Las movilizaciones independentistas continuaron ayer en Cataluña con nuevos cortes de calles, autopistas y vías férreas, efectuados por miles de manifestantes que protestan contra la sentencia judicial que condenó a prisión a nueve líderes separatistas por sedición.
El Tribunal Supremo español (TS) les impuso el lunes penas de entre 9 y 13 años de cárcel por el proceso independentista ilegal de 2017 en esa región española, que goza de una amplia autonomía.
Cientos de personas cortaron ayer la Gran Vía de Barcelona para dirigirse al centro de la ciudad, en la segunda jornada de protestas contra la sentencia condenatoria, lo que causó desvíos de tráfico, informó la policía local. En la noche, la manifestación derivó en violentos enfrentamientos.
En la provincia de Gerona las fuerzas de seguridad desbloquearon la autopista AP-7, con algún pequeño incidente, después de que unos 500 manifestantes interrumpieran la circulación unas tres horas, al igual que en otras carreteras.
El aeropuerto de Barcelona, el punto principal de las protestas e incidentes del lunes, recuperó la normalidad después de que grupos de secesionistas bloquearan los accesos en medio de disturbios, lo que obligó a cancelar 110 vuelos, mientras que ayer se anularon al menos 45.
Varios grupos de jóvenes gritaron como consigna que intentarán repetir las protestas de Hong Kong, en referencia a las movilizaciones de la región china de estatuto especial.
Las protestas dejaron 131 heridos en varios disturbios el lunes, principalmente en el aeropuerto de Barcelona. Incluso un hombre perdió un ojo el lunes en el recinto; el hospital de Bellvitge aseguró que la herida es compatible con el impacto de una pelota de goma, que usa la Policía Nacional.
"TSUNAMI DEMICRàtic"
El Ministerio del Interior español investiga al autodenominado movimiento independentista "Tsunami Democràtic", que no tiene responsables conocidos y convoca en las redes sociales lo que llama acciones de "desobediencia civil" de "no violencia" y movilizaciones como la del aeropuerto barcelonés. El grupo se presentó en septiembre distribuyendo este mensaje: "No somos una nueva organización, somos una campaña constante, continua e inagotable. Hay respuesta. Hay estrategia. Comienza una nueva ola y tú eres el protagonista. Tú eres el Tsunami".
Según el diario español "El Mundo", detrás del movimiento están los principales partidos políticos independentistas.
Las protestas callejeras seguirán, se presume, toda la semana, hasta la huelga general del viernes convocada por varios sindicatos soberanistas.
Alumnos de instituto y universitarios catalanes, muy activos en las manifestaciones independentistas, iniciarán hoy un paro de 72 horas organizado por el Sindicato de Estudiantes, aunque muchos no asisten a clases desde el lunes.
Las sedes catalanas de los partidos no independentistas Ciudadanos (liberales), Socialista y Popular (conservador) aparecieron pintadas con mensajes como "fascistas" y con esvásticas, símbolo del nazismo.
Autoridades
Los llamados a la movilización contra la sentencia por parte del Gobierno catalán y las alteraciones de orden público recibieron el reproche del Ejecutivo español. El presidente regional catalán, Quim Torra, se reafirmó en que los independentistas no aceptan la sentencia y se comprometió a no abandonar el ejercicio del "derecho a la autodeterminación".
La vicepresidenta en funciones del Ejecutivo español, Carmen Calvo, pidió responsabilidad a los cargos públicos y responsables políticos. La portavoz del Gobierno regional de Cataluña, Meritxell Budó, dijo que comprende y comparte las movilizaciones contra la sentencia, que fueron mayoritariamente "de manera cívica y pacífica", y resaltó que la Policía catalana llegó al aeropuerto "para proteger a los manifestantes".
Hitos del caso
En 2017, el Parlamento catalán aprobó una declaración de independencia. El Gobierno español intervino y el proceso resultó fallido.
En 2019, el 12 de febrero, se inició un juicio contra 12 líderes por el proceso independentista. Se les acusó de rebelión, desobediencia, sedición y malversación de caudales públicos.
En 2019, el 14 de octubre, el Tribunal Supremo condenó a 9 de ellos a cárcel.