Del discurso a la acción
"Debe entender que el contacto social es más que un trabajo de campo, es la reciprocidad ética debida". Fabiola Rivero Rojas, Abogada, Facultad de Ciencias Jurídicas, Universidad de Antofagasta
Desde la academia, constantemente estamos entregando conceptos dogmáticos sobre la importancia del respeto de los derechos fundamentales en un Estado de Derecho. Enseñamos las características de un Estado democrático, explicamos los límites de los estados de excepción y las diferencias entre un atentado a los DD.HH. y el delito.
Citamos doctrina, entregamos jurisprudencia para el análisis y desarrollo. Discutimos sobre bloque y control de constitucionalidad. Exponemos sobre el bloque de convencionalidad y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Analizamos casos planteados en otras jurisdicciones, similares o distintos.
Sin embargo, nada de lo anterior tiene sentido sí entendemos que nuestra labor se circunscribe al trabajo en aula. Debemos salir a defender y utilizar las instituciones tutelares que pregonamos en las salas de clases. Es ahora el momento de pasar del discurso a la acción.
La labor de la academia en la educación superior debe estar en sintonía con las necesidades de la comunidad en la que estamos inmersos, no fuera de la realidad.
Nuestro deber es doble. Por un lado, somos parte de una institución profesionalizante, aún recibimos mayoritariamente a jóvenes que son primera generación de acceso a la universidad. Y, tenemos un claro sello regional, lo que nos obliga a estar particularmente observantes de lo que les sucede a otras y otros en nuestro territorio, que ha sido violentamente golpeado desde nuestra génesis comunitaria, al ser visto constantemente como fuente de producción y no como un grupo a resguardar.
Los derechos humanos existen para que las personas vivamos en libertad con dignidad. Avanzan según las valoraciones predominantes de las personas que habitan una comunidad determinada quienes los desarrollan, precisan y perfeccionan.
Ningún estado de excepción constitucional se sobrepone o suprime el Estado de Derecho. La existencia misma de estas excepciones y sus requisitos dan cuenta que las restricciones de libertades son determinadas. Por eso la comunidad antofagastina debe estar vigilante, no por desconfianza, sino porque todas y todos somos garantes de esta democracia que tanto nos costó recuperar.
En consecuencia, las acciones constitucionales interpuestas no han sido motivadas por antojo o animadversión, sino porque la propia carta fundamental que urge modificación y los tratados internacionales en materia de derechos humanos nos llaman a cuidar nuestra frágil democracia, nos piden actuar en respeto de quienes se manifiestan legítimamente en las calles haciendo uso de su derecho a la libertad de expresión y opinión, nos exigen la convivencia exenta de turbaciones y el derecho de vivir en paz.
Nuestra obligación como miembros de la academia es estar a la altura de los desafíos que nos impone la comunidad, ayudando a cuidarlos, más si somos parte de la única universidad pública estatal y regional de Antofagasta.