todo el territorio.

En un informe emitido por el Gobierno quedó de manifiesto una disminución de los "eventos graves": hasta las 9 horas de ayer se habían registrado siete saqueos, uno menos que en la jornada anterior, el 1 de noviembre.

En la Región Metropolitana se produjeron saqueos a farmacias Salcobrand y tiendas de Preunic, además de daños en la estación de Metro Baquedano, una óptica Schilling y la Parroquia de La Asunción.

En Los Ángeles, Biobío, se registró el incendio de una oficina de la caja de compensación La Araucana; junto a saqueos en un servicentro Copec y tienda de Movistar, en Concepción.

En Arica, en tanto, se informó la destrucción del monumento a Cristóbal Colón en la plaza del mismo nombre.

Además, hubo una disminución en el número de detenidos: 132 a nivel nacional, seis menos que en la jornada anterior. Sin embargo, aumentaron los civiles lesionados, que llegaron a 16, pero no se registraron personas fallecidas.

Reunión con víctimas

El ministro del Interior, Gonzalo Blumel, señaló ayer que el Gobierno desea reunirse con personas que hayan sido víctimas de hechos de violencia durante las manifestaciones sociales de las últimas dos semanas.

Esta decisión ocurre luego que el Presidente Sebastián Piñera visitara a policías uniformados heridos en el Hospital de Carabineros, para después reunirse con sus familiares.

Blumel respondió a Radio Bío Bío que "a nosotros nos interesa poder reunirnos con todos los que han sufrido hechos de violencia o han sido vulnerados en sus derechos. (...) A la fecha van más de 1.500 personas lesionadas, 20 personas que han fallecido. Todas nos duelen y a todas los tenemos que apoyar".

En tanto, el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Sergio Micco, dijo que la medida, "de parte del Gobierno, es una actitud de reparación simbólica muy importante, un gesto que va en la dirección correcta. Me parece una muy buena señal, en la línea del reencuentro democrático".

Daños en la capital

El alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, afirmó ayer que los daños en la ciudad capital estarían avaluados en al menos $3.500 millones, correspondientes a mobiliario público, es decir, "semáforos, contenedores de basura, señalética vial, monumentos nacionales, el cerro Santa Lucía. (…) Nos vamos a demorar mucho tiempo" en la reconstrucción, dijo el jefe comunal.

El tiempo que demoren estos trabajos "va a depender de los recursos. A Santiago le tocaron, por parte de la Intendencia, $700 millones, (pero) estamos hablando de $3.500 millones solamente en daños públicos, o sea, no nos alcanza, tenemos que redefinir, hacer modificaciones presupuestarias", afirmó Alessandri.

El alcalde ayer visitó a los locatarios del barrio Franklin, quienes al comienzo de las protestas salieron con armas blancas a proteger sus negocios: "Nos piden más seguridad por sobre todo, para ellos y sus empleados", señaló Alessandri.

1.500 lesionados han dejado las protestas en todo el país, según el ministro del Interior, Gonzalo Blumel.

20 personas fallecidas se registraban hasta ayer, de acuerdo al informe emitido por La Moneda.

$3.500 millones en daños al mobilliario público estimó el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri.

Los partidos de oposición que forman el conglomerado Convergencia Progresista (PPD, PS y PR) se reunieron ayer para presentar una alternativa a la "agenda social" propuesta por el Presidente Sebastián Piñera, en respuesta a la crisis social que vive el país. La realización de un plebiscito para decidir la escritura de una nueva Constitución fue una de las propuestas.

"Nos la vamos a jugar por entero por un plebiscito. La gente está expresando su malestar en las calles y corresponde que se pronuncie democráticamente a través de un plebiscito", dijo el senador y presidente del PS, Álvaro Elizalde.

Elizalde, además, señaló que como coalición, aparte de una nueva Carta Magna, "vamos a proponer una agenda social ambiciosa que de, en gran medida, respuesta a las demandas ciudadanas, porque son tales las necesidades que afectan a los chilenos de sectores medios y vulnerables que no pueden seguir esperando. Por eso, las propuestas que estamos formulando son para una solución inmediata".

"También tenemos propuestas de mediano y largo plazo, porque entendemos que no todo se resuelve de la noche a la mañana, pero necesitamos respuestas inmediatas ante el drama que están viviendo las familias chilenas", agregó el también senador por la Región del Maule.

En contraparte, el director ejecutivo de la Fundación para el Progreso, Axel Kaiser, escribió en su cuenta de Twitter que "mientras no se descarte por completo (la idea de) un cambio de Constitución, la inversión se congelará y el dólar seguirá alto".

"El costo (de estas fluctuaciones) lo paga la gente con menos empleo y menores salarios. Algo que no afecta a los demagogos que viven del Estado", afirmó el académico de la Universidad de Stanford, Estados Unidos, que asumirá su cargo en enero.

Ingresos

El timonel PPD, Heraldo Muñoz, tras la reunión en el ex Congreso en Santiago, dijo que en el aspecto financiero, las iniciativas de Convergencia Progresista eran un "reajuste a la pensión básica solidaria no en un 20% (como propone el Gobierno), sino que en un 50%, para que ninguna pensión esté bajo la línea de la pobreza", además de la "fijación de precios de los medicamentos y gratuidad en una cierta lista de medicamentos más utilizados para los adultos mayores".

En cuanto al salario mínimo, el excanciller defendió el "reducir la dieta de los parlamentarios".