El curioso momento observado a 1.300 kilómetros de aquí, en Santiago, con hechos recurrentes referidos a evasiones masivas en el pago del pasaje del Metro, debiera llevarnos a la pregunta de la cantidad de ilícitos estamos llegando a tolerar como sociedad.

El asunto ha tenido incluso el beneplácito de parlamentarios que han intentado justificar el accionar de la minoría protagonista de estos hechos.

Lo llamativo es que se trata de acciones concertadas, puestas en escena, considerando que esto es cultural porque la evasión en el Transantiago ya es enorme: uno de cada cuatro pasajeros no cancela su boleto, pero alguien lo hace; el resto de los chilenos.

Pero tales ilícitos no son gratuitos, no son inocuos y alguien los asume económicamente, principalmente las regiones que nada tienen que ver con el generoso transporte capitalino. Por el contrario, las provincias padecen las carencias derivadas de la ausencia de recursos que mayoritariamente se lleva el centro, que ya concentra el 40% de la población nacional.

Pero el santiaguino común, igual que la autoridad, jamás verán el problema, porque para ellos, el resto de las regiones son un punto en el mapa que apenas se conoce por vacaciones o viajes. Ese es el centralismo más complejo, el arraigado en la cultura y en la convicción de que quienes habitan en la Región Metropolitana tienen más prerrogativas que el resto de los chilenos.

Esto se demuestra, una y otra vez, por lo que poco puede esperarse del centro, un territorio que tiene líneas de Metro, los mejores buses y autopistas, los colegios, universidades, centros de salud, todo, absolutamente todo, aunque nunca parece suficiente.

Aún no hay puente a Chiloé, Antofagasta no tiene conectividad aérea con las regiones aledañas, Calama no tiene doble vía carretera, tampoco Arica o Iquique, la Carretera Austral no está concluida y así puede seguirse con ejemplos.

En Santiago pueden darse estos lujos e incluso ser celebrados, lo que solo revela la confusión a los que se ha llegado y la indolencia que hay respecto del resto de los compatriotas dispersos en cuatro mil kilómetros de territorio.

En la Comisión de Minería y Energía del Senado le hemos expresado al ministro de Energía, Juan Carlos Jobet, que no estamos disponibles a votar favorablemente el Proyecto de Ley Corta de Distribución Eléctrica, como fue aprobado en la Cámara de Diputados el pasado 4 de septiembre.

Es un proyecto insuficiente e ignora los temas de fondo que con urgencia debemos abordar en el sector eléctrico.

¿Dónde están las urgencias y los vacíos del proyecto del gobierno?:

1. No se hace cargo de las alzas. La tarifa eléctrica se calcula en base a tres componentes: generación (70%), distribución (20%) y transmisión (10%). La generación se actualiza cada seis meses (enero y julio) a través de un Decreto que considera el valor promedio del dólar de los últimos seis meses y de la actualización de contratos entre empresas generadoras y distribuidoras, que se firmaron con al menos cinco o seis años de anterioridad. Principalmente por el efecto del alza del dólar este año, llevamos un incremento acumulado de un 25% en la cuenta de los usuarios residenciales.

Esta consecuencia la acabamos de sufrir en nuestra Región, donde el alza de la luz para Antofagasta será de 16,4% y 16,1% para Calama. Injusto por ser, además, la Región que más energía solar y renovable inyecta al sistema.

No es un debate en blanco o negro. En generación hemos logrado grandes avances. En la licitación del 2015-2016, el precio de la energía alcanzó 48 dólares/MWh. ¡La mitad del precio de la energía licitado el 2013! Aquí jugó un rol fundamental el ingreso de las energías renovables para clientes regulados. Lamentablemente, el mecanismo de contratos de suministro para clientes regulados se planifica a mediano y largo plazo. Sólo a partir del 2021 comenzaremos a ver el impacto de las energías renovables en las cuentas de luz, siempre que el dólar no siga en persistente alza, lo que no depende de la autoridad. Tampoco podemos poner en riesgo a los nuevos proyectos de Energías Renovables no Convencionales -ERNC- adjudicados hasta el año 2025, cambiando las reglas del juego.

Esto último sí depende del gobierno y se están tomando decisiones, a lo menos, preocupantes. Como muestra de esto, es el portazo que recibieron las empresas solares de pequeños medios de generación distribuidos. Hoy el Ministro de Energía envió a la Contraloría General de la República el decreto que modifica el precio estabilizado de la energía para las centrales pequeñas solares. Este hecho es de gravedad dado que introduce inestabilidad a las inversiones de fuentes de generación limpias. Lo anterior resulta ser una muestra de lo contradictorio con que actúa la autoridad, siendo que seremos anfitriones de la cumbre de cambio climático de este año.

Solo para evidenciar la arbitrariedad en favor de las energías sucias, recordemos que el costo por potencia de las centrales más caras y contaminantes (diésel), se valoriza con una tasa de descuento de un 10%. Este beneficio ya no tiene sentido dado que debemos pensar en desplazar las centrales que perjudican el medio ambiente. El Gobierno no muestra hasta ahora intención de modificar este beneficio. Pero sí está empecinado en modificar el segmento de distribución, que si tiene impacto directo en la seguridad y calidad de suministro para las personas.

Ante las duras alzas ocurridas el 2019, el gobierno ha sido un mero comentarista. Debemos implementar un mecanismo de estabilización de precios de la energía, de la misma forma que se hizo años atrás para controlar las grandes fluctuaciones de los combustibles. Este esquema lo conocemos y ha sido exitoso, por lo tanto ¿por qué no lo implementamos ahora? Vemos que el Gobierno parece haber perdido la brújula. Lamentablemente el día de hoy nos enteramos por la prensa que la autoridad, a través de la Comisión Nacional de Energía, pretende implementar una modificación regulatoria a los contratos de suministro de energía ya firmados. Esto sería un error tremendo, dado que solo introduciría más incerteza jurídica al sector y pondría en riesgo no sólo a las inversiones en energías renovables. No sigamos cometiendo los errores de legislar de manera improvisada. Ya nos equivocamos con los medidores inteligentes y ahora estamos poniendo en riesgo las centrales renovables a pequeña escala.

2. No mejora la calidad de servicio. La Comisión Nacional de Energía (CNE) determina el valor de "distribución" (el 20% de la cuenta) cada 4 años. La tarifa se calcula a partir de una figura ficticia, la "Empresa Modelo", que se supone están ajustadas a las diferentes zonas geográficas del país. El resultado es el Valor Agregado de Distribución, que es la suma del retorno de Inversión más la operación y el mantenimiento.

Esta metodología empleada desde los años 80's no se aplica en ningún otro país. ¿La razón? Al ser una "empresa de pizarrón" no comprende las dificultades reales presentes en la operación de las redes de distribución ni en los costos de logística y personal que enfrenta la empresa real. Tampoco incentiva la inversión en mejoras en la seguridad y calidad del suministro. Así, no obliga a la adopción de nuevas tecnologías que mejoren la calidad de servicio y bajen los costos para los usuarios.

Hoy la calidad de servicio a las personas y a las pymes es la parte más débil de la cadena energética del país. El déficit en infraestructura alcanza a lo menos a los US$ 10.000 millones. Sólo un par de indicadores: en Chile la interrupción promedio (SAID) es de mil 100 minutos al año, sólo superado por Perú (1531) y muy por arriba de Grecia (138) y España (40), por citar algunos países.

La Norma de Calidad de Servicio propuesta por la autoridad es prácticamente letra muerta con el presente nivel de retraso tecnológico y de infraestructura física del sistema. El proyecto denominado "Ley corta", no dice una sola palabra al respecto.

Como señaló el doctor Humberto Verdejo en la Comisión de Energía del Senado, este proyecto se queda corto: reducir la tasa de descuento de un 10% a un piso de 6%, no es lo mismo que su rentabilidad. Existe una claro error conceptual al asociar la tasa de descuento, utilizada para valorizar la infraestructura de la red eléctrica, con la rentabilidad de las empresas. Por otra parte, siendo necesario ajustar la rentabilidad ello no reducirá las tarifas el 2020 más allá de $200 o $400 pesos versus las alzas $7.500 pesos que llevamos el 2019.

3. No introduce competencia.

La falta de alternativas que tienen los clientes regulados (familias y pymes) para acceder a mejores precios de energía se vuelven más evidentes con cada alza de las cuentas que deben pagar. En nuestra región, solo las compañías mineras se han beneficiado de la caída de las tarifas a los clientes libres. Pensamos que tienen ventajas que pueden ser ajustadas y replicadas para clientes de menor tamaño. Pero en esta materia el proyecto del gobierno también es mudo.

Este gobierno ha dilatado el envío del proyecto de "Ley Larga", que permitirá a las chilenas y chilenos un mejor servicio con menores tarifas. Esto nos obliga a dejar el debate de ley "corta" y asumir el debate de la "ley larga". Ya no hay más tiempo y debemos reaccionar ahora.