Jonathan Mondaca Escobar
El próximo martes, el Tribunal Constitucional (TC) estudiaría la admisibilidad del recurso de inaplicabilidad constitucional presentado por la Corte de Apelaciones de Antofagasta, en el caso de una profesora que solicita retirar sus ahorros previsionales.
El requerimiento será revisado por la segunda sala, compuesta por cinco de los diez ministros del tribunal encabezado por María Luisa Brahm, quien desde agosto es la primera mujer en presidir el órgano jurisdiccional.
Lo que solicitó la Corte de Antofagasta al tribunal es la revisión del Decreto Ley 3.500, que estableció y regula el funcionamiento del sistema de Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Lo que se pretende resolver es si hay conflicto de inaplicabilidad constitucional del Decreto Ley 3.500 en los artículos 23, 34 y 51, en contraposición al derecho de propiedad privada.
Esto, sobre el recurso de protección de María Angélica Ojeda, quien recibe una jubilación de $185 mil, cifra que no le alcanza para cubrir su crédito hipotecario, quedando expuesta a perder su vivienda.
Sesiones
Fuentes consultadas en el TC explicaron que la segunda sala sesiona todos los martes y esta semana no vio el requerimiento porque aún corre el plazo de diez días desde el 24 de septiembre, cuando se dictó el traslado del caso.
Este último plazo termina el próximo martes, misma jornada en la que se reúne la segunda sala del TC. Si el caso no es visto ese día, los ministros pueden autoconvocarse a una sesión especial o podrían esperar hasta el martes 15.
Este primero de octubre la AFP Cuprum, a la que está afiliada Ojeda, se hizo parte en el requerimiento que tiene dos etapas. En la primera, el TC acogió a trámite lo solicitado por el tribunal de alzada.
Alegatos
El segundo paso es su revisión. Los cinco ministros podrían declararlo admisible, por lo que se asigna un rol y el expediente pasaría al pleno del tribunal y a la espera de que sea agendado en tabla.
Fuentes del tribunal indicaron que en determinadas situaciones, la sala puede citar a los abogados a alegatos de admisibilidad. Aunque esto es para casos excepcionales, tampoco podría descartarse.
En este escenario no existen plazos a cumplir por el TC, ya que entraría a la fila de expedientes que el pleno debe revisar en el fondo. Sin embargo, la programación puede priorizarse, algo que ya ha ocurrido en otras situaciones.
Si esto ocurre, los diez ministros realizarán la vista de la causa, escucharán los alegatos de las partes y luego comunicarán si acogen o no, aunque la redacción de la sentencia podría llegar unos 40 días después.
En caso de que no lo declaren admisible, se alza la suspensión y el recurso de protección regresa a la Corte antofagastina, que deberá resolver la causa.
La decisión de la Corte de Apelaciones de Antofagasta ha generado un extenso debate e incluso, su par de Punta Arenas también solicitó al TC pronunciarse sobre un recurso de protección similar (ver recuadro).
El vocero de la coordinadora "No+AFP", Luis Mesina, explicó que están a la espera de que el TC resuelva la admisibilidad en la causa de Ojeda.
Una vez que comience la tramitación del requerimiento, "nosotros nos haremos parte en el Tribunal Constitucional. Todo este proceso lo lleva la abogada Nina López y es parte de una estrategia de recursos que presentó la coordinadora en todo el país".