No es novedad para la Región de Antofagasta enfrentar un problema permanente y grave: la demora en la ejecución de los distintos proyectos de inversión pública. La capital regional ha sido especialmente castigada en este ámbito.
Las explicaciones son variadas: desde problemas de las empresas a cargo, hasta otras relacionadas con el mandante, por exigencias de último minuto, mal diseño de lo que quiere ejecutarse, cálculos erróneos y propuestas mal evaluadas, entre otras.
Tenemos aquí desde dificultades de enorme magnitud, como la construcción de la autopista El Oasis-Calama hasta la construcción de plazas y parques, con inversiones importantes del erario fiscal.
Una revisión hecha por este Diario dio cuenta de que al menos una decena de obras públicas se encuentran detenidas o retrasadas considerablemente en su plazo de entrega, las que suman $30 mil millones aproximadamente en montos de inversión, solo en el sector urbano de la ciudad.
Algunos ejemplos: cerca de cuatro años de demora en su recepción suman obras, como el caso de la Plaza Sotomayor y los baños de la Plaza Colón. En tanto, otros proyectos se encuentran listos para su entrega como es el Complejo Deportivo Escolar, el cual tenía fecha de término para febrero de este año, sin embargo, por exigencias municipales, el recinto aún no ha podido ser habilitado para su uso. Ni hablar del problema del relleno de Chaqueta Blanca, quizás la iniciativa en cuestión más infame de todo el listado.
Lo negativo de todo lo anterior es amplísimo. Consideramos el perjuicio económico para locatarios (por ejemplo para comerciantes de la Plaza Sotomayor), incomodidades para los vecinos por calles y espacios cerrados y pérdida de tiempo en el mejoramiento de la calidad de vida para nuestros habitantes.
Por otro lado, el hecho de que buena parte de los atrasos se vincule con la Municipalidad de Antofagasta debe llevar a pensar qué se está haciendo mal allí. Urgencia y prolijidad, deben ser conceptos a tener presente en estos casos, a fin de evitar una repetición de hechos que daña la confianza pública e impide dar saltos en calidad de vida.